Los escasos avances que ha logrado, en su primer mes de aplicación, el llamado “Plan Michoacán”, con el que la presidente Claudia Sheinbaum intentó apagar el fuego de la rebelión popular que se encendió en las tierras michoacanas a raíz del cobarde asesinato del alcalde Carlos Manzo, se deben en buena medida a la permanencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, cuyo mandato fue repudiado y cuestionado por los michoacanos en las protestas estudiantiles y ciudadanas que sacudieron al estado en los primeros días de noviembre pasado.
Los gritos de “Fuera Bedolla” que resonaron con toda claridad lo mismo en Morelia, que en Uruapan y en Apatzingán, las ciudades de las tres regiones en que se divide el estado, no fueron parte de ninguna conspiración política u opositora, como falazmente acusó el gobernador. Fue la expresión de una ciudadanía michoacana que lleva ya cuatro años sufriendo la violencia narca, con ejecuciones, desapariciones, extorsiones y ataques con minas subterráneas y drones, mientras Ramírez Bedolla mantenía una sospechosa pasividad e ineficacia para combatir a los grupos criminales a los que su gobierno ha tolerado y hasta parece brindarles protección e impunidad.
Esa pasividad e indolencia, mientras asesinaban a líderes de limoneros y cobraban derecho de piso a los aguacateros, hizo que entre los michoacanos se generalizara la percepción de que tenían a un gobernador que no ejercía el poder ni la fuerza del estado para enfrentar a los criminales que en los últimos cuatro años volvieron a dominar las regiones de la Tierra Caliente y la Meseta Purépecha, las dos zonas más productivas del estado, mientras Morelia, la capital y donde vive y opera el gobernador, se mantenía tranquila, como si hubiera algún tipo de pacto o acuerdo con los narcos.
No es la primera vez que un gobernador michoacano es señalado por la vox populi de proteger o permitir la impunidad de los narcos. Michoacán ha vivido en los últimos 20 años una total descomposición, producto de la violencia y el control territorial del narcotráfico, que pasó por los gobiernos del PRI, del PRD y ahora de Morena.
No fue casualidad que el 10 de diciembre de 2006 Michoacán fuera el primer estado de la República en registrar una movilización importante del Ejército mexicano, cuando el entonces presidente, Felipe Calderón, declaró la “guerra contra el narco” y se propuso limpiar a la entidad michoacana de los cárteles de la droga y de la violencia que ya desde ese tiempo afectaba a los habitantes de las distintas regiones del estado.
Curiosamente aquella primera incursión militar en el estado occidental —que hoy es reiteradamente cuestionada por la presidenta Sheinbaum— ocurrió a petición del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, entonces perredista y ahora morenista y jefe de la Oficina presidencial de la doctora, quien solicitó al presidente Calderón el envío de ayuda federal para tratar de controlar al narcotráfico que ya en ese tiempo se había desbordado en la entidad y amenazaba el control de las autoridades estatales y federales.
Hoy, que el gobierno federal ha vuelto a tomar el control de Michoacán, bajo el mando del secretario Omar García Harfuch, Ramírez Bedolla se ha vuelvo prácticamente un cero a la izquierda, un gobernador debilitado y cuestionado que nunca tuvo el control del estado y que ahora se limita a acatar las órdenes federales que tuvieron que entrar a instrumentar de urgencia el llamado “Plan Michoacán”, ante el caos y descontrol que desataron las protestas populares contra el gobierno morenista, por no haber apoyado al alcalde de Uruapan que terminó asesinado por los criminales.
Y es que Ramírez Bedolla nunca pudo articular una política de seguridad propia que evitara el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo líder y fundador, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, es originario del municipio de Aguililla, y fue precisamente la excesiva tolerancia —¿o complicidad?— desde el gobierno estatal lo que permitió que el llamado cártel de la 4 letras se metiera a las regiones de Tierra Caliente y la Meseta, comenzando una guerra con los Cárteles Unidos Michoacanos que disparó los niveles de violencia, extorsión y asesinatos en contra de la población civil y de los productores de limón y aguacates en el estado.
En cuatro años que lleva en el cargo, el gobernador morenista ha tenido tres secretarios de seguridad. Comenzó en 2021 con un general prestigiado, José Alfredo Ortega, quien en junio de 2024 fue cuestionado por un movimiento de policías que, exigía su destitución y pedía la salida de “mandos militares” de la secretaria de Seguridad estatal. No obstante, los resultados que había alcanzado el general por su política de combate a los distintos cárteles, con el respaldo de la Sedena, 10 días después de iniciada la protesta policiaca, fue removido del cargo por el gobernador, en medio de versiones de que la agitación de los policías fue promovida desde la misma oficina del gobernador.
Su segundo secretario de seguridad fue un civil, de nombre José Antonio Oseguera, quien ocupaba una subsecretaría de Gobierno en la administración estatal. Oseguera, que modificó y fragmentó la política de seguridad, mostrando una excesiva tolerancia y nula confrontación a los grupos criminales. Los índices de violencia en las zonas más afectadas del estado, como la Tierra Caliente, se dispararon y comenzaron a generalizarse las extorsiones, el derecho de piso y los ataques con drones y minas, al desatarse una pugna territorial entre los Cárteles Unidos de Michoacán contra el Cártel Jalisco Nueva Generación que avanzó en el estado.
En su momento el secretario José Antonio Oseguera fue señalado también por el asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, como cómplice de la impunidad con la que los narcos operan en Michoacán, y al final fue destituido por órdenes federales el pasado 16 de noviembre para dar paso al nombramiento de un policía formado en la Guardia Nacional, de nombre José Antonio Cruz, quien fue impuesto por órdenes del secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, como parte del llamado “Plan Michoacán” que ordenó la presidenta tras el brutal asesinato del alcalde Manzo.
Hoy que el gobierno federal ha tenido que entrar a tomar el control de Michoacán, ante la ineptitud o complicidad de su gobernador, queda cada vez más claro que el gobernador ya es sólo un adorno, y de muy mal gusto, en el Palacio de Gobierno. Tal y como ocurrió en el gobierno de Peña Nieto, cuando mandó desde el centro como comisionado federal a Alfredo Castillo, desplazando y anulando al entonces gobernador Fausto Vallejo, cuyo hijo Rodrigo Vallejo apareció en una fotografía dialogando con los líderes del cártel de los Caballeros Templarios.
La diferencia es que a Fausto Vallejo sí lo hicieron renunciar desde su propio partido y desde el gobierno federal en junio de 2014, cuando el gobernador priista ya debilitado y exhibido por los vínculos inconfesables de su familia con el narco, terminó presentando su licencia definitiva al cargo “por motivos de salud”, mientras que ahora al impresentable de Ramírez Bedolla, la presidenta Sheinbaum lo mantiene como figura decorativa, a pesar del repudio y el rechazo de los michoacanos, mientras en los altos círculos militares se comenta que el gobernador michoacano no sólo fue inepto o timorato, sino que hizo también pactos inconfesables para permitir la impunidad de los capos del narco a los que les cedió el control del estado.
NOTAS INDISCRETAS… La presencia de Ricardo Salinas Pliego en la Casa Blanca, invitado por el presidente Trump a la cena navideña, indigestó y empachó al oficialismo que, por un lado lanzó sus baterías y sus bots en redes sociales en contra del empresario, al grado de que la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, deslizó en un foro de jóvenes morenistas de la Generación “Z” que había que hacer activismo con boicots a las empresas de “aquellos empresarios que no paguen impuestos”, pero por el otro lado la presidenta Sheinbaum se abstuvo de emitir comentario alguno sobre la invitación del empresario mexicano en el festejo navideño de la administración Trump. Y es que no fue sólo que Salinas Pliego haya aparecido, junto con la senadora panista Lilly Téllez en Washington, sino que además, según presumió en sus redes sociales el dueño de Grupo Salinas, también fue invitado por el presidente estadunidense a su residencia de Mar-a-lago en Florida. Tal vez por eso, ante la pregunta que le sembraron, perdón que le hicieron en la mañanera, la presidenta se limitó a decir que Salinas Pliego tiene que pagar 51 mmdp de sus adeudos fiscales y que se le darán los beneficios que marca la ley para que “ojalá pague”, dijo la mandataria. Pero del evidente acercamiento entre Trump y Ricardo Salinas, la presidenta prefirió no decir ni pío, vaya ni siquiera aplicó aquel desprecio de “sin comentarios” que le dedicó en dos ocasiones a la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado. ¿Será que la noticia del acercamiento Trump-Salinas Pliego les cayó de peso en Palacio Nacional?... En el medio financiero mexicano Finsus se presenta al público como una “fintech de nueva generación con vocación de banca digital”. Sin embargo, detrás del discurso tecnológico hay en Finsus redes personales y corporativas que remiten directamente al desaparecido CiBanco, la institución que este 2025 fue objeto de sanciones en Estados Unidos por vínculos con operaciones de alto riesgo asociadas al tráfico ilícito de opioides y lavado de dinero. Las órdenes del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), emitidas bajo la autoridad del FEND Off Fentanyl Act, clasificaron a CIBanco e Intercam como entidades de “primary money laundering concern”, limitando ciertos envíos y recepciones de fondos desde el sistema financiero estadounidense. Y es que Norman Hagemeister Rey, hoy accionista controlador y presidente de Finsus, fue consejero de CiBanco durante varios años y fue parte de la estructura de gobierno corporativo de la institución hoy señalada por autoridades internacionales. Un elemento que ha pasado prácticamente inadvertido es la composición accionaria de Finsus. Documentos disponibles públicamente en el Registro Público de Comercio y de los que esta columna tiene copia muestran que Jorge Rangel de Alba aparece como accionista con aproximadamente el 13.5% del capital social de Finsus. Es decir, quien fue el accionista controlador de CIBanco participa hoy de manera directa como socio relevante en Finsus, una entidad que busca posicionarse como parte de la “nueva banca” mexicana. A esta red se suma otro componente que resulta relevante desde la óptica de gobernanza y supervisión financiera. Aunque la diputada morenista Patricia Armendáriz ha declarado públicamente que ya no forma parte de Finsus tras haber vendido sus acciones a Hagemeister, dicha salida no implicó una desvinculación total de su entorno cercano. En registros corporativos aparecen aún como socios tres familiares directos de la legisladora morenista: Gustavo Alberto Armendáriz, Claudio Rubén Armendáriz y Miguel Ángel Utrilla Armendáriz. La permanencia de estos nombres sugiere que la influencia del grupo familiar continúa presente dentro de la estructura de la empresa. En el contexto internacional actual, los órganos reguladores analizan cada vez con mayor detalle no solo a las instituciones sino a las personas, trayectorias y vínculos detrás de ellas, estos datos adquieren un peso específico con los llamados riesgos reputacionales, antecedentes, relaciones familiares y continuidad de redes de poder. Corresponde a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encabezada por Ángel Cabrera Mendoza, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la titularidad de Rogelio Ramírez de la O, determinar si estos elementos en Finsus han sido valorados con la profundidad que exige el momento que vive el sistema financiero mexicano y su relación con autoridades regulatorias internacionales… La entrevista y el elogioso perfil que publicó ayer el diario The New York Times sobre el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, reafirman la opinión que se tiene en Washington y en la Casa Blanca sobre el trabajo del encargado mexicano de la estrategia de seguridad y combate al narcotráfico. El influyente diario remarca en su descripción del trabajo de García Harfuch que hoy es el hombre de mayor confianza para Estados Unidos y que la cooperación y el intercambio de inteligencia ha permitido al gobierno mexicano dar mayores golpes y bajas a los cárteles de la droga, aunque insisten en que estos son demasiado poderosos y aún no son sometidos por la política de seguridad mexicana. En la entrevista que les concedió el secretario mexicano, los periodistas del NYT le insisten en varias ocasiones sobre las amenazas y advertencias de Donald Trump para una intervención militar armada contra los narcos mexicanos, a lo que Harfuch responde que “contamos con unidades del Ejército y fuerzas especiales altamente capacitadas, ¿para que los necesitaríamos?”, dice sobre el Ejército estadunidense, al tiempo en que insiste que lo que sí necesita México es “información” de la inteligencia norteamericana para continuar con el debilitamiento de los Cárteles, entre los que menciona el caso del Cártel de Sinaloa. Se ve en esta publicación del NYT que la estrategia, el trabajo y la imagen del secretario de seguridad federal sigue llamando la atención no sólo en México, sino también en los Estados Unidos donde García Harfuch se convierte en el hombre de referencia para los objetivos de la Casa Blanca en materia de seguridad y control del narcotráfico… Los dados mandan una Escalera Doble cargada de bendiciones y buenos deseos para los amables lectores en estas fiestas decembrinas. A partir de hoy y hasta el próximo 7 de enero, se guardan los dados en espera de que este cierre de año y el próximo comienzo del 2026, se conviertan en fuente de reflexión, crecimiento y aprendizaje para todos. Un nuevo año es también un nuevo comienzo y deseamos que éste sea positivo para todos los lectores y también para el país. Felices fiestas con salud, trabajo y unión familiar para todos. Hasta el 2026.