Corrupción y narcotráfico no son fenómenos paralelos, aunque entre ellos hay múltiples vasos comunicantes.
El crimen organizado encuentra vías de expansión donde las debilidades institucionales o comunitarias prevalecen en procesos estructurales complejos y fragilidades en materia de cultura cívica y capacidad de hacer respetar los derechos de todas y todos.
La magnitud del desafío: según el Índice de Transparencia Internacional, México obtuvo en 2012 una puntuación de 34 de 100, en 2018 descendió a 28 y en 2024 alcanzó 26. Reprobado en ese índice debatible. Sin embargo, es referencia admitida por la mayoría de las naciones. Esta caída reflejaría persistencia de la corrupción como barrera para el desarrollo y la paz. El Índice de Paz Global 2024 (GPI) ubica al país en la posición 138 de 163. Transparencia y paz se entrelazan: a mayor ausencia de la primera parece existir mayor riesgo respecto de carencia de la segunda.
En la historia reciente hay ejemplos contundentes. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hallado culpable en Estados Unidos por recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa, personifica la peor degradación institucional: un funcionario que debía combatir al narcotráfico convertido en aliado estratégico.
Apenas este miércoles, el gobierno de Paraguay expulsó a México a Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder de la organización delictiva “La Barredora”. Su trayectoria confirma que el narcotráfico busca insertarse en las estructuras estatales para sus operaciones.
La normatividad anticorrupción es compleja, inexistente en muchos espacios institucionales y sociales o francamente arrinconada. El Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2015, uno de los sexenios más corruptos de la historia del país, pretendía articular instituciones de fiscalización y control. Nunca lo hizo claramente y sus atribuciones se superponían con las de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y las fiscalías estatales.
Enfrentar el daño estructural —“imperdonable”, en voz del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales en su discurso del Desfile Cívico-Militar y en el contexto de las investigaciones por huachicol fiscal al interior de la dependencia— requiere voluntad política. En el proceso de transformación, lo ha reiterado la presidenta Claudia Sheinbaum, no hay espacio para la corrupción. Esa disposición encuentra eco en la Ciudad de México, donde Clara Brugada impulsa programas de simplificación administrativa y digitalización de trámites.
La captura de personas como García Luna o Bermúdez Requena, y la voluntad de investigar incluso en el aparato de seguridad, indican un parteaguas en esta administración, que sin duda se verá reflejado en las mediciones globales de paz y transparencia muy pronto.
@guerrerochipres