Hemos presenciado con estupefacción lo sucedido el jueves en Sinaloa, tras la detención de Ovidio Guzmán. Las escenas son, sin exagerar, iguales, a las de enfrentamientos militares en un conflicto armado.
Desde que comenzó la fallida estrategia de “combate” contra el narcotráfico, emprendida por el gobierno de Calderón, los cárteles se reconfiguraron y comenzaron a armarse hasta los dientes, para enfrentar los ataques de las fuerzas armadas regulares. No se requería de habilidades proféticas para saber que eso iba a ocurrir, y que se desataría una espiral de violencia, que a la postre se ha convertido, más que en una espiral, en un tornado de efectos destructivos; un huracán de muerte; un tsunami de sangre. Solamente en el sexenio de FCH, según el informe del Relator Especial sobre Ejecuciones Sumarias, Arbitrarias y Extralegales de la ONU, se dieron en México alrededor de 102 mil muertes violentas. La tendencia se redujo al principio del sexenio de EPN, pero luego repuntó a niveles aún peores de los que dejó FCH; los índices de muertes violentas por cada 100 mil habitantes permanecen en prácticamente los mismos niveles desde 2018. Eso lo advirtió el mencionado relator en su informe, y recomendó que se abandonara el enfoque militar en labores de seguridad pública. Lo mismo han hecho todos los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que han visitado México y han evaluado la crisis de seguridad. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU lo reiteró enfáticamente en su informe tras su misión a México en noviembre de 2021.
Cuando en octubre del 2015, el señor Zeid Ra’ad Al Hussein, entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó México, dijo que “para un país que no se encuentra en medio de un conflicto [armado], las cifras son, simplemente, impactantes”.
Después de presenciar lo que sucedió el miércoles en Sinaloa, debemos preguntarnos si de veras en algunas regiones del país no existe un conflicto armado interno. La respuesta la da el Derecho Internacional Humanitario. El poderío armado y la estructura orgánica y operativa que han alcanzado los carteles, como reacción a la estrategia militarista, es igual o incluso mayor al de un ejército irregular (como el EZLN o el EPR), aunque no sea “de liberación” o “revolucionario” o “beligerante” y no pretenda, en teoría, alcanzar fines políticos.
La causa material del problema es el crimen organizado, pero la causa eficiente de la tragedia humanitaria en la que está revolcado el país, con más de 108 mil personas desaparecidas oficialmente reconocidas y los índices de muertes violentas a niveles descomunales en algunas entidades del país, es el uso de las fuerzas armadas en la “persecución del delito”, que se ha convertido en una verdadera guerra.
AMLO perdió la oportunidad de reformular la estrategia de seguridad y comenzar con una desmilitarización paulatina; por el contrario, apostó por seguir y agudizar la estrategia de FCH y darle todas las funciones policiales imaginables a las fuerzas armadas. En lugar de civilizar, militarizó más. Los resultados están a la vista de todo el mundo.
También perdió la oportunidad de cumplir con la propuesta de cambiar la política antidrogas y regular el cultivo, producción, comercialización, transporte, posesión y consumo de las drogas. Así lo anunció la entonces futura secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, en un seminario en el ColMex el 17 de julio de 2018, en donde afirmó tener “carta abierta” de AMLO para legalizar las drogas y pacificar al país.
http://www.siempre.mx/2018/07/carta-abierta-de-amlo-para-legalizar-drogas-sanchez-cordero/.
No legalizó ni reguló las drogas, militarizó más y, como consecuencia, agudizó la tragedia humanitaria. La cruda realidad habla por sí misma.
@CORCUERAS
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