La estrategia de seguridad del actual gobierno es un auténtico fracaso y las cifras lo acreditan: más de 124 mil asesinatos dolosos y un registro que no disminuye ni ofrece soluciones para la cifra histórica de desaparecidos que ya son más de 100 mil. Tan solo en esta administración hay 31,533 nuevos casos, de acuerdo con cifras del Registro Nacional en la materia.
Los miembros de las familias, transidos entre la desesperación y la frustración, ya se aferraron a un memorial improvisado en la exglorieta de La Palmera en Reforma, ahora con un ahuehuete escuálido que plantó el gobierno de la CDMX y que muchos sugieren que ya se secó.
Tan criticados por el presidente López Obrador durante sus conferencias, en las que continuamente gusta de asignar culpas al pasado, las cifras de homicidios dolosos en estos 43 meses ya superan las de administraciones recientes: 78,979 el régimen anterior y 57,813 durante el sexenio 2006-2012. Sus números van sustancialmente al alza y una proyección de la agencia de información estadística Tresearch augura que de seguir esa línea al final de este gobierno podrían llegar a 213 mil crímenes dolosos en México.
Si de extorsión se trata, ya no solo hablamos del cobro llamado “derecho de piso”, sino que los grupos del crimen organizado ya se han apropiado de canales de comercio formal e informal de diversas mercancías. Hay que considerar que la extorsión tiene una cifra negra porque no se denuncian, ante el pavor que sufren las víctimas.
El actual Gobierno ha sido incapaz de enfrentar con eficacia a las organizaciones criminales, no ha logrado reducir la violencia a pesar de los elementos enviados a todo el territorio nacional. El despliegue de fuerzas es ineficaz y disfuncional. Son innumerables los videos viralizados en los que se muestran faltas de respeto y humillaciones a miembros del Ejército, como en el caso de Nueva Italia, entre otros. Es indignante que eso suceda con integrantes de nuestras fuerzas armadas.
Y respecto de la violencia política, que sin duda ha influido sobre los resultados electorales, reportes periodísticos indican que en el 2021 hubo 1,066 agresiones de todo tipo contra políticos, candidatos unos y dirigentes otros.
En materia de seguridad pública persiste la descoordinación entre autoridades federales, estatales y municipales; ente los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; entre las Fuerzas Armadas y civiles, y entre las autoridades y la sociedad civil. Por sorprendente que parezca, existe dificultad en precisar quién es responsable de qué, siendo la seguridad el principal problema de la agenda nacional.
El deber central de las Fuerzas Armadas, según la Constitución, es la salvaguarda de la seguridad nacional, por lo que dicha función esencial no debe ser desvirtuada asignándoles tareas auxiliares relacionadas con la seguridad pública, que deben estar bajo mando civil. De ahí que se incurra en una violación a la Constitución.
Los problemas, entre otros, son los siguientes: (i) se desvirtúa la naturaleza de sus funciones originarias y constitucionales; (ii) su doctrina, misión, preparación, armamento y equipo no están orientados a cumplir funciones de seguridad pública; (iii) las probabilidades de que sus intervenciones deriven en un incremento de violencia son generalmente más altas que si se llevaran a cabo por cuerpos civiles; (iv) se obstaculiza que el mando civil asuma plenamente sus responsabilidades; (v) se retrasa y desincentiva la capacitación, modernización y fortalecimiento de las policías; (vi) se fomenta la irresponsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales; y (vii) se expone a las Fuerzas Armadas a un desgaste permanente y a una merma de autoridad.
Es necesario fortalecer y potenciar habilidades en las policías estatales y municipales, a fin de que desarrollen estrategias de prevención y combate de los delitos que más afectan a la población.
De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado, México se ubica en el cuarto lugar de 193 países con mayores niveles de criminalidad, con una calificación de 7.57 donde 10 representa la peor posición posible. Tenemos pocas capacidades institucionales para acotar las actividades de las organizaciones criminales y las existentes se utilizan en forma ineficiente. Por ello, resulta necesario separar el combate al crimen organizado del que se lleva a cabo para el resto de los delitos.
Es lamentable aceptarlo, pero desde el exterior nos tienen que decir nuestras realidades. Hace muy poco el Jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, Glen Van Herck dijo públicamente que el fenómeno de la migración es muestra de problemas más amplios en México creados por organizaciones criminales que operan en áreas “no gobernadas” que ocupan 30 o 35 por ciento del territorio nacional.
Por otro lado, nuestro sistema penitenciario necesita una cirugía de fondo. La mayoría de las cárceles funcionan bajo el régimen conocido como “autogobierno”, donde los miembros del crimen imponen sus normas por encima de las autoridades, sin contar con el hacinamiento en muchas de ellas y la falta de programas de reinserción social.
En esa lógica, se debe crear una nueva institución especializada para combatir al crimen organizado con un mando civil único y con capacidad suficiente para combatir exitosamente este fenómeno. De este modo, el país contará en el mediano plazo con una sola autoridad y mando único para enfrentar a los grupos delincuenciales en el país. Ese órgano deberá asumir integralmente la responsabilidad de enfrentar al crimen organizado en sus distintas modalidades. Su atención deberá focalizarse en los delitos y territorios más violentos y en aquellas conductas que potencialmente puedan producir mayor daño a la sociedad, como la extorsión.
La nueva institución especializada debe realizar labores de inteligencia, contrainteligencia, investigación y prevención, partiendo del hecho de que el crimen organizado es un fenómeno complejo y multidisciplinario que requiere una atención integral.
Es fundamental dar especial atención al aseguramiento de sus bienes y a la incautación de sus recursos y fuentes de financiamiento. El aseguramiento de una cuenta bancaria o la extinción de dominio de un inmueble anticipa y evita intervenciones armadas y, en consecuencia, disminuye el riesgo de que pueda producirse violencia.
Paralelamente, en lo externo se debe convocar a una conferencia continental para intentar unificar las políticas públicas de las diferentes naciones americanas y, en consecuencia, actuar eficazmente en el combate al crimen organizado y establecer un sistema de prevención y atención para enfrentar el creciente consumo de drogas, con la finalidad de disminuir la violencia. El fenómeno criminal transnacional incide en cuando menos la mitad de los países del Continente. Esto hay que discutirlo juntos y establecer medidas coordinadas entre todos.
Aquí expongo estas dos propuestas concretas que pueden ser disruptivas ante el tozudo comportamiento del Gobierno hacia el crimen organizado, que parece haber caído en la complacencia o en la abierta indiferencia.
