Claudia Sheinbaum con 36 millones de votos: ganó entre ciudadanos de todos los niveles de ingreso, de todos los rangos de edad, de todos los géneros y de todas las regiones. También dejó a la oposición sin rumbo y sin identidad. Este resultado señala que una amplia mayoría está de acuerdo con la continuación del proyecto de transformación iniciado en 2018.

Sin embargo, la oposición se empeña en insultar los sentimientos y la inteligencia de esos 36 millones de ciudadanos, al decir, de muy diversas formas, que votaron por el dinero que se les da. En todo caso podría decirse que votaron por lo eficiente que ha sido el proyecto de la 4T en el uso de los recursos públicos y que se han beneficiado muchas más personas que sólo aquellas en situación de pobreza.

Carlos Salinas creó el Programa Nacional de Solidaridad y es el principal antecedente de las políticas sociales de corte focalizador y de tipo condicional. Si bien, su creación obedeció más a la búsqueda de la legitimidad, que no logró en las urnas, que a mejorar el bienestar de la población.

A principios del siglo XXI se creó el marco jurídico que normaría los programas sociales, así como su evaluación a través del Consejo Nacional de Evaluación, con lo cual el presupuesto destinado a combatir la pobreza aumentaría de manera constante. Como ocurrió entre 2000 y 2017 cuando estos recursos más que se duplicaron, al pasar de 125 a casi 300 millones de pesos, en cambio la cantidad de personas en situación de pobreza alimentaria se mantuvo en el mismo nivel, alrededor de 23 millones de personas

La población en situación de pobreza pasó de 49.5 a 52.4 millones entre 2008 y 2018. La población en pobreza por ingresos pasó, en el mismo periodo, de 54.7 a 61.1 millones. Este último, es el mejor indicador para medir la efectividad del gasto social, porque el ingreso de las personas comprende tanto los salarios como las transferencias que reciben del gobierno y por remesas, entre otras transferencias.

En 2018 se cambió el enfoque para enfrentar la pobreza, los programas sociales pasaron de operar de forma focalizada y condicionada, a ser mayormente universales y no condicionados, además, se avanzó para que los recursos se entregaran de forma directa, sin intermediarios. Los resultados son alentadores ya que, a pesar de haber sufrido los estragos de una pandemia, el porcentaje de la población en situación de pobreza a nivel nacional pasó de 41.9% a 36.3%, lo que representó un cambio de 51.9 a 46.8 millones de personas en esa situación. Además, la cobertura aumentó: de 34% de los hogares en 2022 a 36% en 2023.

Otra acción de justicia social ha sido el aumento significativo, en términos reales, de los salarios mínimos que se han incrementado 87.7% de enero de 2019 a enero de 2024. Se estima que este acrecentamiento ha beneficiado a 8.9 millones de personas trabajadoras aseguradas en el IMSS. El aumento significa haber pasado de 207.44 a 248.93 pesos diarios, es decir, 7,572 pesos mensuales.

Estas son acciones, entre otras: como la regulación del outsourcing o los incrementos salariales a segmentos específicos como maestros y médicos, de una política pública orientada a eliminar la desigualdad y la polarización económica. Falta un buen tramo que avanzar para que la sociedad viva en el marco de un verdadero Estado de Bienestar, pero la ciudadanía ha hecho lo que le tocaba, por ahora.


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