El consumo de productos que violentan los derechos de propiedad industrial o “piratas” es un fenómeno inserto en la cultura de muchos países, y México no es la excepción. Es una práctica común a largo del territorio, en todos los estratos sociodemográficos y, lastimosamente, de manera regular. Las personas compradoras, la mayoría de las veces, no tienen una clara percepción del efecto erosionador de esta práctica que genera afectaciones negativas en la economía local y nacional, afectando a las empresas formales y ocasionando la pérdida de numerosos empleos cada año. Tampoco son conscientes de los riesgos de seguridad que se generan, pues al adquirir este tipo de productos se financia a organizaciones que lucran a partir de acciones ilícitas, afectando los derechos de quienes han invertido en una marca o un diseño industrial y en la construcción de un prestigio.
Además, no en pocas ocasiones, estos grupos sustentan sus operaciones a partir de otros actos ilícitos, como son la corrupción y la extorsión. Con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hemos ubicado y publicado dos tipologías de trata de personas vinculadas con la piratería, la delincuencia organizada, productos asiáticos y explotación laboral. Muchas veces, quienes compran piratería, ni siquiera reparan en el riesgo a su salud e integridad física al consumir productos sin trazabilidad de producción ni control de riesgos sanitarios.
Uno de los principales factores que fomenta este fenómeno es la alta oferta disponible de productos que violentan los derechos de autor o que falsifican una marca comercial en los llamados “Mercados Notorios”, es decir, espacios donde se ofrecen todo tipo de productos apócrifos en un entorno de normalidad. Y es que, en todos los estados del país, existen este tipo de mercados donde es del conocimiento general la venta de productos pirata, sean ropa y accesorios, perfumes, cosméticos, electrónicos o cigarros, muchos de ellos de procedencia extranjera, principalmente asiática, los cuales rebasan el contexto de la informalidad, ofertándose en negocios o tiendas establecidas de forma regular, donde se realizan miles de transacciones diarias sin un verdadero control sistémico. En este sentido, es importante señalar la existencia de dos antecedentes documentales generados desde la visión constructiva de la participación ciudadana y la perspectiva internacional, que han identificado algunos de los mercados notorios en nuestro país, 19 en total [Piratería en México: Diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales (ONC-AMCHAM) y Revisión de mercados notorios de falsificación y piratería, como parte del Reporte Especial 301 sobre propiedad intelectual (USTR)].
Con el objetivo de atender la instrucción de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, de priorizar el combate a la piratería, desde la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, hemos detonado un exitoso primer esfuerzo con la implementación de la Operación Limpieza, logrando, mediante 17 operativos estratégicos, asegurar más de 7 millones de unidades de mercancía apócrifa con un valor de más de 924 millones de pesos. Sin embargo, sabedores del amplio alcance de esta práctica, reconocemos la necesidad de fortalecer nuestras acciones a partir del conocimiento y el desarrollo de herramientas de inteligencia para el combate, para así saber cuántos mercados notorios hay en todo México, dónde se localizan y cuáles son sus particularidades. No es posible combatir eficientemente lo que no se conoce y para conocer una realidad nacional, es necesaria la cooperación de las autoridades locales que son las más cercanas a las dinámicas que suceden en los municipios y estados del país.
A partir de lo anterior, en el IMPI hemos implementado el “Estudio sobre mercados notorios de piratería en México: Identificación e impacto en las entidades federativas”, un instrumento para recabar información de los mercados notorios más relevantes, que permita conocer su ubicación, sus particularidades y las de los productos, vendedores y consumidores, así como de las principales problemáticas que generan. Este ejercicio, realizado con la valiosa contribución de los gobiernos estatales, nos ha permitido reunir información suficiente para robustecer la estrategia nacional de combate a la piratería e identificar los pasos subsecuentes, tanto en la generación de información específica por zona geográfica o sector productivo, como en la planeación operativa.
Algunos de los hallazgos relevantes son:
- Se identificaron 148 mercados notorios en 30 entidades, localizados en 61 municipios y alcaldías.
- El giro comercial más común de productos falsificados es el de ropa y accesorios seguido por los de bolsas, cosméticos, alimentos, calzado y electrónica.
- Las autoridades estatales estiman que en 46% de los mercados identificados, es decir, en 68 establecimientos, más de la mitad de los productos comercializados son falsificados o piratas.
- Se identificaron problemáticas económicas derivadas de la operación de los mercados notorios, como la disminución de ventas del comercio formal local y la pérdida de empleos, así como de salud pública, relacionadas con enfermedades por el consumo de productos piratas.
- En materia de seguridad pública, además de identificar quejas y denuncias de diversos establecimientos, se tiene conocimiento de delitos relacionados con la operación de 15% de los mercados, siendo los más recurrentes robo, riñas, fraude y corrupción. En menor medida, extorsión, homicidio, secuestro y robo de vehículos.
- En los gobiernos estatales existe un vacío de atribución de competencias para prevenir y combatir las problemáticas que genera la piratería.
El estudio nos permite tener una visión más precisa de lo que hay, es decir, el entramado real de este tipo de establecimientos, muy superior a la información con que se contaba, y de lo que hace falta, es decir, nos ayuda a visibilizar las estrategias de colaboración que deberán generarse, tanto a nivel federal, como a nivel local, ya que los efectos adversos de la piratería menoscaban la seguridad pública, la salud y el desarrollo económico, que representan responsabilidades compartidas entre todos los órdenes de gobierno.