Requerimos de una visión comunitaria, renovada si es incluyente de una ciudadanía diversa, de segmentos populares, legítimamente “aspiracionistas” de estratos medios o muy acomodados, que puede vertebrarse hacia un esfuerzo mayor y más eficiente para prevenir y sancionar el delito.
Para ello, se requiere ampliar la realidad y la percepción de puentes que articulen acceso a la justicia. Ello incluye aterrizar, territorializar, la presencia de organismos en las zonas donde más se registren vulnerabilidades ante la delincuencia.
Vivimos en una sociedad menos interesada en la política divisionista y centrada en las diferencias de clases, estamos ante ciudadanas y ciudadanos preocupadas por la inclusión, una visión de género evolucionada y en la detonación de las oportunidades económicas y de justicia para todas y todos.
Muchos son capaces de brindar atención práctica y desahogo para la salud personal y cívica ante diversas violencias y de cara a los temas que, por razones de reserva natural, las personas no logran exponer ante las autoridades.
Desde el 2018, con el cambio de administración en el país y, en particular en la Ciudad de México, ha habido una evolución sustancial: sin distinciones partidarias ni geográficas y en una paradójica situación, ni pobres ni ricos, ni gobernantes ni empresarios, escapan de ser vulnerables, ya sea a la delincuencia, pero tampoco a la acción de la ley, incluso por encima de pifias e inconsistencias que con alguna frecuencia se publican.
En sintonía con un compromiso largamente cultivado, en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México abrimos una nueva sede en la alcaldía Azcapotzalco. Ahora ya suman cuatro, cuando en 2018 solo era una y aunque el organismo tiene menos presupuesto el compromiso de los integrantes del mismo ha permitido su evolución cualitativa y cuantitativa.
Dará atención prioritaria a la violencia familiar, la violencia de género, el abuso contra los adultos mayores, a las niñas, niños y adolescentes, pero atenderá los temas registrados en el norte de la capital nacional como la extorsión y otros delitos patrimoniales.
En la inauguración de la nueva sede, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó la importancia de la orientación a la ciudadanía, en particular ante delitos
difíciles de denunciar, como la Trata de Personas, o frente la violencia de género o familiar.
Reunir y reivindicar una visión de cercanía y transformación para atender las necesidades de la ciudadanía y colaborar en la construcción de la paz, es la finalidad, ahora desde el norte de la capital de la nación.
