Violencia institucional
es el término que se utiliza cuando un servidor público, valiéndose de su encargo, discrimina, humilla o lleva a cabo un acto prejuicioso contra una persona.
En varias ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha conducido de manera poco congruente con su investidura; ha sido capaz de negarse a acudir al Senado por “respeto” a ésta, pero cada mañana receta una serie de descalificativos y denuestos que poco justifican la posición que la Constitución le obliga como el jefe del Estado mexicano, funciones entre las que está mantener la unidad nacional.
Cada mañana inicia un nuevo enfrentamiento con el enemigo del día, el concepto “conservador” como peyorativo, la inutilidad de ciertas profesiones, como economistas o ingenieros, y más recientemente el de “traidores a la patria” a los legisladores que no votaron a favor su reforma eléctrica.
Lo que hizo López Obrador el 7 de abril al dar a conocer una factura emitida por un particular (periodista) a favor de otro, exponiendo sus datos personales, y permitiendo calcular sus ingresos —todo a nivel nacional desde la sede del poder Ejecutivo de la nación— se asemeja a lo que haría un policía uniformado abusando de su autoridad, y del arma que tiene en el cinto, al detener a un ciudadano por una simple sospecha y esposarlo, golpearlo, tomarle fotos y exhibirlo.
El presidente violó varias leyes a nivel nacional y trasmitiendo en directo, pero la más sensible fue la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, es decir, el ordenamiento que se creó exprofeso para proteger que la información que los ciudadanos le damos a la administración pública —porque ésta nos obliga a hacerlo— se use exclusivamente para lo que fue entregada. Ese 7 de abril la ley fue ignorada y violentada por el principal responsable de hacer que se cumpla.
Ante este proceder, fue inevitable que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales ( Inai ), cumpliendo su mandato constitucional, previera una investigación de oficio para sancionar al Presidente, misma que ya está en curso, según confirmaron a esta columnista fuentes en Palacio Nacional.
En las últimas horas, el organismo comenzó un proceso de verificación que fundó y motivó las violaciones a la ley, ya que el documento que se exhibió es real y contiene datos personales reales de una persona identificable.
Las sanciones administrativas que esta instancia determine pueden derivar en otras de carácter penal, en especial dada la modificación de los artículos 108 y 111 de la Constitución el presidente puede ser juzgado por cualquier delito por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana, y en el caso de que los cargos sean penales, se aplica el 110 constitucional donde es la Cámara de senadores la que resuelve.
Andrés Manuel López Obrador olvida que vivimos en una república federal con división de poderes, y que esta división sirve precisamente para que cada uno de ellos sea contrapeso de otro, y no se corra el riesgo de caer en una dictadura donde la voluntad de una sola persona defina el destino de todos los demás.
El presidente cuenta las cosas como las entiende, o las quiere entender, pero no las entiende bien; desconoce la ley —o hace como que la desconoce— y la conformación histórica de nuestra nación y su por qué.
El presidente no ha entendido que un servidor público , a diferencia de un ciudadano privado, solo puede hacer lo que la ley expresamente le permite, cuando el ciudadano privado puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe expresamente.
El presidente viola la ley para violentar a los ciudadanos que debe proteger.
Habrá que ver qué se resuelve en las instancias del Poder Judicial y si queda un precedente que al menos sea útil para que esta historia no se repita.
