El gobernador Julio Menchaca me instruyó generar una transformación en la procuración de justicia en el estado. No se puede transformar algo sin una política transversal de género. Así iniciamos un proceso de generación de políticas públicas en procuración de justicia con perspectiva de género.
Desde mi óptica, la Procuraduría General del estado de Hidalgo debe incorporar acciones afirmativas al interior para alcanzar la paridad en los rangos del escalafón ministerial, policial o científico. En segundo lugar, el acceso a la justicia, no sólo desde una perspectiva formal para la presentación de las denuncias, sino también material de que sus carpetas se determinen rápido, con medidas de protección efectivas, así como con la reparación del daño y la sanción a los responsables. Finalmente, un cambio de cultura basado en la igualdad sustantiva, eliminando el deleznable acoso sexual a nivel institucional.
La violencia contra las mujeres representa un problema social que exige profundos cambios en los ámbitos educativo, social, laboral, jurídico y político, a través de los cuales se incorporen y transmitan nuevos parámetros de valores que se construyan sobre el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres. Y es precisamente, con acciones encaminadas a proteger y empoderar a las mujeres que la cultura de la discriminación y la violencia se desincentiva y nulifica.
En la Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la Familia se implementó con USAID el programa #Retodelos100días respecto al delito de violencia familiar del distrito judicial de Pachuca de Soto (con mayor incidencia), dentro del cual se judicializaron 380 carpetas de investigación; en Mixquiahuala se obtuvieron 216 judicializaciones, lo que representó un incremento del 1,340% sobre la línea base; por su parte, en el municipio de Apan se logró judicializar 72 carpetas de investigación sobre una meta de 50.
Asimismo, se amplió la atención al público en el Centro de Justicia para las Mujeres con un horario de atención de 24 horas los 365 días, y se han establecido metas de cumplimiento para judicializar más carpetas de investigación por delitos sexuales y de violencia familiar procurando justicia y abatiendo el rezago.
En la Fiscalía de Género y Trata se mantienen sesiones con el observatorio de género para transparentar los procesos y reforzar la rendición de cuentas; se instaló el Comité de Evaluación y Seguimiento de muertes violentas de mujeres; se trabajó con el Observatorio Nacional de Feminicidio y le embajada americana (USAID) el protocolo de feminicidio #versiónciudadana, único en el país. Un caso de éxito fue la sentencia por almacenamiento de pornografía infantil del cual me he referido con anterioridad, que por primera vez incluyó la reparación del daño a favor de una asociación especializada en Trata, innovando en sentencias transformadoras en beneficio de las niñas y las mujeres.
No hay duda de que la igualdad material de género aún constituye una meta, ya que subsisten realidades sociales desiguales y patriarcales palpables en los diversos ámbitos de la vida de las mujeres; pero insisto, con convicción y el compromiso de las autoridades del Estado para coordinar los esfuerzos se puede cambiar la actual situación de discriminación y violencia que padecen las mujeres y el proyecto de vida de las generaciones venideras.
