“¿Qué creen que la gente no se da cuenta, que pueden engañar a la gente? … ahora se disfrazan de demócratas. ¡No! ¡Eso sí es una vergüenza, es un acto de cretinismo! Pero luchar por ideales y luchar por principios, aunque esté uno en las peores condiciones, en la adversidad. Se tiene que ir hacia adelante”. Esto dijo el presidente López Obrador.
La reforma electoral propuesta por el gobierno y su partido Morena no solamente se refiere a una transformación (que no la disolución) del INE, sino que incluye enmiendas a la Constitución relativas a la reducción en el número de diputados (de 500 a 300) y senadores (de 128 a 96), acotar el financiamiento de los partidos para que sea destinado solamente para las campañas y no a otros fines, la reducción del porcentaje del padrón electoral (de 40 a 30%) para considerar vinculante el resultado de una consulta popular, entre otras cosas.
En cuanto la INE, se plantea el cambio de nombre (por Instituto Nacional Electoral y de Consultas “INEC”), la reducción del número de integrantes del Consejo General (de 11 a 7) y un nuevo método de elección de las personas consejeras. El Presidente de la República ha dicho que no se trata de desaparecer al INE sino de transformarlo y “democratizarlo”.
La marcha convocada para mañana se limita a este último aspecto de la reforma: protestar por la pretendida transformación (involución) del INE. Es que, aunque la supuesta intención de la propuesta de reforma es para que “no haya fraudes”, el resultado podría ser precisamente el contrario.
A primera vista, la elección de integrantes del consejo del INE (y del Tribunal Electoral) por la vía del sufragio popular, parecería una medida claramente democrática. Sin embargo, de acuerdo con la opinión de especialistas, tanto nacionales como internacionales, el mecanismo de sufragio popular no es el adecuado para la elección de jueces, y otras personas funcionarias públicas que requieren de formaciones profesionales y técnicas especializadas en determinadas materias. Tales designaciones deben hacerse por otros métodos que aseguren que quienes ocupen esos cargos verdaderamente cuenten con los conocimientos y habilidades que se requieren para el desempeño de sus funciones. Más aún, en el caso del organismo autónomo y del tribunal encargados de garantizar los resultados de las elecciones a puestos de elección popular, es aún más relevante que, quienes los integren, no se expongan a los avatares de carácter político y a las luchas propias de las elecciones por sufragio popular. Eso es inadecuado, pues expone a las personas candidatas a ocupar dichos puestos a luchas de carácter político, que deben evitarse precisamente en los órganos que deben de ser absolutamente neutrales políticamente.
Todas y todos debemos tener plena conciencia de los riesgos que esta reforma implica en este aspecto, más allá de los demás.
Coincido con el presidente López Obrador cuando dijo “… luchar por ideales y luchar por principios, aunque esté uno en las peores condiciones, en la adversidad. Se tiene que ir hacia adelante.” Y es por ello que yo sí voy a ir a la marcha mañana, para expresar mi desacuerdo con este aspecto de la reforma, esperando que quienes legislan, no se dejen llevar por presiones políticas, sino que preserven la naturaleza técnica y autónoma del Instituto Nacional Electoral y la independencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tanto trabajo y tantas luchas ciudadanas costaron al pueblo mexicano conseguir. La reforma planteada es regresiva y pone en riesgo nuestros derechos políticos. Su propuesta no es para ir hacia adelante, sino hacia atrás.
Así entiendo yo la defensa del INE (y del TRIFE). Mi entendimiento se deriva de un análisis sereno y cuidadoso, con el fin de no caer en cretinismos. Reflexionemos con calma. Si creemos que vale la pena, salgamos a marchar.
Profesor de derechos humanos en la Universidad Iberoamericana
@CORCUERAS
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