El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, dialoga con varios dirigentes de sindicatos importantes para promover rotaciones ordenadas en las cúpulas del sindicalismo, a partir de la salida de los actuales secretarios generales o presidentes, que den paso a la elección de nuevos dirigentes que sean electos mediante procesos democráticos en los que voten de manera libre y secreta los trabajadores para elegir a sus representantes.
Por encargo directo del presidente López Obrador, la secretaria Olga Sánchez Cordero, que fue la encargada de negociar la renuncia de Carlos Romero Deschamps que se concretó el día de ayer, ha iniciado también conversaciones con Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FTSE), organismo cúpula que aglutina a los sindicatos de la burocracia federal; con Carlos Aceves del Olmo, actual dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y hasta con el dirigente de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez.
La intención del gobierno de la 4T es buscar que los actuales dirigentes de esos y otros sindicatos nacionales importantes, tanto públicos como privados, ayuden a facilitar la aplicación y consolidación de la Reforma Laboral aprobada en abril pasado por el Congreso federal y cuyos postulados de libertad y democracia sindical, junto al nuevo sistema de justicia laboral que desaparece las corruptas Juntas de Conciliación y Arbitraje y las sustituye por Salas Especializadas de Justicia Laboral, que se integran al Poder Judicial de la Federación, fueron parte de los condicionamientos que pidió el Congreso de Estados Unidos, especialmente la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, para otorgar su aprobación pendiente al nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.
Sánchez Cordero se ha reunido en varias ocasiones con los mencionados líderes sindicales. Lo hizo también con Romero Deschamps y es la responsable de buscar, mediante el diálogo y la operación política, que las actuales dirigencias, sobre todo con las que ya tienen varios años al frente de los sindicatos en los que se han mantenido a través de varias reelecciones, acepten transitar de manera voluntaria y ordenada, hacia la elección de nuevos dirigentes mediante las nuevas leyes que obligan a que haya votaciones libres de los trabajadores.
Así que la salida ayer del líder del sindicato petrolero durante los últimos 26 años, podría ser la primera de un “efecto dominó” que incluiría a dirigentes como Ayala Almeida, que tiene ya 21 años al frente de la FTSE a la que llegó a dirigir en 1998; o el dirigente Carlos Aceves del Olmo, que aunque tiene apenas tres años al frente de la CTM, lleva toda la vida siendo parte de la cúpula de la que fuera durante décadas la central obrera priista más importante, además de que tiene graves problemas de salud; y el otro que estaría en pláticas con Gobernación para pactar su salida es Francisco Hernández Juárez, el líder que lleva ya 43 años al frente del sindicato de los telefonistas, a donde llegó en 1976, cuando Telmex era una empresa paraestatal encabezando un movimiento democrático, y es hoy en día el más sempiterno de los líderes sindicales, solo superado por Fidel Velázquez, el histórico líder de la CTM que duró 47 años como secretario general, desde que fue electo en 1950 hasta que murió en 1997.
Así que, parafraseando al deporte nacional, varios de los líderes del charrismo sindical que sobreviven en México, tendrán que hacer el “paso de la muerte” para buscar una salida digna y negociada con el gobierno de la 4T, antes de que, como a Romero Deschamps, les inicien investigaciones de sus considerables fortunas en la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Empezó la temporada de charros.
NOTAS INDISCRETAS…
Todo parece estarse encaminando a que la Ley Bonilla termine quedando firme y que la gubernatura de Jaime Bonilla Váldez termine siendo de 5 y no de 2 años. Porque después de la cuestionada “consulta popular” en Baja California y su resultado, por fin apareció el decreto de Reforma Constitucional que estaba perdida en el Congreso de aquel estado y aunque ya la entregaron a la Oficialía de Partes del Gobierno del Estado, será hasta el viernes, según ha dicho el gobernador saliente Federico Vega, cuando la promulgue en el Diario Oficial del Estado. Es decir que si se publica el viernes 18, dependiendo de la hora, y descontando el fin de semana, las impugnaciones y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezarán a llegar hasta el lunes 21 y, en lo que le dan trámite y llega finalmente al pleno de los ministros, pasarán algunos días más. Se ve difícil, muy complicado, que la Corte pueda analizar y dictar sentencia sobre la constitucionalidad de la “Ley Bonilla” en una semana. Y el 1 de noviembre, Jaime Bonilla rinde protesta como gobernador ante el Congreso local. Si lo hace y tomando en cuenta que la constancia como gobernador electo que le entregaron en el Instituto Estatal Electoral de Baja California no establece cuánto va a durar el cargo, podría pasar que cuando en la Corte tengan que votar el asunto, el hecho a revisar ya esté consumado y entonces los ministros podrían decir que, al tratarse de un “acto consumado” ya no hay materia sobre la que dictar constitucionalidad. ¿Será que todo se armó para que así termine el debate nacional que desató el caso de Baja California, que abriría una peligrosa puerta a la modificación de la duración de los cargos de elección más allá de lo que se vote en las urnas?...Se lanzan los dados. Escalera doble.
