Este martes Rosario Robles Berlanga saldrá de la cárcel momentáneamente, en medio de un fuerte operativo de vigilancia, para acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro. Por decisión propia, la exsecretaria de Desarrollo Social se presentará a la sesión de Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados en la que se discutirá el dictamen de juicio político en su contra. Robles va a defenderse, personalmente, de las acusaciones de ser responsable del desvío de 7 mil millones de pesos en sus épocas como titular de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del esquema de contratación y simulación con empresas fantasma, denominado “La Estafa Maestra”.
Aunque tenía la posibilidad de enviar por escrito su defensa, tal como se lo ofrecieron los legisladores, Rosario pidió que las Comisiones Unidas que votarán el dictamen aprobado por la Subcomisión de Examen Previo, le permitan asistir personalmente para sostener su defensa ante los diputados que definirán si el juicio político en su contra procede y se manda al pleno legislativo para que se vote una sanción que consistiría en declararla responsable del millonario desvío de recursos públicos e inhabilitarla para ocupar cargos públicos durante los próximos 20 años.
La Robles que llegaría el martes por la mañana al Palacio Legislativo de San Lázaro se verá muy distinta a la que hace exactamente un año y dos meses, el 16 de octubre de 2018, todavía como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, llegaba al Palacio legislativo enfundada en un traje blanco de diseñador, corte de pelo ultramoderno y cubierta aún por el blindaje que le daba ser parte del gabinete del entonces presidente, Enrique Peña Nieto. La Rosario de hoy llegará procedente del Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, donde tiene ya cuatro meses de estar presa, se presentará con 7 kilos menos, con signos evidentes de depresión y con la sensación de que sus antiguos amigos, poderosos de la política en el sexenio anterior, desde el expresidente Peña (“No te preocupes, Rosario”) hasta varios exintegrantes del gabinete, la abandonaron y la dejaron sola. Ya no llegará ni con su corte de pelo ultramoderno ni con ropa de diseñador; si acaso con su uniforme caqui y con su palabra, con la misma que ha denunciado “persecución política” y “justicia por consigna” en su contra desde el actual gobierno del presidente López Obrador.
Varios de sus compañeros de la bancada del PRI en San Lázaro le recomendaron que no se presentara en la sesión de Comisiones Unidas del martes, le pidieron que enviara su declaración de defensa por escrito, pero Rosario Robles insistió en estar presente, en dejar por unas horas la cárcel y acudir a hablar en defensa propia. Pero, aun cuando la escucharán, la reunión en San Lázaro no será ningún foro amigable para la otrora expoderosa secretaria de Estado. Ahí en la sesión estará presente el diputado Pablo Gómez, su archienemigo político, hoy de Morena y antes correligionario de Rosario en el PRD. Gómez preside la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, precisamente la encargada de procesar las solicitudes de Juicio Político, y declaró recientemente que, empezando por Rosario Robles, se va a llamar a declarar y a rendir cuentas en este proceso a todas las secretarías, universidades públicas y otras instituciones estatales involucradas en el fraude de la “Estafa Maestra”.
Así es que, si ya en aquel martes 16 de octubre de 2018 a Rosario la impugnaron, la vilipendiaron con mantas acusatorias, le gritaron “corrupta” y le dijeron en su cara que fuera “preparando sus abogados porque terminaría en la cárcel”, ahora, ya en calidad de presa y visiblemente menos fuerte y completamente vulnerable y sin ningún poder ni protección política, Robles volverá a intentar defenderse y denunciar un proceso “politizado y manipulado” en su contra, en busca de que los medios de comunicación y la sociedad atiendan sus desesperados reclamos y peticiones de ayuda que ha intentado una y otra vez con cartas al presidente López Obrador y al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, sin obtener siquiera respuesta a sus misivas.
Sus amigos le dijeron que no fuera, que “la iban a hacer pedazos”, pero ella insistió y este martes, por la mañana, estaremos viendo el regreso de Rosario Robles Berlanga al Palacio Legislativo de San Lázaro de donde, después de una defensa con resultados aún inciertos, deberá volver, irremediablemente, como en aquella cumbia colombiana, por el camino rumbo a Santa Martha.
¿DADOS CARGADOS EN EL CASO “ORO NEGRO”?
La semana pasada, el 28 de noviembre, un juez de la CDMX libró una nueva orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White, Miguel Ángel Villegas Vargas y Cynthia Ann De Long, ciudadana americana, todos ellos directivos de Perforadora Oro Negro por un supuesto desvío de recursos por 160 millones de pesos. La investigación de una denuncia de acreedores extranjeros en contra de la excontratista de Pemex, Oro Negro, se basa en la acusación de que la Perforadora recibió 250 mdp para pagar IVA, pero la compañía que encabezaba Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, solo pagó 90 mdp, disponiendo así “indebidamente” de 160 mdp.
Con ese argumento, sin más pruebas y sin llamar a declarar a los acusados ni a sus abogados a pesar de estar registrados sus domicilios en todos los expedientes, la defensa acusa al juez 114 de la CDMX, Joel de Jesús Garduño Venegas, de haber dictado “en lo oscurito” las órdenes de aprehensión y haber procesado con “inusual rápidez” la acusación que los acreedores extranjeros o fondos buitres presentaron a través del fiscal y ministerio público, Edgar Pineda Ramírez y Máximino Pérez Hicks, respectivamente.
Según la queja de los abogados de Gil White y sus demás socios acusados, para poder librar las órdenes de aprehensión se ocultó el hecho de que “Oro Negro” ya había pagado los 160 millones de pesos de IVA y que estaba recibiendo el reembolso por el pago del mismo y que tenía pendiente de pago $90 millones de pesos de IVA, los cuales inmediatamente pagó al SAT. La defensa acusa también que tanto el fiscal y el MP como el juez omitieron también que todos los pagos que hizo Perforadora con esos 160 millones de pesos que le fueron rembolsados, fueron revisados por el Juez Concursal y por el Conciliador del Ifecom y fueron aprobados.
En un recurso de revisión que preparan para presentar ante el Consejo de la Judicatura de la CDMX, en contra del juez 114, Joel de Jesús Garduño, los abogados de Gonzalo Gil argumentan que de más de 100 jueces penales que hay en la ciudad, en donde el procedimiento de asignación de casos a los juzgados es por estricta rifa, para evitar jueces favoritos, esto no se respetó en el caso “Oro Negro” en el que, acusan “los dados están cargados”. Y mencionan que la orden de aprehensión que se dio a conocer el 17 de julio de este año, contra directivos de Oro Negro, también fue solicitada por el ministerio público Maximino Pérez Hicks con el apoyo del Fiscal Pineda y fue librada por el mismo juez 114.
Esta segunda orden de aprehensión del 28 de noviembre pasado fue, como se dijo, también solicitada por el equipo Pérez Hicks-Pineda, pero en teoría las probabilidades de que este nuevo expediente, en asignación aleatoria, le correspondiera nuevamente al juez 114 eran muy muy pocas, pero mágicamente el caso fue turnado también al juez Joel de Jesús Garduño y aquí, dicen los abogados de Gil White, “aplica el viejo refrán de que lo que no suena lógico, suena metálico”.
La investigación habría durado apenas unos cuantos días antes de que se librara la orden de aprehensión, lo cual es una eficiencia excepcional e inusual, si consideramos otros casos mucho más importantes en la Ciudad de México que no tienen atención tan prioritaria y tardan mucho más tiempo en procesarse. ¿Quiénes o qué intereses están moviendo estos expedientes de manera tan pronta, expedita y clandestina en la Procuraduría de la Ciudad de México?, cuestionan los defensores de este caso. ¿Será que el grupo de acreedores extranjeros de “Oro Negro” ya encontró la llave mágica que desencadena la acción en la Procuraduría capitalina? De ser así habría que pedirles que compartieran esa llave con muchas otras víctimas de delitos graves en la Ciudad que no han merecido ni la atención ni el empeño de casos como éste.
NOTAS INDISCRETAS… El reporte de cierre de la “Temporada de Ciclones” en la que disminuyeron al mínimo las cifras de víctimas fatales y se atendió en tiempo récord las inundaciones y afectaciones en varios estados, confirma que no se equivocó el presidente López Obrador cuando ordenó sacar la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y pasarla a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Porque desde que forma parte de las labores del Gabinete de Seguridad, el Presidente recibe todos los días a las 6 am. un reporte actualizado de las situaciones de riesgo o de emergencia que se presentan en el territorio nacional, disponiendo acciones y operativos inmediatos en caso de desastres, afectaciones o inundaciones, lo que reduce el tiempo de respuesta y reacción ante contingencias naturales o humanas en la República. La Coordinación Nacional de Protección Civil, a cargo de David León y bajo la responsabilidad de Alfonso Durazo, ayuda a que exista un trabajo más coordinado con Sedena y Marina en casos de desastre. Esa coordinación, según el informe de fin de temporada de ciclones y lluvias, presentado la semana pasada por el secretario Durazo, permitió eficientar el uso de los recursos públicos, pues mientras en el 2018 se emitieron 127 alertas de desastre y se gastaron 13 mil 37 millones de pesos en atenderlas; en este 2019, gracias al trabajo coordinado y a una operación más eficiente, solo hubo 69 alertas de desastre y el gasto en atenderlas solo fue de 1,070 millones de pesos. En el nuevo sistema de Protección Civil a nivel nacional, cada estado tiene su propia Coordinación y todas a su vez trabajan de cerca con el coordinador nacional David León. De hecho, este lunes en Jalisco se reúnen los 32 coordinadores estatales y los cinco coordinadores regionales en el Consejo Nacional de Protección Civil, que encabeza el secretario de Seguridad y los secretarios de Defensa y Marina. En fin, que al menos en lo que se refiere a la protección civil en situaciones de desastre, al sonorense Durazo le va mucho mejor que en la seguridad pública…La última encuesta sobre el desempeño de los gobernadores, que realiza la encuestadora Arias Consultores, arroja un top ten de los mandatarios estatales mejor evaluados, en el que hay de todos los partidos. Desde el que ocupa el primer lugar, el priista Quirino Ordaz, hasta los segundos y terceros lugares de los panistas Carlos Mendoza Davis y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente; el cuarto lugar de otro priista, Omar Fayad, el quinto del panista Francisco Domínguez y el sexto lugar en calificación a Jaime Bonilla, que es el mejor posicionado de Morena en esa lista y paradójicamente el que tiene menos en el cargo, que asumió apenas hace un mes en medio de tanta polémica por el tiempo que durará su encargo. Después de Bonilla vienen el panista Mauricio Vila, en séptimo lugar; el tabasqueño y morenista Adán Augusto en octavo y en el noveno el priista Alejandro Tello, para cerrar el 10 con Martín Orozco de Aguascalientes. Así los gobers según esa encuesta…Este fin de semana concluye la FIL de Guadalajara con otro éxito rotundo en su 33 Edición. Todo apunta a que, como ha ocurrido cada año, la cifra de asistentes superará a los más de 800 mil del 2018, y a que también seguirá aumentando la presencia de editores, conferencistas, expositores y todas las demás expresiones culturales y artísticas que rodean al evento editorial y cultural más importante de Iberoamérica. Por cierto que ahí en la FIL tuvimos oportunidad de conversar con el rector de la Universidad de Guadalajara, institución organizadora de esta feria, Ricardo Villanueva Lomelí, quien nos comentó que a pesar de ser la universidad pública que más ha crecido su matrícula en los últimos años en todo el país, y de que ya no sólo atiende a la ciudad de Guadalajara sino que tiene planteles, facultades y escuelas en 109 de los 125 municipios del estado de Jalisco, a la UdeG como al resto de las universidades públicas, se le ha reducido el presupuesto federal y la cuota que recibe por cada uno de sus más de 280 mil alumnos matriculados en nivel medio superior, superior y de investigación y posgrados. “A un joven que ni estudia ni trabaja hay que darle estudio o trabajo, no una beca en forma de dinero en efectivo”, dijo el rector Villanueva, quien por cierto comentó que ha invitado en varias ocasiones y que sigue invitando al presidente López Obrador “a que se dé una vuelta por la UdeG para que conozca todo lo que la universidad pública hace con enormes esfuerzos y con cada vez menos presupuesto”. ¿Será que el Presidente acepta un día de estos visitar a la segunda universidad pública más grande e importante del país?... Los dados mandan Serpiente doble. Semana de sube y bajas.
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