Con la crisis sanitaria del coronavirus 19 se han manifestado las condiciones de carencia y miseria que vive la mayor parte de la población en cuestión de derechos como la salud y el empleo. En estas condiciones de parálisis no debemos permitir regresar a la “normalidad” y debemos plantear ideas y nuevas formas de organizar a la sociedad para no regresar a la situación anterior.
La contingencia sanitaria, no sólo evidenció la precarización de las condiciones del trabajo para la mayoría de los trabajadores formales; también manifestó la vulnerabilidad que tienen los trabajadores informales al no contar con la seguridad social y un contrato que establezca claramente sus derechos.
En su mensaje del 5 de abril del año en curso, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró sus programas de apoyo a sectores vulnerables como son los adultos mayores, estudiantes, el programa sembrando vida, etc. Adicionalmente ofreció un millón de créditos de 25,000 pesos para pequeñas empresas formales e informales. Con respecto al empleo ofreció la creación de 2 millones de empleos en nueve meses.
Esta promesa se ve muy difícil de cumplir en las condiciones actuales que atraviesa el país. La propia Secretaría de Hacienda señala que el PIB de este año tendría una caída entre 3 y 4 por ciento y el Fondo Monetario Internacional estima una caída del 6.7 por ciento. La OIT, en su segundo boletín del mes de abril, calcula que en el segundo trimestre del año habrá una pérdida de 195 millones de empleos en el mundo.
Para una situación extraordinaria, como la que atraviesa el país, se necesitan alternativas viables y expeditas en favor de los sectores más desprotegidos. Se trata de tomar medidas urgentes para los miles de trabajadores formales e informales que ante las restricciones de la pandemia sanitaria perderán su empleo o su ingreso. La propia secretaria del trabajo informó que en menos de un mes se despidieron a cerca de 346, 878 trabajadores formales.
En estas condiciones la renta básica universal (RBU) dirigida a la población vulnerable puede ser una medida que puede ayudar. El objetivo principal debe ser entregar dinero a la gente que lo necesita. Y la forma más rápida posible de hacerle llegar dinero es determinar una cantidad y enviarla a todas las personas sin ninguna condición. Esta estrategia ahorraría millones de pesos porque se simplificarían los trámites para llevar a cabo su implementación.
Esta propuesta no es nueva lleva varios años discutiéndose en varios países de Europa y en Finlandia realizó un experimento donde se puso a prueba esta iniciativa. En México, en el ámbito académico y legislativo se realizaron varias discusiones en foros y se elaboraron publicaciones acerca de la pertinencia de esta propuesta. Fue parte de la discusión para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. De hecho, en la Cámara de Diputados desde 2016 se encuentra una propuesta de RBU que fue elaborada por las diputadas Araceli Damián y Norma X. Hernández.
Con diferentes modalidades y alcances se está llevando la implementación de una renta básica en varios países. En Estados Unidos se concederá una ayuda de 1200 y hasta 2400 dólares dependiendo del nivel de ingreso de las personas; en Brasil el gobierno anuncia pagos de 115 dólares mensuales durante un trimestre para casi 60 millones de trabajadores. El Gobierno español está evaluando la posibilidad de implementar la RBU de manera permanente.
En esta crisis de oferta y demanda, con un elevado grado de incertidumbre sobre los ritmos de recuperación posterior, se combate mejor aumentando la capacidad de gasto de los sectores más afectados por la crisis.
Si consideramos los datos que proporciona el Inegi a través la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (ENEO) del cuarto trimestre de 2019, tenemos 31.3 millones de trabajadores informales y casi dos millones de personas desempleadas, esto suma 33.2 millones de trabajadores. Si consideramos una renta básica de un salario mínimo de $ 3,696 para cada trabajador informal y desempleado, esto sumaría aproximadamente 122 mil 935 millones, lo que corresponde a un impuesto del cuatro por ciento a las fortunas de las veinte familias más ricas del país.
La situación del país requiere cambios profundos en la desigualdad del ingreso. Es momento de que los que más tienen regresan un poco de lo mucho que han acaparado.
Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco
