La épica reflexiva de Kant acerca de la imposibilidad de demostrar la inexistencia de Dios tiene, inevitablemente, un daño colateral. La conclusión enunciada implica también lo opuesto. Tampoco podría, desde esa misma lógica, presentarse evidencia absolutamente aceptable sobre la existencia del ser universal.
Para el autor de la “Crítica de la razón pura” y para cualquier lector con sentido común, un dilema semejante de apariencia metodológica se muestra en el debate de nuestros días antes y después de Teuchitlán.
Ni se puede demostrar de manera científica la disminución general del homicidio doloso como fenómeno de la realidad incluyente de la totalidad de la cifra negra —lo cual es diferente de lo que sí puede evidenciarse, esto es, los homicidios dolosos registrados ante el Ministerio Público—, ni tampoco puede probarse que el número de personas desaparecidas, en una proporción cuya magnitud específica sería indispensable identificar, sea equivalente de manera decisiva al número de homicidios no registrados.
Si la oposición decide la postura obvia, básicamente de regodearse en la duda sobre el avance en la lucha contra la inseguridad ilustrada por detenciones, decomisos, cateos, recuperación del control territorial paulatino de regiones con grados de violencia visibles, liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum, o si los voceros más convencionales deciden ignorar la probabilidad de alguna validez en el argumento opositor, son ambos rostros del Jano mexicano.
Cuando Immanuel Kant desde 1781 sostuvo las limitaciones del discernimiento humano frente al mundo fenoménico, planteó un problema profundo sobre la improbabilidad de la perfecta representación de la realidad. Existe diferencia entre el conocimiento del fenómeno y del noumenal o de la antipática “cosa en sí misma”.
El Estado, como entidad administradora de justicia, exige evidencia empírica para categorizar un acto como homicidio doloso. La voz de Sheinbaum es la del Estado Mexicano, no solamente en su dimensión de gobierno sino de representación mayoritaria de la población. Sin pruebas directas de la muerte de las personas desaparecidas, el sistema judicial enfrenta un límite epistemológico… y político.
Los datos indican 26 mil 261 homicidios dolosos el año pasado por 23 mil 969 desapariciones. ¿Cuánto mide la intersección de ambos conjuntos?
Sin un cuerpo, pruebas forenses, testigos directos de la muerte, la relación queda relegada al ámbito de la inferencia. "No podemos basarnos en lo meramente especulativo para afirmar una existencia", decía Kant. Lo cual implica el dilema de la ignorancia nacional y del sistema de justicia.
A las madres de las personas desaparecidas les es irrelevante Kant, la indisposición de reconocer o identificar un problema filosófico o metodológico. A ellas debemos todos contribuir a darles respuesta. A toda la comunidad corresponde interrumpir la cadena de impunidades posibilitadoras del crimen organizado reclutante de jóvenes en su leva delincuencial.
@guerrerochipres