Dentro del debate respecto de las elecciones de jueces y magistrados, la ciudadanía tiene este domingo la gran oportunidad de mostrar músculo cívico y proyectar su inconformidad o acuerdo por un tipo de candidatos al Poder Judicial, así como proponer a otras y otros, según su definición de país y conforme a la autodefinición de la persona misma ante esta nueva porción del cambio de régimen vivido en México desde el 2018.
La oposición solía promover la participación en elecciones como definitoria de la calidad de su compromiso democrático. Ahora ha decidido mudarse a promover la abstención.
En cualquier de los escenarios, con votaciones que puedan rebasar el 15 por ciento del electorado, la decisión y el resultado de impulsar el cambio del Poder Judicial o el método de su designación es un nuevo punto de referencia internacional.
Y la legitimidad reconocible al resultado es la nueva etapa del debate a iniciarse la próxima semana. De inmediato está la elección y su vigilante acompañamiento ciudadano e institucional.
Las plataformas digitales se han convertido en la plaza pública donde las y los ciudadanos ventilan sospechas, documentan irregularidades, comparten videos. El problema no es la ausencia de reportes, sino la escalada a canales institucionales. El reto es formalizar.
Un contexto bajo el cual líneas como el 9-1-1, asociada tradicionalmente a emergencias médicas o de seguridad, desempeñan un papel clave para reportar presuntos delitos electorales. Para la ciudadanía no se trata sólo de grabar a quien coacciona el voto o impide la instalación de casillas —tan solo por mencionar dos ejemplos—, sino de llamar, registrar, reportar y generar evidencia.
Los delitos electorales incluyen la compra del voto, el uso de recursos públicos con fines electorales, el acarreo, la falsificación de documentos, la obstrucción de la jornada, el uso de programas sociales para inducir el sufragio e incluso la violencia política de género.
Tan solo en las elecciones de junio del 2024, en el 9-1-1, operado desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, atendimos mil 159 reportes de irregularidades o posibles delitos electorales, principalmente por proselitismo, compra de votos, agresión a funcionarios de casilla, quejas por instalación tardía. Atenciones que convergen con la voluntad de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, por garantizar seguridad en los comicios en coordinación con el INE y el IECM.
Si la ciudadanía se apropia del mismo, si transforma su vigilancia digital en acciones institucionales, se inaugura una etapa en la relación entre democracia y justicia.
Esta elección será un parteaguas también por la disposición cívica a reportar anomalías. La principal irregularidad democrática de la cual hay que deshacerse es la abstención.
@guerrerochipres