En la Secretaría de Hacienda cada dirección trabaja de modo diferente. Por ejemplo (y cito a la jefa de un despacho de contabilidad): “Auditoría solo considera XML timbrados vigentes en el mes incluyendo todos, sin importar la terminología del XML, pero Recaudación considera los XML del mes sin considerar que corresponden a operaciones de meses o años anteriores, y por su parte Resolución miscelánea establece reglas que ni Recaudación ni Auditoría consideran válidas. Esto a los ciudadanos nos enfrenta a tener que decidir ¿a quién se obedece? Y si bien sabemos que se le debe obedecer a las reglas misceláneas, ¿qué se hace si son incompatibles?”
Cuando le pregunté esto a personal de la propia Secretaría, su respuesta fue: “Si es que en aclaración la autoridad (Auditoría o Recaudación), pretende obligar a pagar por supuestas discrepancias, el contribuyente debe recurrir al amparo, ir a juicio o pagar aún sin deber”.
¡Una respuesta genial que retrata de cuerpo entero lo que es nuestro país! Como aquí las leyes, normas, reglas e instrucciones no solo se modifican a cada rato, sino que son incompatibles entre sí, el ciudadano siempre estará en falta, haga lo que haga. Y si lo quiere resolver, dado que ir a juicio o solicitar un amparo es una tarea prácticamente imposible para una persona común que no dispone de tiempo o recursos, seguramente le resultará más sencillo “pagar aún sin deber”, como recomendó el burócrata citado.
Cuando le comenté esto a un ciudadano que estaba haciendo cola para pagar sus impuestos, esta fue su respuesta: “No me cabe duda de que el señor doctor en economía Rogelio Ramírez de la O, tiene que resolver muchos y muy complicados problemas en la Secretaría que encabeza, de modo que esto quizá le parezca una situación sin importancia. Pero para nosotros es muy grave, pues nos puede significar un problema serio: o quedamos mal con la ley y nos arriesgamos a un castigo, o gastamos un dinero que no nos corresponde pagar”. Otra persona que escuchaba la conversación sugirió: “¿No podría el secretario reunir a sus colaboradores para que dediquen un esfuerzo serio y decidido a atender este asunto y unificar los requisitos?” A lo que un tercero agregó: “A menos que esté hecho a propósito para sacarle dinero a los contribuyentes, porque saben que uno prefiere pagar que irse a larguísimos juicios”.
Esto parece a veces ser verdad. El Servicio de Administración Tributaria, que en esta administración ha estado con la espada desenvainada contra los grandes deudores, recibió un pago de uno de ellos por lo que la empresa afectada llamó “una diferencia de interpretación”.
Pero no es nada más que nos hagan pagar lo que no debemos, explica uno de los entrevistados, sino que a los ciudadanos nos tratan con desprecio y prepotencia. Basta ver las larguísimas colas en cualquier oficina del SAT, las esperas de muchas horas de pie, cómo las personas tienen que ir una y otra vez llevando este y aquél documento, para (tratar de) resolver cualquier asunto, cómo no hay nadie a quién preguntar o explicar, y cómo concluir exitosamente un trámite depende de la persona que atiende la ventanilla y de su humor ese día.
La pregunta es ¿Por qué nos tratan así? ¿Por qué no nos respetan? Y la respuesta es sencilla: porque no les importamos. Quieren nuestro voto el día de la elección y luego no quieren saber nada de nosotros hasta la siguiente.
Escritora e investigadora en la UNAM.
sarasef@prodigy.net.mx www.sarasefchovich.com
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