En los siguientes dos días confluyen en el Poder Judicial de la Federación dos asuntos sobre los que deberán pronunciarse ministros y magistrados electorales, cuyas decisiones mayoritarias tendrán un impacto indiscutible en la vida política y democrática del país. Por un lado, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy se somete a discusión y votación la Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes de la República, que propone y promueve el presidente López Obrador , y por el otro lado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se vota mañana viernes si se da o no la razón a los nuevos partidos políticos a los que el INE les negó el registro, en particular el de Margarita Zavala y Felipe Calderón.
En el primer caso, la decisión que tomará la Corte sobre si la consulta solicitada por el Senado de la República a petición del presidente, definirá si ese ejercicio es o no constitucional y si la pregunta con la que se pretende consultar a los mexicanos se apega también a la Carta Magna . El sentido del voto mayoritario de los ministros será un buen referente para conocer qué tanto grado de autonomía mantiene aún el Poder Judicial con respecto del Poder Ejecutivo, pues un sector importante de los juristas y especialistas en derecho constitucional consideran que un ejercicio de consulta para enjuiciar a los expresidentes de la República no sólo es innecesario desde el punto de vista jurídico, porque se les podría enjuiciar sin consulta, sino que además plantea una violación a las garantías individuales de los exmandatarios.
Si la mayoría de los ministros decide declarar constitucional la Consulta y la pregunta de López Obrador, estarán validando y apoyando una maniobra que, más que jurídica o constitucional es política y que tiene un cálculo eminentemente político y electoral, puesto que sin ninguna duda la mayoría de la población se pronuncia a favor de que se enjuicie a cualquier político, pero especialmente a los expresidentes de la República, figuras hasta ahora intocables y que, en el imaginario colectivo simbolizan la máxima representación del abuso de poder y la corrupción que hemos padecido históricamente los mexicanos.
Para decirlo claramente: si la Corte le da por mayoría luz verde a la Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes, estarían mandando una señal de respaldo al presidente y a su política de maniobras y ocurrencias políticas con las que busca mantener el apoyo y la simpatía popular. Un voto mayoritario de los ministros en ese sentido, sería un guiño al inquilino de Palacio Nacional, quien además ha estado mandando mensajes de presión a la Corte, diciendo que tienen “que votar en conciencia” y que si rechazan la Consulta “ellos tendrán que asumir las consecuencias”.
Por otro lado, declarar inconstitucional el ejercicio que propone el presidente mandaría una señal de que aún con la influencia innegable que ha logrado con los ministros que ha propuesto y que han sido electos por el Senado y con la cercanía y simpatía que ha mostrado el actual ministro presidente Arturo Zaldívar hacia el proyecto de la 4T, López Obrador no tiene el control total del Poder Judicial y la Corte y sus demás instancias, aún representan un contrapeso real para un Ejecutivo cada vez más empoderado y con actitudes de avasallamiento al resto de los poderes y contrapesos autónomos del sistema político mexicano. De ese tamaño es la decisión que hoy tomarán los ministros y que nos permitirá saber si le queda aún algo de autonomía al Poder Judicial.
En el caso de los magistrados electorales, entre los asuntos que se definen en su sesión privada de mañana están las impugnaciones presentadas por el partido México Libre en contra de la decisión del INE de negarle el registro por presuntos financiamientos no identificados. La votación de los siete magistrados determinará si la corriente política de oposición al actual gobierno, que encabezan el ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala podrá o no obtener el registro oficial para participar en las elecciones parlamentarias de 2021.
Para nadie es secreto y tampoco para los ministros la enorme rivalidad política existente entre el matrimonio Calderón y López Obrador, el cual quedó plenamente manifiesto en los comentarios de burla y sarcasmo que utilizó el presidente para referirse a la negativa del registro que dio el INE a México Libre. Hoy será interesante ver en qué sentido votan los magistrados electorales y con qué argumentos rechazan o validan la constitución del partido político del calderonismo y si el mayor adversario político del actual gobierno podrá o no estar en las boletas electorales del 2021.
Durante décadas, sobre todo en el viejo régimen priista, el Poder Judicial de la Federación estuvo sometido y subyugado a los designios de los presidentes en turno; la cosa no cambió mucho en los dos sexenios del PAN, aunque los ministros y la Corte adquirieron tanta relevancia en la vida pública en los últimos años, que por momentos se permitieron hacer sentir su fuerza e independencia como un poder real del Estado mexicano. Hoy en la 4T no queda claro todavía si el presidente López Obrador ha logrado, como lo ha hecho ya con muchos de los poderes autónomos, someter y controlar a la Suprema Corte o si los ministros reivindican con hechos, y no solo con discursos, su independencia. Y la votación de este jueves será un buen referente para saber la respuesta a esa incógnita.
NOTAS INDISCRETAS…
De todo lo que dijo ayer el canciller Marcelo Ebrard en la conferencia mañanera, sobre el caso del nombramiento ilegal de la embajadora Luz Elena Baños como embajadora eminente, la mayor parte son mentiras. El canciller afirmó que el nombramiento “nunca se le notificó” a la diplomática. Y en esta columna publicamos desde el pasado 19 de septiembre, el oficio DSE/DG/0327/2020 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fechado el 28 de agosto pasado, en el que claramente le informan a Luz Elena Baños Rivas, representante de México ante la OEA que “se le otorga el nombramiento como Embajadora Eminente, con efectos retroactivos al 10 de julio de 2020”. En el oficio, del que esta columna tiene copia, y que firma Moisés Poblano, director General del Servicio Exterior y Recursos Humanos de la cancillería, se dice textual que “por acuerdo del Presidente de la República y de conformidad con lo establecido en los artículos 24 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y el 133 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano” se le concedió ese nombramiento por el cual incluso la felicita en el mismo oficio el funcionario que la notifica oficialmente. Luego el canciller dijo que “no se suspendió” ese nombramiento, y también en la misma fecha publicamos el correo electrónico, del cual también tenemos copia, en el que la misma Dirección del Servicio Exterior Mexicano y Recursos Humanos, les pide a diversas áreas de la SRE que suspendan los efectos del mencionado oficio DSE/DG/0327/2020. El correo dice textual: “PARA CONOCIMIENTO// COPIA PARA CONOCIMIENTO DEL OFICIO DSE/DG/0327/2020: “Se agradecerá hacer caso omiso de esta comunicación y suspender los efectos conducentes del oficio enviado”. Y entonces canciller, ¿cómo que no se suspendió ni se notificó el nombramiento ilegal de la embajadora Baños? Porque al final eso es lo más delicado de lo que ayer dijo el canciller enfrente del presidente: que el nombramiento de Luz Elena Baños, que no cumple con la Ley del SEM que en su artículo 22 establece que sólo podrán recibir ese nombramiento “aquellas personas que tengan una antigüedad mínima de 10 años como embajadores”. Y la diplomática Baños fue nombrada embajadora en 2018, aun cuando tenga, como dijo Marcelo, 48 años de trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano y de que sea mujer y se quiera impulsar a más mujeres a esos cargos por un asunto de equidad de género que invocó el funcionario. Todo eso está muy bien, pero mientras las leyes no cambien o no se modifiquen, al canciller, por muy poderoso que sea en este gobierno, solo le quedan dos formas de validar un nombramiento ilegal como el que le hizo firmar al presidente: o manda una iniciativa para cambiar la ley al Congreso o busca embajadoras mujeres, que las hay, con 10 años de antigüedad para darles el nombramiento de “eminente”. A Marcelo Ebrard le han dado muchas facultades en esta administración porque sin duda es un político capaz e inteligente, pero ni el presidente que tanta confianza le tiene, le puede dar la facultad de “interpretar la ley”, solo de respetarla… Si las cosas ya estaban candentes en Morena, por su complicado proceso de elección interna y sus aguerridas tribus y corrientes, ahora que el INE decidió que sólo 5 de 46 candidatos a la Presidencia del partido, y 13 de 54 aspirantes a la Secretaría General van a ser encuestados para determinar quién de ellos llega a cada una de las posiciones, la cosa morenista se pondrá peor. Y es que la decisión de los consejeros electorales, que partió del criterio de que sólo debían participar en la elección los que resultaron mejor posicionados en la encuesta de conocimiento previa que mandó a hacer el INE, no le va a gustar a muchos de los que fueron eliminados, entre los que se encuentran dos aspirantes muy mediáticos como Gibrán Ramírez y Antonio Attolini, aspirantes a la presidencia y la secretaría general respectivamente. Según el criterio del INE, que atendió también las opiniones de las tres encuestadoras que van a levantar la encuesta nacional para elegir a los dirigentes, solo 5 aspirantes serán encuestados para presidente: Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky, Adriana Menéndez e Hilda Mirna Díaz Caballero. Para la secretaría general, son 13 los candidatos que aparecerán en la encuesta 9 mujeres y 4 hombres, entre los que destacan Citlalli Hernández, Karla Díaz, Paola Gutiérrez, Blanca Jiménez, Emilio Ulloa, Francisco Aurioles, entre otros. Lo dicho, en Morena ya había muchos problemas. Hoy se vienen más…Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
