Uno de los temas que más ha evadido definir con claridad la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, es cuál será su política con respecto al Ejército y la Secretaría de Marina y su desbordada presencia en las actividades del gobierno civil. Ante la insistencia del cuestionamiento, la abanderada de la 4T ha dicho solamente que mantendrá a los militares dentro de las labores de seguridad, pero que “otras tareas” asignadas al Ejército serían “analizadas”. Es claro que Sheinbaum no puede desmarcarse claramente de la militarización en el gobierno federal, por ser una de las prioridades del presidente López Obrador, pero también parece claro que habrá matices en la utilización de los militares dentro de la vida civil.
Para Xóchitl Gálvez, en contraste, la idea de “regresar al Ejército a sus cuarteles” ha estado clara desde que fue precandidata de la alianza opositora del PRI-PAN-PRD, y no sólo apareció en su plataforma de campaña, sino que la ratificó en varios discursos sobre el tema de seguridad y cuando presentó su estrategia para combatir la inseguridad y la violencia del narcotráfico también definió claramente que “las funciones del Ejército serán las constitucionales”. La abanderada de la oposición lo dice con todas sus letras y para que lo oigan los generales que hoy están tan alineados con la 4T: “Al Ejército le toca la seguridad nacional. Hoy, buena parte del territorio nacional está en manos de la delincuencia. Nosotros queremos que el Ejército deje de estar pavimentando carreteras, haciendo trenes, cuidando aduanas”.
Y es que ante el cada vez más cercano cambio de gobierno en México, hablar del actual papel del Ejército y de la Marina y de cómo, por órdenes del Presidente, han ido copando y ocupando tareas civiles en el gobierno, además de administrar recursos multimillonarios del presupuesto público y manejar a discreción las licitaciones de servicios y obras públicas, algo que indudablemente les ha dado a los militares un poder que hace casi 100 años que no tenían en este país: el de llevar a cabo labores de gobierno y sustituir a los civiles en campos que la ley y la Constitución establecen como de estricto carácter civil.
Muchos mexicanos se preguntan si los militares y marinos van a soltar tan fácilmente todo el poder administrativo y económico que les ha otorgado López Obrador como una forma de comprar no su lealtad, que ya tenía por tradición, sino el respaldo de la milicia a su movimiento político y a la obsesión de continuidad que tiene el líder de la 4T. Y la mayoría responden esa pregunta con un rotundo “No”.
Por eso es importante saber con claridad cómo actuarán las candidatas y el candidato presidencial ante el hecho de que las cúpulas militares de este país ya están metidas con medio cuerpo en la administración pública federal y que durante seis años el Presidente repitió como mantra que “tenía que recurrir a las Fuerzas Armadas por que ellos sí son honestos y eficientes para hacer casi de todo”, con lo que a muchos mexicanos y seguro también a los generales y almirantes que hoy dirigen la Defensa y la Armada de México, se les quedó la idea de que “los militares son mejores para realizar muchas tareas”, algo que parece darle supremacía a la capacidad militar sobre el gobierno civil.
Entre los miembros del gabinete de seguridad federal, ese que sesiona todos los días a las 6 de la mañana en Palacio Nacional, se escucha que el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, le dice a quien lo quiera escuchar que “las fuerzas armadas, todas, deben quedar bajo un mismo mando”. Claro que el general se refiere al mando de la Defensa Nacional, a la que tendría que someterse también la Marina Armada de México, y esto lo dice en el contexto de la sucesión presidencial, como si se tratara de una propuesta o un objetivo que le planteará a quién llegue a la Presidencia.
Alguien tendría que recordarle al general la importancia que tiene mantener separadas las fuerzas armadas, como ocurre en todas las democracias del mundo. Porque si de por sí la Secretaría de la Defensa Nacional ha acumulado muchas funciones que no le corresponden constitucionalmente, entregarle el mando único de las Fuerzas Armadas nacionales sería acumular más poder para el Ejército. En una democracia nadie debe tener tanto poder.
Por eso decimos que en el próximo gobierno, gane quien gane las elecciones del 2 de junio, se tiene que hablar del Ejército y de cómo desmantelar todo el aparato militar y naval que se ha montado encima del gobierno civil y de sus funciones constitucionales.
NOTAS INDISCRETAS…
A ver quién le entiende a los morelenses. Porque con el pésimo gobierno de Cuauhtémoc Blanco, cualquiera esperaría que los electores estuvieran rechazando a los partidos que arroparon al gobernador saliente y que hubiera un voto de castigo fuerte contra el mal gobierno del exfutbolista. Y aunque lo del voto de castigo aún no puede descartarse porque sólo se verá el domingo 2 de junio, las encuestas en Morelos, en la recta final de las campañas, le dan a Margarita González Saravia, la candidata por Morena, PT y PVEM una ventaja que ronda entre los 18 y los 12 puntos, sobre su más cercana contrincante que es Lucía Meza, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD. Los últimos sondeos de Consulta Mitofsky, de Roy Campos, le dan a González Sarabia una preferencia bruta de 44.8 por ciento, contra 32.2 de Meza; y el De las Heras Demotecnia, de Rodrigo Galván de las Heras, registra una preferencia de 55 por ciento contra 33 por ciento. En el papel y en el momento la derrota se ve irremontable para Lucy Meza, pero los números reales los tendremos en 2 de junio…Después de las primeras versiones que apuntaban a un nombre y una empresa de un tal Alexander Bremen, como encargada del montaje del escenario que se derrumbó en el cierre de campaña de Jorge Álvarez Máynez, y que provocó la muerte de 9 personas y más de 100 heridos, ayer se confirmó que el nombre real de la empresa contratada por MC para ese evento masivo es Proaudio, con sede en Tampico y en Monterrey, que es propiedad de Víctor Gutiérrez y que el enlace para la contratación fue la candidata emecista a alcalde de Monterrey, Lorenia Canavati. Lo que falta ahora es que la Fiscalía de Justicia de Nuevo León avance en sus investigaciones y deslinde las responsabilidades penales que conlleva la muerte de 9 personas en un evento público autorizado por las autoridades municipales y, por ley, supervisado y validado por las áreas de Protección Civil del estado y del municipio. Porque mientras 9 familias lloran su pérdida y el gobernador Samuel García se apresuró a sacar la chequera para intentar comprar el dolor de los deudos, el deslindadero y las autoexculpaciones están a la orden del día entre las autoridades neoleonesas y de San Pedro Garza. El primero en tratar de zafarse de cualquier sospecha fue el gobernador García que, apenas ocurrida la tragedia, negaba que hubiera habido una alerta del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. La alerta de “tormenta, con ráfagas de viento de entre 50 y 70 kilómetros” fue emitida y publicada al menos en tres ocasiones en el sitio on linedel Meteorológico desde temprano la tarde del miércoles, desmintiendo claramente al gobernador que dijo que fue “inesperada” la fuerte lluvia y los vientos que derribaron el escenario y provocaron la tragedia. Luego salió el director de Protección Civil del Estado, Erick Cavazos, a decir también que no recibieron ninguna alerta de la tormenta con fuertes ráfagas de viento, y al unísono el alcalde independiente de San Pedro Garza, Miguel Treviño, se desmarcó de las posibles responsabilidades penales y dijo que “nunca recibimos las alertas de Protección Civil del Estado. Un empresario que tiene una empresa de organización y logística de eventos, cuya identidad se reserva, dice en un audio que nos envió que las alertas se activaron, que los reportes existieron pero que Protección Civil debió suspender el evento ante el pronóstico de lluvia fuerte, y se pregunta quién dio la orden de que, a pesar de las malas condiciones, el evento continuara. Aquí les transcribo textual la opinión de este empresario del ramo: “Yo tengo un escenario ‘gran support’ no se lo presumo, se lo cuento, yo organizo ferias y aparte mi escenario lo rento para eventos musicales y si me piden algún evento político, lo llevo. A nosotros, Protección Civil, a la sola presunción de llovizna, no de lluvia, de llovizna, no de tormenta eléctrica ni de vientos, Protección Civil me avisa horas antes de que no debo prender los juegos mecánicos y bajar la lona y quitar el gran soporte, el techo, para que me entienda, del escenario. ¿Quién no hizo caso? ¿Por qué se decidió seguir el evento? ¿Quién tomó la decisión de seguir el evento? Estoy seguro que Protección Civil les avisó, es más ni siquiera los de Protección Civil te dan el VoBo. de arrancar, en eventos privados de conciertos y expoferias, ni si quiera te deja arrancar ese día. Aquí había un aviso horas antes. Se lo repito con conocimiento de causa: ¿quién ordenó seguir el evento? ¿El coordinador de Lorenia (Canavati), el coordinador de la agenda del candidato Máynez?, ¿el timing político de ‘a huevo, cierre de campaña’? el no perder el dinero que se le dio al grupo musical, porque el grupo musical si suspendes, ellos como quiera cobran. ¿Quién ordenó que a pesar de que ya había empezado a llover siguiera el evento? No, señores, aquí la responsabilidad y esta tragedia tiene un color”, dice el empresario en su opinión compartida por audio. ¿Se referirá al color fosfo-fosfo?...Se cierra una semana difícil. Los dados nos regalan una Escalera Doble. Buen fin de semana para los amables lectores.
