Desde Palacio Nacional salió la orden de ayudar a dos de los gobernadores que, aunque reconocen ya como “una carga política negativa” para la 4T, decidieron rescatarlos para evitar un colapso en sus estados. A Cuitláhuac García en Veracruz y a Cuauhtémoc Blanco en Morelos, se les está apoyando con todo desde la Federación con una estrategia que incluye el envío no solo de la Guardia Nacional para enfrentar los graves problemas de seguridad, sino en ambos casos, con la intervención directa del gabinete de seguridad federal para lograr la detención y desarticulación de las células del crimen organizado que estaban amenazando incluso la gobernabilidad en ambos estados.
La instrucción fue directa del presidente López Obrador: apoyar a los dos inexpertos mandatarios estatales se volvió un tema de prioridad en las reuniones diarias del gabinete de seguridad en donde se lleva un seguimiento puntual de la situación particular de Veracruz y Morelos, y se coordinan operativos que están permitiendo la detención de líderes del narcotráfico y la desarticulación de los grupos ubicados como “generadores de violencia” en los dos estados.
Parte de esos operativos, coordinados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, fueron las detenciones ocurridas en las últimas semanas en Morelos, a partir de la aprehensión de Santiago Mazari ”El Carrete”, líder de “Los Rojos”, el pasado 2 de agosto en Guerrero y posteriormente la captura también de su hijo, Alexis Oswaldo “N”, así como de los principales operadores de la organización criminal que domina buena parte de Guerrero y Morelos.
Los operativos y el seguimiento directo del gabinete de seguridad federal a Morelos, que fue de hecho el primer estado al que el presidente ordenó atender a los funcionarios federales, comenzaron después de que el gobernador Cuauhtémoc Blanco estuvo de visita en Palacio Nacional y se quejó de que no tenía el apoyo del gobierno federal, a pesar de la complicada situación del narcotráfico y la violencia en su estado. Fue la misma ocasión en que el exfutbolista amagó con pedir licencia al cargo si no se le enviaba apoyo federal y en la que Cuauhtémoc hizo graves acusaciones contra el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer García, de quién se quejó con el presidente de que obstaculizaba las investigaciones contra el exgobernador Graco Ramírez.
En el caso de Veracruz, además del envío de la Guardia Nacional y de los operativos federales, también se decidió desde Palacio Nacional, después de la masacre de Coatzacoalcos, armar una estrategia para ir directamente contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a quien se le abrieron varias investigaciones en la Fiscalía General de la República por acciones irregulares en su breve administración, las cuales están avanzando y podrían generar pronto órdenes de aprehensión contra el exgobernador panista.
Pero, para intentar la detención de Yunes, un político de colmillo retorcido, en la 4T no sólo arman a detalle los expedientes judiciales, sino que antes decidieron echar a andar una estrategia muy parecida a la que implementaron en el caso de los peñistas acusados de corrupción Emilio Lozoya Austin y Rosario Robles, a los que antes de girarles órdenes de aprehensión, primero detuvieron al abogado Juan Collado, que sería el encargado de coordinar su defensa legal. Lo mismo hicieron en Veracruz para empezar la “cacería jurídica” contra Miguel Ángel Yunes: primero destituyeron y acusaron al fiscal general del Estado, Jorge Winckler, que era el encargado de blindar jurídicamente al exgobernador y a todo su grupo político. Una vez removido el obstáculo del abogado defensor, que ya se encuentra prófugo y con orden de aprehensión, ahora sí procederán en cualquier momento contra el “intocable” Yunes Linares.
Así, a pesar de que el presidente y sus colaboradores más cercanos saben y reconocen que tanto Cuitláhuac García como Cuauhtémoc Blanco son dos gobernadores fallidos —al primero lo ven como un hombre “bien intencionado y buen académico, pero sin ninguna habilidad para gobernar”, y del segundo de plano comentan que es “un futbolista frívolo, con problemas de adicciones y dedicado a la fiesta”, mientras en su estado mandan su medio hermano Ulises Bravo y su operador español José Manuel Sáenz, quienes controlan el gobierno y la corrupción desatada en esta administración— la orden presidencial fue tajante: se les tiene que rescatar a los dos, al menos hasta que legalmente se pueda nombrar a un sustituto sin que se tenga que convocar a elecciones en los dos estados, y en espera de que su ineptitud e incapacidad no haga crisis y afecte a Morena en las elecciones intermedias del 2021. Ni hablar, no a todos los gobernadores y estados se les da el mismo trato desde Palacio Nacional: prioridades son prioridades.
NOTAS INDISCRETAS… A propósito de las acusaciones fuertes que le hizo Cuauhtémoc Blanco a Julio Scherer con el mismo presidente López Obrador, allegados al gobernador cuentan que unos días después de que éste se quejara de que desde la Consejería Jurídica se defendía a Graco Ramírez, Scherer buscó en persona a Cuauhtémoc para reclamarle airadamente sus comentarios y “acusaciones sin sustento”. El mismo mandatario dijo que el consejero jurídico negó tener ningún tipo de vínculo y mucho menos defender a Graco, y le exigió que aclarara, directamente con el presidente, que se había equivocado con sus acusaciones. ¿Se disculparía Cuauhtémoc Blanco y aclararía sus comentarios contra el influyente consejero de la Presidencia?...En la disputa por Morena, Bertha Luján y Yeidckol Polevnsky parecen haber hecho ya un acuerdo para enfrentar a Mario Delgado y a Alejandro Rojas Díaz Durán, a quienes ubican como los candidatos de la poderosa dupla Marcelo Ebrard-Ricardo Monreal. Dicen que en la reunión que sostuvieron el pasado fin de semana, Yeidckol y Bertha, que en un principio estaban confrontadas, terminaron negociando un “pacto” según el cual no solo boicotearán el método directo de las encuestas, que no favorecen particularmente a Luján, sino que además impondrán una serie de asambleas y convenciones en las que los delegados, que provendrán de la estructura partidista de las que ambas comparten el control, tendrán la última palabra en la elección del dirigente nacional. De ese modo, Delgado y Rojas llegarían con desventaja a un “método híbrido” que combine encuestas con voto de delegados. Pero el pacto Luján-Polevnsky fue mas allá e incluyó la posibilidad de que la primera pueda llegar a la presidencia del partido y la segunda a ser presidenta del Consejo Nacional, con lo que el control de Morena quedaría asegurado para los grupos de ambas políticas. Como decía el slogan de aquella vieja comedia de teatro: “Entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño”….Los dados mandan Escalera doble. Mejora el tiro.
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