Convocada y tratada desde el poder como “única marcha legítima”, la concentración que prepara la Presidencia de la República para “celebrar” lo que ellos consideran “7 años de transformación”, será no sólo una costosa movilización, con cargo al erario, de acarreados procedentes de toda la República, sino que parecerá también un espectáculo macabro de celebración en un país donde la muerte ronda todos los días con 55 asesinatos violentos (2.3 mexicanos asesinados cada hora), donde agricultores y transportistas exigen seguridad y precios justos; donde no hay medicamentos ni tratamientos o camas disponibles en hospitales públicos; y donde 11 mujeres son asesinadas cada día en el territorio nacional.
Ninguna de esas cifras amerita celebración alguna, como tampoco nadie, en su sano juicio o con una visión objetiva de la realidad, celebraría que tengamos 125 mil mexicanos desaparecidos de los que no se sabe paradero ni si viven, mueren o están siendo explotados y esclavizados; o que en el sexenio anterior llegáramos a la cifra récord de 202 mil mexicanos asesinados con violencia, que se suman a 25 mil homicidios del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum; y mucho menos parece digno de celebrar que las extorsiones o cobro de derecho de piso del crimen organizado se dispararan, en los primeros 6 meses de esta administración, a la cifra récord de 5 mil 887 víctimas, sin contar la gran cifra negra que no denuncia ese delito.
Los campesinos, por ejemplo, que hoy cumplen su cuarto día de paros y bloqueos carreteros, en demanda de precios justos de garantía para el maíz y en busca de que se revise la Ley de Aguas Nacionales que les quiere quitar derechos adquiridos en las concesiones de agua de las que depende su actividad, no tienen nada que celebrar, y mucho menos los transportistas o choferes de camiones de carga que protestan con ellos y también bloquean carreteras en demanda del derecho básico de cualquier mexicano: seguridad y orden en las carreteras nacionales para poder trabajar sin ser víctimas de la delincuencia y la extorsión de las autoridades.
Tampoco los médicos y personal de salud de múltiples instituciones u hospitales del sector público encuentran motivo para celebraciones, cuando últimamente han tenido que salir a las calles, hacer paros y marchas para denunciar desde la falta de pagos en el IMSS Bienestar, hasta la escasez de insumos, medicamentos y condiciones dignas para atender a sus pacientes y ejercer su profesión. Como tampoco las cientos de miles de madres y familiares buscadores, que no encuentran a sus hijos ni reciben apoyo, recursos o seguridad del estado en esa búsqueda, y por el contrario, lo único que les da la Presidenta, como lo hizo su antecesor, es la espalda y adjetivos de que su búsqueda cruel y desesperada tiene “tintes políticos”.
Mucho menos los sinaloenses y en particular los culiacanenses querrán celebrar ya un año y dos meses de guerra narca que les ha robado la paz y la tranquilidad y ha colocado a su ciudad como una de las más violentas de México y en donde se dispararon todos los delitos, desde los homicidios violentos, hasta el robo de autos y los feminicidios, a partir de que el gobierno no puede o no quiere terminar con los enfrentamientos de las dos células del Cártel sinaloense que convirtieron al estado y a su capital en territorio de guerra.
Igual que los michoacanos, que siguen enardecidos por los asesinatos de Carlos Manzo y de Bernardo Bravo, y que padecen una violencia cotidiana y un narcogobierno que tolera, auspicia y es cómplice de los cárteles de la droga que se disputan el productivo territorio de Michoacán; ni los guerrerenses, que viven en el miedo constante, la violencia y la extorsión de 7 células criminales que actúan en su territorio; o los jaliscienses que son presas del CJNG que controla y domina todo lo que pasa en el estado; o los tamaulipecos que en su frontera conviven a diario con el miedo y la violencia narca; o los tabasqueños que, con todo y su Miss Universo cuestionada, siguen padeciendo la violencia que les dejó La Barredora y sus exgobernadores Adán Augusto y Carlos Merino. Y así a cualquier estado de la República que se voltee a ver, hay un ambiente de violencia y control del narco, que no amerita celebrarse o festejarse.
Ni siquiera la economía del país, que se encuentra estancada y con amenazas de recesión, tiene nada que celebrar; con una deuda que ha crecido como nunca, una informalidad que ya alcanzó el 54% del empleo; con inversiones extranjeras que se contraen y denuncian la falta de certidumbre por un Poder Judicial politizado y el riesgo de perder o modificar el próximo año a su motor principal que es el TMEC, la economía de los mexicanos no está para festejos, aunque no la de la mayoría, pero sí la de los grandes magnates como Carlos Slim, Alberto Bailleres o Germán Larrea, que han incrementado notablemente sus fortunas con aquellos que pregonaban que “primero los pobres”.
¿Y entonces? Si no existen motivos reales que celebrar para los ciudadanos, los trabajadores, los campesinos y los profesionistas, que por cierto desaparecieron como sectores en el discurso y las prioridades de la llamada 4T, donde sólo se nombra y se ensalza “al pueblo” que es una entelequia amorfa que alude más a una clientela política y de votantes, más que a ciudadanos de carne y hueso que produzcan y contribuyan al crecimiento del país, ¿qué va a salir a celebrar la Presidenta con sus huestes clientelares e incondicionales?
La de este sábado será realmente una celebración del poder, por el poder y para el poder. En la que no importa qué digan, sientan, vivan o piensen la mayoría de los mexicanos, porque lo único que importa es la percepción que tienen los que gobiernan y detentan el poder. Ellos, sus gobernantes, líderes y funcionarios y políticos que viven y se benefician del erario y de la enorme corrupción tolerada e institucionalizada por Morena, llenarán el Zócalo para autocelebrarse, autoelogiarse y autorreconocerse por “7 años de transformación”, una transformación que para ellos ha sido de abundancia y riqueza económica, pero para el país sólo ha traído deterioro institucional, mayor violencia homicida y debilitamiento de la democracia y los equilibrios de poder.
NOTAS INDISCRETAS... Fuentes del Senado confirman que la sesión extraordinaria convocada para este jueves sin revelar el tema a tratar, será para someter a discusión la remoción del fiscal general de al República, Alejandro Gertz Manero. Las fuentes afirman que la mayoría de Morena aprobará el cambio en la fiscalía aun cuando faltan dos años para que termine el periodo de Alejandro Gertz por indicaciones de la Presidencia; entre los nombres de los fiscales que relevarían a Gertz Manero se mencionan dos nombres: el del exministro Arturo Zaldívar, que acaba de cumplir el pasado 15 de noviembre el plazo legal para poder ocupar la fiscalía y la actual consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy... La cuestionada licitación para imprimir las credenciales de elector sigue causando polémica y escándalo dentro del INE. Primero fueron los señalamientos de favoritismo hacia la empresa Litoformas, de los hermanos Hernández Casillas y su relación cercana con la presidenta Guadalupe Taddei, y ahora, fuentes internas del instituto nos comentan que entre los participantes en la licitación internacional se ha invitado a participar a Talleres Gráficos de México (TGM, empresa pública dependiente de la Secretaría de Gobernación como si se tratase de una empresa privada que busca obtener un contrato como licitante). Pero si ya la intención de que un organismo gubernamental concurse con compañías privadas por el millonario contrato representa una violación a la Ley Federal de Adquisiciones, nos dicen que el tema se complica aún más por que TGM no iría sola en su oferta para imprimir las credenciales para votar, sino que lo haría en consorcio con la empresa Cosmocolor, propiedad del empresario Jorge Kahwagi. Ese movimiento, que a primera vista parece administrativo, es a decir de los funcionarios administrativos del INE un cambio de régimen institucional que resulta por demás peligroso, porque TGM no es una empresa ni un competidor privado, sino una entidad pública. El marco jurídico de Talleres Gráficos no deja lugar a interpretaciones y le prohíbe alianzas comerciales con empresas privadas. Su decreto de creación, su estatuto y su manual de organización establecen que solo puede hacer aquello que la ley le permite expresamente. No puede competir en licitaciones públicas internacionales ni asociarse con particulares para buscar contratos derivados de la autoridad electoral. Ahí está la regla y ahí empieza el problema que genera una violación legal que sentaría un precedente peligroso. Si el INE aceptara que un órgano subordinado a Gobernación en consorcio con una empresa privada compita en una licitación pública, rompería su propio Reglamento de Adquisiciones, cruzaría la Ley de Adquisiciones y violaría el artículo 134 constitucional que exige legalidad, neutralidad y competencia equitativa para todos los participantes. El riesgo está en el precedente sembrado. ¿Qué sigue? ¿Que cualquier institución federal participe de forma conjunta con alguna empresa privada de su elección, para asegurar contratos con otras instituciones del gobierno? La alianza de TGM con Cosmocolor violenta las normas y rompe una frontera institucional diseñada justamente para garantizar la libre competencia y la transparencia en las licitaciones públicas. Eso sin contar que la Secretaría de Gobernación no puede imprimir credenciales de elector ni puede tener acceso a la información de los ciudadanos y a sus datos personales para imprimir las credenciales de elector. Tampoco la Segob puede ni debe meterse a los procesos de un organismo autónomo y ciudadano, ni siquiera puede emitir fianzas de cumplimiento, ni ceder su representación legal a una empresa privada en un convenio de participación conjunta. El conflicto de interés es tan evidente como las. violaciones legales. El INE no puede cruzar esa norma ni pasar ese límite, al menos no mientras la ley siga diciendo que es un organismo autónomo y ciudadano, algo que muy pronto, con la reforma electoral morenizada que se prepara desde la Presidencia de la República podría cambiar, pero al menos que muestren un poco de dignidad y de decencia y no se adelanten a entregar lo poco que queda del INE independiente al gobierno federal… Los dados repiten la doble Escalera. Buen tiro.