A Huerta y a Toledo les dieron tiempo de huir

El desafuero de los diputados Saúl Huerta, de Morena, y Mauricio Toledo, del PT, el primero acusado de violación de un menor y el segundo de corrupción y enriquecimiento ilícito, se consumó finalmente ayer y ambos podrían ser detenidos y procesados penalmente por los delitos graves que les imputa la Fiscalía de Justicia de la CDMX; solo que hay un pequeño problema: todo indica que el morenista y el petista ya se dieron a la fuga y que los casi cuatro meses que se tardó la mayoría de Morena en procesar el juicio de desafuero en la Cámara de Diputados, les permitió huir y esconderse de la justicia hasta con cierta tranquilidad.
 
En el caso de Mauricio Toledo, quien ayer incluso se dio el lujo de dejar sin efecto el juicio de desafuero en su contra, al solicitar licencia definitiva para separarse del cargo de diputado federal, se confirmó que ya no está en México y que desde el 26 de julio pasado abandonó el país y tomó un avión con rumbo a Santiago de Chile, en donde estaría radicando y desde donde ha estado dando entrevistas a medios de comunicación y ha mantenido contacto con sus abogados mexicanos para su estrategia de defensa ante los delitos de corrupción que le imputa la Fiscalía capitalina por la compra de dos propiedades cuyo valor supera sus ingresos como jefe delegacional de Coyoacán de 2012 a 2015.
 
De Saúl Huerta nadie conoce en estos momentos su paradero y en Puebla, la ciudad de donde es originario y donde se ubica el distrito 11 por el que fue electo diputado, periodistas locales afirman que “nadie lo ha visto por acá ni se sabe de su familia. Hace tiempo que dejó de contestar su celular”. La Fiscalía reportó que desde ayer tiene listo un operativo de búsqueda y localización, aunque no dio mayores datos sobre si tienen ubicado al diputado morenista, de quien ayer informaron en San Lázaro que drogaba a sus víctimas, todos ellos varones menores de edad, con etanol para poder abusar sexualmente de ellos.
 
Y es que en los casi cuatro meses que transcurrieron desde que el diputado Huerta fue denunciado por los padres de “Cristopher” el 21 de abril pasado, día que incluso estuvo detenido y declaró ante la Fiscalía de la CDMX, el legislador tuvo tiempo de sobra para planear su estrategia de huida. Los primeros días después de que cometió su delito y lo denunciaron penalmente y en los medios, su compañero y amigo poblano, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, desestimó las graves acusaciones en su contra, diciendo que eran “cosas de la vida personal” de las que él no podía opinar ni juzgar. Luego, el 27 de abril, cinco días después de que le abrió una carpeta de investigación por el delito de abuso sexual en contra de un menor de edad, la Fiscalía solicitó formalmente el desafuero de Saúl Huerta y lo empaquetó con el del legislador petista Mauricio Toledo.
 
A partir de ahí todo fueron pretextos, burocratismos, extrañas ausencias de diputados en la Sección Instructora cuando se iban a votar los juicios de procedencia de Huerta y Toledo. Morena pasó del discurso de que ellos “son diferentes” a retrasar y posponer en varias ocasiones la declaratoria de procedencia para que sus dos legisladores afines, uno militante y el otro aliado del PT, pudieran ser desaforados y se les pudiera procesar penalmente por los presuntos delitos graves que cometieron. Primero Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, aceptó posponer el análisis de las solicitudes de desafuero en el último periodo de sesiones que concluyó el 30 de abril, con el argumento de que “ya no daba tiempo para seguir todo el procedimiento legislativo”.
 
Aquel último día de abril, cuando la Cámara se erigió en jurado de Procedencia, sólo se discutió y aprobó el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y a Toledo y a Huerta, se dijo, se les procesaría en un periodo extraordinario de sesiones. Pero pasaron los meses y cada intento de proponer el desafuero de los dos diputados afines a la 4T en la Comisión Permanente se topaba con un boicot de diputados del PT, tal y como ocurría también en la Sección Instructora, donde se presume que diputadas del Partido del Trabajo, como María del Carmen Bernal o la priista Claudia Pastor, fueron presionados o coaccionadas por el propio Toledo para obstaculizar el dictamen de desafuero que finalmente fue aprobado por la Sección Instructora el 11 de julio.
 
Un mes le tomó a la Comisión Permanente poder convocar a un extraordinario para votar el desafuero de los dos legisladores por el boicot de legisladores morenistas y el PT a varios intentos por hacerlo, el más reciente y sonado ocurrió el 27 de julio en la sesión de la Permanente en el Senado, en donde el tema del desafuero de los dos legisladores se mezcló con otros asuntos como la ley del outsourcing y el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, lo que entrampó los acuerdos e hizo que congresistas de Morena, del PRI y del PAN se enfrascaran en un debate que terminó por impedir que el asunto de los diputados procesados se incluyera en un periodo extraordinario.
 
Aquel hecho incluso ocasionó que unos días después, públicamente, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, le reclamara al líder del Senado, Ricardo Monreal, no haber incluido el desafuero en el extraordinario, reclamo que fue rechazado por el zacatecano, en una clara muestra de que el tema del diputado violador dividió también a Morena y a la 4T entre los que querían que se le desaforara y los que oponían resistencia.
 
Así que hoy, cuando desde Morena y la 4T presuman y se ufanen de que, “a diferencia de los del pasado, nosotros no permitimos la impunidad ni protegemos a delincuentes, aunque sean de nuestras filas”, habrá que concederles solo una parte de esas afirmaciones. Porque es verdad que, en el pasado, el PRI y en ocasiones el PAN, se caracterizaron por proteger siempre las espaldas de los suyos y nunca procesaron solicitudes de juicio político y desafuero que se acumularon por decenas en la Cámara de Diputados. Pero también habría que decirles a los morenistas, que retrasar y alargar un proceso que pudieron desahogar en unas semanas y llevarlo a casi cuatro meses, también es una forma de proteger a presuntos delincuentes de su partido a los que se les dio la oportunidad de huir de una orden de aprehensión.