En el marco de la reciente presentación de la obra académica Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Prevención y Combate en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) que tuve el honor de coordinar junto con Elizabeth Espinoza Monroy de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Marla Rivera de la UAT y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara de la UDLAP, me parece oportuno abordar algunas directrices para el fortalecimiento de una estrategia nacional de combate al lavado de dinero (LD) y financiamiento al terrorismo (FT), mismas que se esbozan en la obra en cuestión y cuya lectura brinda al público lector material de primera mano de quienes operan el sistema mexicano, lo cual lo hace único en su tipo.
Una estrategia integral para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el país debe contemplar a mi parecer 6 rubros esenciales: Prevención; Inteligencia; Investigación y Procuración de Justicia; Impartición de Justicia; Coordinación Interinstitucional; y, Supervisión.
El rubro de prevención implica acciones específicas como apoyar a la desarticulación de las estructuras delictivas mediante la difusion de las consecuencias del LD/FT, así como de la manera en que operan para prevenir su presencia; elaboración y diseminación de tipologías en donde se muestren los métodos que utilizan las redes de la delincuencia organizada para ingresar al sistema financiero recursos de procedencia ilícita, la utilización de actividades vulnerables, así como sus delitos precedentes.
El segundo rubro tiene que ver con la generación de información de inteligencia para fácil entendimiento del LD/FT y uso de las diversas instituciones gubernamentales; contar con bases de información y datos estructurados que permitan respuestas eficaces en el combate al LD/FT; la homologación de criterios y plataformas de tecnologías de la información y comunicación para integrar y diseminar productos de inteligencia patrimonial, fiscal y económica, así como la generación datos estadísticos y mapas patrimoniales que identifiquen factores de riesgo.
En el ámbito de la procuración de justicia se hace necesaria la generación de políticas públicas encaminadas a la prevención e investigación de delitos de LD/FT; la implementación de bases de datos útiles que contribuyan a una mejor investigación de estos delitos; la especialización en las técnicas de investigación para la identificación pronta y expedita de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incrementar el número de denuncias a la Fiscalía General de la República.
El papel de las personas juzgadoras y la judicatura es determinante en los esfuezos del Estado mexicano para contrarrestar el lavado de dinero y reducir los delitos predicados vinculados con el crimen organizado y la corrupción. Medidas tales como el decomiso del dinero vinculado a delitos en donde se presuma la utilización de recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva, así como sus delitos precedentes; incrementar considerablemente la emisión del número de sentencias condenatorias por la utilización de recursos de procedencia ilícita y, algo fundamental, lograr homologar los criterios del Poder Judicial relativo al bloqueo de cuentas solicitadas por autoridades del extranjero y el bloqueo de cuentas aplicado por la Unidad de Inteligencia Financiera, algo de lo que la jurisprudencia Medina Mora jugó en contra y ha sentado un mal precedente.
Por otra parte, la coordinación interinstitucional incluye poporcionar asesoría técnica y de gestión a las entidades federativas en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita; la coordinación con instancias de procuración e impartición de justicia con la finalidad de obtener mejores resultados en la judicialización de los asuntos o el fortalecimiento en el intercambio de información con agencias internacionales para prevenir y combatir el LD/FT.
Finalmente, el rubro de la supervisión debe contemplar la consolidación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR); el diseño de matrices de riesgos; el reforzamiento del papel que juega el supervisor mexicano dentro del GAFI; la incorporación de mecanismos de supervisión tecnológica; el acompañamiento a los sujetos supervisados, la emisión de manuales, guías, lineamientos y mejores practicas, incluidos foros, talleres y cursos; el establecimiento de canales de comunicación y, por supuesto, la imposición de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, entre otras.
El fortalecimiento de nuestra Democracia y del Estado de Derecho en México, no debe permitir más casos de corrupción política como Odebrecht y Lozoya, la Estafa Maestra, la Estafa Siniestra, Operación Safiro, Genaro García Luna o del impresentable, Francisco García Cabeza de Vaca y sus compinches.
