Otra víctima de la mal llamada “austeridad republicana” en el sexenio del expresidente López Obrador fue sin duda la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Desde la modificación legal de 2019, que le impuso vetos laborales de 10 años y disminución de sueldos a sus funcionarios, el organismo encargado de vigilar y supervisar al sistema bancario mexicano y prevenir y detectar los casos de lavado de dinero, entró en crisis y disminuyó su eficiencia y capacidad de supervisar a las instituciones bancarias del país.
Tras la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana, para el 2020 la CNByV había perdido a buena parte de su personal calificado y certificado, parte porque casi el 20% de directivos y colaboradores renunciaron por no aceptar los cambios legales, y encima de eso en el presupuesto federal de aquel año le recortaron 101 plazas de rango medio y alto como directores y subdirectores de área, lo que debilitó todavía más al organismo rector de la actividad bancaria y bursátil, que bajo las administraciones de la 4T pasó de ser un organismo garante de la confiabilidad y legalidad del sistema de bancos, a un riesgo grave en la actual coyuntura económica, donde se observan escenarios cada vez más adversos para la economía mexicana.
Porque justo cuando estalla el escándalo de los dos bancos, CI Bank e Intercam, junto con la Casa de Bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo, tras ser señalados como sospechosos de lavar dinero para los principales cárteles de la droga mexicanos por parte del FinCen, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se exhibe la fragilidad y la ineficacia de la CNByV, que a pesar de los constantes rumores que circularon entre los bancos e incluso en la última convención bancaria del pasado 8 de mayo, no pudo o no quiso detectar a tiempo las transferencias y depósitos observados por la administración de Donald Trump.
El tema no se limita a criticar o cuestionar el desempeño de la CNByV y de su actual presidente Jesús de la Fuente, quien en los cuatro años que lleva al frente del organismo ha entregado los peores resultados, sino que va más allá y pone en riesgo a todo el sistema financiero, en momentos en que México y su gobierno enfrentan las presiones políticas, económicas y financieras de la Casa Blanca. No fue casualidad que el mismo día que el FinCen emitió su reporte señalando de lavadores a tres instituciones bancarias mexicanas, desde el Congreso de Estados Unidos la Fiscal General de ese país, Pam Bondi, declarara que México ya está en la lista de los países “enemigos” de los Estados Unidos por ser una amenaza para sus ciudadanos.
Al mismo tiempo, Pemex se ha convertido en otra amenaza latente para las finanzas públicas del país, al pasar de ser el mayor contribuyente fiscal del erario, a convertirse en su principal carga fiscal, comprometiendo cerca de 2 billones de pesos anuales del Presupuesto Federal, solo para pagar los intereses de la deuda contraída para subsidiar a la empresa petrolera.
En esos escenarios, la permanencia del abogado Jesús de la Fuente ya está teniendo altísimos costos para los mexicanos, porque la CNByV debió haber evitado el cierre de siete SOFIPOs en los últimos tres años, dejando sin ahorros a millones de mexicanos de clase popular. El desfalco de Alkimia por más de 1,500 millones de pesos, empresa a la que se permitió operar como IFPE pese a haberle negado la autorización; y a todo eso se suman ahora los tres bancos mexicanos incluidos recientemente en la lista negra del FINCEN.
Porque los problemas de la Comisión Bancaria no son sólo hacia afuera, en su labor reguladora y supervisora, también hacia adentro de la institución se presume una red de corrupción y encubrimiento, que ha permitido que a pesar de existir diversas acusaciones por corrupción, sobornos e incluso acoso sexual contra varios de sus funcionarios y directivos, ni el Órgano Interno de Control ni el Comité de Ética —a cargo de Hugo Huesca y José Ramón Canales, respectivamente— cumplen sus responsabilidades.
El amiguismo y la protección, que aplica aquello "del 90% de lealtad" y 10% de capacidad, explican el nombramiento y permanencia del doctor De la Fuente que además protege al Director General de Supervisión SOFIPO, Armando Martínez Ramírez, quien ha enfrentado denuncias públicas por corrupción que el Órgano Interno de Control no ha investigado. Martínez también ha sido acusado de acoso y de tener "novias" en la nómina de la CNBV, sin que el Comité de Ética actúe. Dos vicepresidentes (Jorge Pellicer y Esther Ramírez) fueron removidos por corrupción flagrante en casos donde Martínez era el principal implicado, y tampoco hubo consecuencias.
Entre los errores y descuidos que se atribuyen al actual director de la Comisión Bancaria está el haber tardado demasiado en intervenir CAME, permitiendo que sus directivos desviaran más de 2,000 millones de pesos de ahorradores mediante pagos anticipados a proveedores. Todo esto ocurrió bajo la supervisión de Armando Martínez, quien autorizó estos pagos conociendo la crisis y con los ahorradores ya sin acceso a su dinero. Tampoco han actuado oportunamente con Kubo SFP, que presenta faltantes de capital cercanos a 400 millones de pesos y una cartera muy deteriorada. ¿Esperarán a que el problema alcance también miles de millones?
Y si la ineficacia y el descontrol continúan, ya se escucha entre los banqueros del país que hay al menos tres sociedades financieras más del país que están en la fila de posibles desfalcos ante la permisividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué esperan el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y la presidenta Sheinbaum para cambiar a Jesús de la Fuente y poner a un nuevo director que enderece el barco y evite que la falta de supervisión y regulación adecuada en el sistema financiero desencadene una crisis mayor en la economía del país que hoy se ve prendida de alfileres?
NOTAS INDISCRETAS…
Si ya las negociaciones y dichos de Ismael “El Mayo Zambada” con el gobierno de Estados Unidos había puesto nerviosos y alterados a los políticos mexicanos que establecieron vínculos con el capo sinaloense, ahora lo que estará diciendo Ovidio Guzmán “El Ratón” al Departamento de Justicia, en su papel ya oficial de “testigo protegido”, debe de ser tan fuerte y escandaloso, sobre sus amigos y apoyos políticos dentro de los gobiernos mexicanos, que al hijo del Chapo le han dado un trato visiblemente obsequioso las autoridades estadounidenses. Primero le llevaron a toda su familia y la recibieron en la frontera con México sin siquiera avisarle al gobierno de la doctora Sheinbaum; y ahora, la Corte Federal de Nueva York anunció la cancelación del juicio que tenía pendiente el joven capo mexicano, quien firmó una declaración de “culpable” de los delitos que le imputaba la corte neoyorquina, para pedir que todo su proceso se lleve en el Distrito de Illinois, donde está detenido. Es decir, que a Ovidio le están dando todo lo que pide a cambio de la información que ya empezó o empezará a entregar a los Estados Unidos. Parece que el joven "Ratón" tiene habilidad para doblegar gobiernos, porque primero lo hizo con el del presidente López Obrador, a quien dobló aquel 17 de octubre de 2019 durante el “Culiacanazo”, donde el ahora expresidente reconoció ocho meses después que él dio la orden personalmente de liberar a Ovidio, cuando ya había sido detenido por una célula de élite del Ejército, lo que le valió al hijo del Chapo para seguir operando libremente el tráfico de fentanilo y otras drogas hasta el año de 2023, cuando fue detenido en Culiacán y extraditado a los Estados Unidos, es decir que López Obrador le regaló tres años más de impunidad. Y ahora, que la justicia estadounidense lo tiene en su poder, Ovidio volverá a ser protegido a cambio de que informe sobre sus operaciones y relaciones de narcopolítica que le permitieron operar impunemente durante cinco de los 6 años del sexenio obradorista. No cabe duda que el Chapito es un tipo con suerte…Se baten los dados. Capicúa y repetimos tiro.