El Estado mexicano compareció ante el Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU (CED) el miércoles, jueves y viernes de esta semana.
Es la tercera vez que México comparece ante el CED. El CED volvió a solicitar la comparecencia de México, para de dar seguimiento a las recomendaciones derivadas del informe del CED tras su visita a México en noviembre de 2001.
Los tres temas prioritarios sobre los que se concentró el diálogo fueron los siguientes: política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones; investigación y justicia; búsqueda y coordinación efectiva e identificación.
Llamó mucho la atención que México no hubiera enviado a Ginebra una delegación de alto nivel. No acudieron los subsecretarios de derechos humanos de SRE ni de SEGOB. Es de destacar que México solicitó que se pudiera participar por videoconferencia, a lo que el CED accedió. Ni así participaron los subsecretarios, ni la titular de la Fiscalía de Derechos Humanos de la FGR. Solamente viajaron desde México para estar presencialmente el Director de Derechos Humanos de SRE, Roberto De León Huerta y Arturo Guerrero Azueta, en representación del Consejo de la Judicatura Federal.
Recuerdo, mientras fui integrante del CED, algunas delegaciones que incluso incluían a algún secretario o secretaria de estado, como el ministerio de justicia, el de asuntos exteriores o del interior.
Para los órganos de la ONU, esto demuestra la importancia y el interés (o desinterés), que el gobierno del Estado concernido le da al ejercicio.
En cuanto al diálogo, es destacable la gran profundidad de los relatores al formular las preguntas al Estado. Por lo que toca a las respuestas de México, quien mejores cuentas rindió fue el Poder Judicial al destacar diversas sentencias, entre ellas la que atribuyó efectos vinculantes a las acciones urgentes del CED, la confirmación del derecho de la persona desaparecida a ser buscada, y otras, que fueron calificadas por el relator Juan Pablo Albán, como “valiosísimas”, aunque inmediatamente después hizo mención a que lo relevante es la aplicación práctica, y no solamente las sentencias.
Similarmente, muchas de las respuestas que dio la delegación mexicana se referían a medidas legislativas, reglamentarias, administrativas, pero incluso la relatora Carmen Rosa Villa, expresó, con cierto tono de frustración, que muchas de las preguntas no habían recibido respuestas precisas. El relator Horacio Ravenna, por ejemplo, pidió explicaciones respecto de la recomendación formulada por el CED de abandonar el modelo militar de seguridad. La única respuesta que recibió, provino ¡del representante del Consejo de la Judicatura! (sobre la sentencia de la SCJN mediante la cual se declaró inconstitucional la transferencia operativa de la Guardia Nacional a la Sedena). En cuanto a política pública para lograr el abandono del modelo militar de seguridad, nada contestaron los integrantes de la delegación. El CED destacó que la política de seguridad descrita por el representante de la Secretaría de Seguridad Pública, no está rindiendo los resultados esperados en cuanto a la política de prevención recomendada por el CED, pues las desapariciones continúan ocurriendo todos los días.
Entre otros muchos temas, los relatores del CED subrayaron la tremenda desproporción entre el número de personas desaparecidas, más de 110 mil, frente al número de casos abiertos ante las fiscalías, o de sentencias emitidas por el poder judicial, que se cuentan por decenas solamente.
El CED tiene la tarea de redactar sus observaciones de seguimiento, que contendrán los aspectos positivos, áreas de preocupación y recomendaciones al Estado. Este documento, una vez aprobado por el CED, se le enviará al gobierno de México para aclaraciones factuales, y después se hará público. Esto ocurrirá días después de que el comité concluya este periodo de sesiones.
