El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU declaró al 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Lo hizo, con motivo de la entrada en vigor de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la que México es parte.
Dicha Convención creó el Comité contra las Desapariciones Forzadas, como el órgano encargado de supervisar y vigilar el cumplimiento de la Convención por los Estados partes. México ha comparecido en dos ocasiones ante dicho Comité (2015 y 2018), y está por volver a hacerlo antes de que concluya este sexenio. Además, el Comité realizó una misión oficial a México en 2021.
Antes del Comité, México fue objeto de otra visita (2011), pero del otro órgano de Naciones Unidas encargado de evaluar la situación de las desapariciones a nivel global; el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias. El Grupo de Trabajo había recibido, desde su creación en 1980, reportes sobre desapariciones en México, derivadas de la persecución política/contrainsurgente durante la llamada “guerra sucia”, pero después de eso, salvo algunas desapariciones perpetradas durante la guerra de baja intensidad emprendida por el gobierno de Zedillo contra el EZLN, (incluyendo las masacres ocurridas en ese contexto, como Acteal y otras), ya no se recibían reportes de desapariciones en México durante el sexenio 2000-2006.
El Grupo de Trabajo solicitó visitar México en 2011, porque comenzó a recibir múltiples reportes de desapariciones “nuevas”, durante el sexenio de Calderón. El Grupo de Trabajo reportó en su informe que “organizaciones civiles reportaron que —de acuerdo con sus estimaciones— más de 3 mil personas habían sido desaparecidas desde 2006”. El gobierno de Calderón ocultó al Grupo de Trabajo la verdadera dimensión del problema, pues antes de su conclusión, en 2012, The Washington Post informó que tenía una lista, elaborada por la entonces PGR, con más de 25 mil personas registradas como desaparecidas. Recién iniciado el sexenio de Peña Nieto, la entonces subsecretaria de derechos humanos de SEGOB, Lía Limón, confirmó la existencia de dicha lista. Al día de hoy, el Registro Nacional de Personas Desparecidas muestra la espeluznante cifra de casi 111 mil personas desaparecidas (a pesar de la intención de rasurarlo con el “censo casa por casa”).
Es evidente que la tragedia humanitaria en la que está revolcado el país se deriva de la fallida estrategia de “seguridad” emprendida por Calderón, mediante el uso indebido de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La causa material, por supuesto, es el crimen organizado, que también estaba presente durante el sexenio anterior; pero la causa eficiente de la tragedia fue, y sigue siendo, la participación de las Fuerzas Armadas en labores que no deberían de realizar. Tanto el Grupo de Trabajo, respecto del gobierno de FCH, como el Comité, respecto del de AMLO, fueron contundentes en señalar el error de usar a las Fuerzas Armadas para la persecución del crimen (llamado equivocadamente “combate”) y recomiendan el abandono de esa estrategia militarizada.
Los sucesos recientes en Poza Rica y Lagos de Moreno son aterradores y ponen en evidencia la lenta, pero constante, putrefacción social y el deterioro del bien común, a causa del rotundo fracaso de la “estrategia de seguridad” de FCH, EPN y AMLO. Aunque este gobierno diga que no es la misma estrategia militarizada, la evidencia empírica y los verdaderos datos, demuestran que lo es, pero reloded, por lo que el próximo gobierno debe abandonarla paulatinamente, hasta lograr que la función de seguridad pública esté a cargo de corporaciones policiales verdaderamente civiles y civilizadas (no militarizadas).
