El Frente Amplio por México eliminó ayer de su lista de aspirantes al panista Francisco García Cabeza de Vaca y a los perredistas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, con lo que solamente quedaron en la contienda interna por la nominación presidencial opositora dos panistas, Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, y dos priistas, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, una cuarteta de precandidatos que inevitablemente revivirá la percepción de que al final la definición de la candidatura opositora siempre estuvo en manos del PRI y del PAN, la dupla a la que el presidente López Obrador bautizó como el PRIAN.
El argumento para que al final la postulación se defina solo entre priistas y panistas, fue que los tres aspirantes eliminados, Cabeza, Mancera y Aureoles, sí cumplieron con más de 150 mil firmas válidas, pero no acreditaron el otro requisito de que esas firmas correspondieran a ciudadanos de al menos 17 estados de la República, por lo cual fueron eliminados del proceso interno.
Ayer mismo los tres eliminados reaccionaron adversamente a la decisión del Comité Organizador del Frente. Los dos perredistas fueron los más duros en su respuesta: “Lo lamento mucho. Desconozco en qué esfera de poder se tomó la decisión”, dijo el senador Miguel Ángel Mancera, quien se quejó de que no valoraran el apoyo que recibió de más de 190 mil ciudadanos que le dieron su firma, mientras que Silvano Aureoles dijo respetar, pero no compartir la decisión de eliminarlo porque “es injusta, deja muchas dudas”. El exgobernador de Michoacán amagó con “acudir a las instancias que considere necesarias”, al tiempo que convocó a sus seguidores a reunirse el próximo domingo en Michoacán para determinar cómo procederán “porque esto afecta el rumbo y la solidez del Frente”.
Más condescendiente, el panista Cabeza de Vaca, quien nunca vino a México en lo que va del proceso y registró y promovió su aspiración desde los Estados Unidos donde radica, aceptó que “reglas son reglas”, aunque expresó que hubiera deseado que el Comité fuera más flexible con los tiempos que dio a los aspirantes para recabar las firmas. El exgobernador de Tamaulipas se libra así del compromiso que había hecho públicamente para acudir personalmente al primer foro de debate que sostendrán este jueves los aspirantes del Frente y con ello también libra el riesgo de ser detenido por la Fiscalía General de la República en cuanto pise territorio nacional.
El caso es que al final el proceso interno del Frente Amplio sigue acumulando reclamos y descalificaciones de sus propios participantes. No son menores las acusaciones que hizo el ahora expanista Jorge Luis Preciado, quien el lunes anunció su renuncia al PAN y su decisión de bajarse también del proceso interno porque, según dijo, no le validaron sus firmas y cuando se quejó con la empresa Hubox, encargada de manejar la plataforma para procesar las firmas, no recibió respuesta, por lo que acusó “manipulaciones para bloquear a algunos aspirantes y beneficiar a otros”.
Incluso, Preciado aseguró que Marko Cortés, el dirigente nacional del PAN, cuando se quejó con él de las fallas en la plataforma, le dijo que “ya todo está definido, que sólo pasarán a la siguiente ronda Xóchitl, Beatriz y Creel, y que Xóchitl será la candidata”. Ayer mismo el colimense presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que le pidió un “Juicio para la protección de derechos político-electorales de la ciudadanía” para que sancione las “omisiones en el procedimiento para la selección de la persona responsable para la construcción del Frente Amplio por México”.
Por ahora, mañana la cuarteta de aspirantes del PRI y el PAN que pasaron a la segunda etapa participarán en un primer Foro organizado por el Frente y la próxima semana, el 16 de agosto, habrá una nueva depuración para que solo 3 de los cuatro actuales pasen a la última fase del proceso en el que se levantarán las encuestas y se realizará la votación directa de la ciudadanía que se haya inscrito previamente para votar por quien debe ser el candidato o candidata del frente opositor.
Veremos al final cómo termina este proceso que promete tener ya un candidato o candidata seleccionada para el próximo 3 de septiembre, adelantándose incluso a la decisión que tomarán en Morena. Por ahora van quedando claras dos cosas: la primera que el PRI-AN, del que tanto habló López Obrador, está tomando forma al final de esta contienda interna de la oposición; y la segunda, las acusaciones de los propios aspirantes eliminados de que puede terminar siendo un proceso arreglado para favorecer a la puntera en todas las encuestas, la senadora Xóchitl Gálvez.
NOTAS INDISCRETAS… Ahora que empezó la cacería de “fiscales incómodos” por parte de la 4T, fuentes muy bien informadas del gobierno nos aseguran que al fiscal Uriel Carmona, de Morelos, que ya fue vinculado a proceso por un presunto encubrimiento de un feminicidio, se le sumará en las próximas semanas el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, a quien le están preparando ya una carpeta en la Fiscalía General de la República, justo después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declarara “inamovile” y rechazara el martes, por unanimidad, la inconstitucionalidad de la reforma a la constitución tamaulipeca con la que el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y la mayoría panista en el Congreso local, blindaron al polémico fiscal Irvin Barros para que sólo pudiera ser removido por el voto de dos terceras partes de los diputados locales. Tal y como lo hizo en su momento Cuauhtémoc Blanco, el gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal, también le ha solicitado al presidente que lo apoye y le ayude a deshacerse del fiscal que, si bien tiene relación institucional con el actual gobierno de Morena, parece seguir obedeciendo las órdenes y consignas del exgobernador Cabeza de Vaca. Las fuentes nos dicen que serán tres las carpetas que le buscan abrir al fiscal tamaulipeco desde la FGR: la primera se refiere al “Michoacanazo”, aquel fallido proceso judicial con el que se detuvo a 11 alcaldes de municipios michoacanos y a 16 altos funcionarios estatales acusados de vínculos con el narcotráfico en mayo del 2009. Fue justamente Irving Barrios, como subprocurador de la PGR en el gobierno de Felipe Calderón quien armó ese expediente que terminó con la liberación y exoneración de los alcaldes y funcionarios acusados y detenidos y por el que ahora acusarán del delito de “tortura” al actual fiscal de Tamaulipas, con base en el testimonio de varios de los detenidos en aquella fecha, que acusan que fueron objeto de tortura y señalan directamente al entonces subprocurador Barrios Mojica de haberlos torturado. El segundo expediente que ya le tienen armado se refiere a la muerte del exdiputado Pedro Carrizales, conocido como “El Mijis”. El martes pasado la activista Frida Guerrera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del fiscal de Tamaulipas Irving “N”, por el posible “encubrimiento del homicidio” del Mijis, quien según la Fiscalía de Tamaulipas murió en enero de 2022 en un accidente automovilístico en la carretera de Piedras Negras a Nuevo Laredo. La muerte habría ocurrido, según el informe oficial, dos horas después de que Carrizales había sido detenido por policías ministeriales de la Fiscalía tamaulipeca. Más de un año después no hay avances en la investigación de la muerte del exdiputado y con base en ello, en la denuncia de la activista Guerrera se presume que el fiscal Barrios encubrió un presunto homicidio y se le acusa de delitos contra la administración de la Justicia. Y finalmente el tercer expediente que le armarían al incómodo fiscal tiene que ver con una investigación suya, la que realizó por el asesinato del columnista Carlos Domínguez ocurrido en 2018. En aquel caso la Fiscalía de Tamaulipas acusó a cinco presuntos culpables del asesinato y entre ellos estaba el exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas. Después de un año de proceso, un Tribunal de Enjuiciamiento revisó la investigación de la Fiscalía y concluyó que había “insuficiencia probatoria” por lo que ordenó la liberación inmediata de los detenidos y los exoneró de las acusaciones, a lo que siguieron denuncias de varios de ellos por “fabricación de culpables y de testigos”, pues el caso que dirigió el fiscal Irving Barrios se basó en el testimonio de un “testigo protegido”. Así que materia hay y mucha si es que en la 4T ya tienen en la mira al fiscal de Tamaulipas. Y después de ver lo que hicieron con el fiscal Uriel Carmona de Morelos, más vale que en Ciudad Victoria, concretamente en el despacho principal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, pongan sus barbas a remojar… Los dados mandan Capicúa. Repetimos el tiro.
