En momentos en que el país enfrenta una pandemia mundial y a contracorriente de otras naciones que invierten más en esta coyuntura en la investigación científica para enfrentar el impacto del coronavirus, el gobierno de México está recortando los recursos a todas las instituciones dedicadas a la investigación científica en el país, al aplicarles las mismas medidas de austeridad obligatoria que a otras dependencias burocráticas, como la reducción del 50% de todos sus recursos y la extinción por decreto de los fideicomisos públicos que financiaban también a instituciones científicas.
Con este doble golpe, por un lado la desaparición de fideicomisos que financiaban proyectos de ciencia e investigación, y por otro el recorte de la mitad de su presupuesto autorizado para este 2020, decenas de proyectos y protocolos de investigación tendrán que ser reducidos, pospuestos o de plano cancelados, ante la drástica reducción de recursos que sufrirán las de por sí reducidas instituciones científicas en el gobierno de López Obrador.
Un ejemplo de esta severa disminución presupuestal a la investigación científica es lo que ocurre en estos momentos en el Cinvestav , uno de los centros de investigación científica y tecnológica más importantes del país, y cuyo director, José Mustre de León, reconoce que, derivado del decreto presidencial que extinguió todos los fideicomisos públicos sin estructura administrativa, además de la también instrucción presidencial, a través de la Secretaría de la Función Pública, de reducir el 50% del presupuesto de gastos de operación y servicios, “estas medidas impactarán en forma severa la actividad institucional en lo que resta del ejercicio 2020”.
En un oficio que dirigió a los investigadores del centro científico, adscrito a la SEP , el director Mustre de León les narra la forma en que, primero les afectó, el decreto publicado el 2 de abril en el Diario Oficial de la Federación , que junto con otros casi 300 fideicomisos, ordenaba extinguir el “Fondo de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico del Cinvestav”, que a la fecha tenía un saldo de 74 millones de pesos. Ante la petición directa que recibió el 3 de abril de la Presidencia de la República para que iniciaran la desaparición del fondo y entregaran esos recursos, el director pidió a la Dirección General de Presupuesto de la SEP que se pidiera una excepción al decreto presidencial, por tratarse de un fondo de investigación científica que tenía proyectos y convenios firmados para apoyar distintas actividades de fomento tecnológico y científico.
Para tratar de salvar esos recursos del Cinvestav y mantener sus proyectos, el director comenta que se tuvieron que elaborar una serie de escritos y explicaciones detalladas de las “prioridades de financiamiento” con el apoyo de la Unidad de Administración y Finanzas, de la Dirección General de Presupuesto y de la Dirección General de Educación Superior Universitaria , todas ellas de la SEP, y que finalmente se tuvo que presentar un listado detallado, desglosando los proyectos vigentes apoyados por el Fideicomiso, proyectos que tuvieran un impacto inmediato contra el combate de Covid-19. Con base en eso, dice José Mustre, el 8 de abril, la Subsecretaría de Educación Superior comunicó al Cinvestav que se había finalizado la solicitud para su envío a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y que en ella quedaban comprometidos 58.1 mdp en proyectos prioritarios y quedarían a disposición de SHCP 15.8 mdp.
Adicional a todo eso le pidieron enviar después una “justificación jurídica y no solo académica y presupuestal”, a petición de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, la cual ya fue enviada, y ahora tiene que esperar la resolución de Hacienda en los próximos días para saber si aceptan dejarle los recursos para sus proyectos prioritarios en ciencia y tecnología. Por cierto, en el mismo oficio, el director del Cinvestav menciona cómo en esta contingencia sus investigadores, en especial del Laboratorio de Bioseguridad, realizan acciones inmediatas para el combate del Covid-19, como el programa de aplicación de pruebas moleculares al personal médico del ISSSTE expuesto a pacientes de Covid-19 y la certificación de pruebas rápidas en muestras serológicas, solicitadas por la SRE, para evaluar la compra de insumos para el gobierno federal. Esto, cuando menos del 5% del total de la comunidad del Centro está presente para tener una operatividad mínima.
Pero cuando aún no saben si la Oficialía Mayor de Hacienda les respetará al menos los 58.1 millones de su fondo, en el mismo oficio José Mustre de León informa a los investigadores que también el 8 de abril la Secretaría de la Función Pública les ordenó reducir en 50% sus gastos de operación y servicios y les pidió cancelar pagos por conceptos no contratados. “La SEP nos ha indicado que debemos acatar esta medida… También tuvimos la reserva de recursos en el concepto de viajes y viáticos por parte de la SHCP y el cierre temporal de la plataforma de ejercicio de recursos. Ciertamente estas medidas impactarán en forma severa la actividad institucional en lo que resta del ejercicio 2020. Durante la semana que entra tendremos un panorama más claro de la aplicación de esta medida y trataremos de gestionar alguna excepción a la misma”, concluye el director del Cinvestav en su comunicación.
Así que, aunque se entiende la austeridad y los recortes necesarios para destinar recursos a la atención urgente de la pandemia por Covid, lo que no se entiende es que a organismos e instituciones dedicadas a la investigación científica y tecnológica, que deberían ser indispensables en momentos en los que el país debe desarrollar soluciones científicas y técnicas para una emergencia sanitaria, se les dé el mismo trato que a otras áreas burocráticas del gobierno. ¿Cómo aspirar a desarrollar una vacuna para el coronavirus o a fabricar nuestras propias tecnologías médicas para la emergencia, si se está golpeando a las ya maltrechas y recortadas instituciones científicas mexicanas?
NOTAS INDISCRETAS…
Empresarios y gobernadores rebeldes se le van a convertir en un problema adicional al gobierno federal en medio de la parte más crítica de la emergencia sanitaria. Por un lado, al caso de Tamaulipas, donde 20 mil empresas pequeñas y medianas afiliadas a la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y Servicios Turísticos, se declararon desde el viernes en “huelga de pagos” de impuestos y contribuciones federales, estatales y municipales, y se niegan a pagar IVA, ISR, ISN y predial, entre otras contribuciones, ahora otros organismos empresariales en distintos estados del país preparan declaraciones similares. Y si a eso se le suma a los gobernadores del noroeste, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, además del de Jalisco, Enrique Alfaro, que empiezan a presionar por un cambio urgente al Pacto Fiscal con la Federación, el asunto no pinta nada bien, sobre todo cuando estamos por enfrentar el golpe más fuerte por contagios y enfermos de Covid-19. ¿No será que se puede hacer una tregua, pero una en serio no como las que pide por la mañana el presidente López Obrador y él mismo las rompe por la tarde, para dejar todos esos problemas y reclamos para más adelante mientras unimos fuerzas para salir de la pandemia? Es pregunta… La muerte de Jaime Ruiz Sacristán, aunque no fue por el Covid, sí estuvo relacionada con su internamiento de más de un mes tras haber dado positivo al coronavirus. El presidente de la Bolsa Mexicana pasó un mes en terapia intensiva, luego de aquel regreso de Vail, junto con otros empresarios como José Kuri, en el que ambos y sus familias regresaron contagiados. Tras un mes de cuidados hospitalarios, había sido dado de alta y ya no tenía el Covid en su organismo, pero las secuelas del largo internamiento le provocaron una falla renal que terminó costándole la vida, según fuentes de la familia del financiero. En la BMV ya preparan su sucesión…La salud de Elba Esther Gordillo se mantiene delicada, tras la segunda operación de emergencia que tuvieron que hacerle en el tracto intestinal. La maestra está en terapia intensiva…Los dados mandan Serpiente doble. Tercera semana de aislamiento.
