Una joven cae desde un quinto piso y una semana después fallece en el hospital. Los investigadores dan carpetazo al creer en declaraciones de los testigos: suicidio.
Ocurrió en 2016, apenas un año después de haberse decretado, por parte de la Suprema Corte de Justicia, la sentencia Mariana Lima, que instruye el principio de exhaustividad para investigar toda muerte violenta de una mujer con perspectiva de género.
La muerte de Mariana —en junio de 2010— la disfrazaron de suicidio en el Estado de México, pero la lucha de su madre llevó a reabrir el caso, reclasificarlo como feminicidio, detener y condenar al esposo como responsable.
En enero de hace 7 años, Marichuy, una estudiante del IPN, fue arrojada por un compañero y un profesor desde un quinto piso, al defenderse de abuso sexual. La entonces Procuraduría de Justicia de la CDMX, a cargo de Rodolfo Ríos, cerró el caso como suicidio. No hubo atención a la sentencia Mariana Lima.
Negligencia, desidia, falta de compromiso con la procuración de justicia favorecieron la impunidad.
Tuvieron que pasar cuatro años para que la Fiscalía General de Justicia, ya con esa denominación y encabezada por Ernestina Godoy, reclasificara el caso como feminicidio. Esta semana, uno de los sospechosos fue detenido en Campeche, y continúa la búsqueda del profesor.
En la capital nacional hay un contexto de preocupación y atención a la violencia de género. En 2019, la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, decretó la Alerta de Violencia contra las Mujeres, y con su impulso, el año pasado entró en operación la línea de emergencia *765, con la cual más de mil 500 salieron del riesgo feminicida.
Como alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada desarrolló estrategias en beneficio de la seguridad de las mujeres: Senderos Seguros, consistente en remodelar e iluminar calles y llevado a la CDMX, y las Casas Siemprevivas, donde se proporciona asesoría jurídica o psicológica.
La Fiscal Godoy —quien está en un proceso de ratificación en el cargo— ha revelado voluntad para enfrentar la violencia de género y enviar un mensaje a los criminales: ningún feminicida va a quedar sin sanción.
Entre 2020 y 2023 —en sus periodos enero a septiembre— hay una disminución de 37 por ciento en los feminicidios en la CDMX, un aumento de 67 por ciento en vinculaciones a proceso y de 150 por ciento en sentencias condenatorias; el promedio de años de prisión para feminicidas pasó de 28.1 a 63.8.
Entre los agentes ministeriales había en administraciones anteriores una práctica conocida como la “imaginaria”, consistente en desalentar a las víctimas para denunciar o, algo todavía más grave, clasificar los delitos en una categoría menor.
En la “imaginaria”, los feminicidios eran en suicidios. Ahora, ya no más.
