Una de las banderas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue el combate a la corrupción. El expresidente decía que la corrupción, como las escaleras, se debe barrer de arriba hacia abajo. Esto es, se debe iniciar con altos funcionarios que se hayan beneficiado del dinero público y lo utilicen en su beneficio. Después de 7 años en el poder, esta promesa dista mucho de haberse cumplido a cabalidad. Muestra de ello son las alianzas que han realizado con personajes como Pedro Haces de la CATEM, o con los líderes charros de los sindicatos corporativos de la CTM, FSTSE, SNTE, STPRM, de triste historia en el sindicalismo mexicano y que han jugado el papel de control y sometimiento de los trabajadores en México.
Otro elemento importante es el llamado huachicoleo de petróleo en Pemex y de electricidad en la CFE. El pasado 31 de marzo, hubo un decomiso de cerca de 10 millones de combustible en Tampico, Tamaulipas y 29 de mayo en Tabasco se decomisaron cerca de 3 millones de combustible. La pregunta es ¿por qué no se han tomado medidas contra los funcionarios de Pemex que han permitido este robo a la nación?
No es la excepción en Pemex; una situación similar se presenta en la CFE.
Desde finales de 2023, los pobladores de Nuevo Necaxa, en el estado de Puebla, denunciaron que, en las instalaciones del SME, se había detectado computadoras y transformadores que producían ruido las 24 horas del día. Después de varias denuncias en los medios, el pasado 31 de enero se realizó un operativo en el que participaron miembros de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal (SSP), en el cual desactivaron varios cables de alimentación eléctrica que se encontraban en la sede del SME.
La denuncia que condujo al operativo, la interpuso el apoderado General de Cobranzas de la CFE, después de detectar que en tres sitios existían “diablitos” sin que el registro de consumo se registrara en los medidores. Fue un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, el que autorizó el cateo, lo que derivó en el decomiso de siete transformadores, centenas de metros de cable, servidores y equipo de cómputo. (Central Puebla Irreverente, 22 de mayo 2025).
Las instalaciones del SME, en Nuevo Necaxa, se encontraban bajo el resguardo de personal que actuaba bajo las órdenes de Miguel Márquez Ríos, secretario de Fomento a la Salud y Previsión Social del SME y actual diputado local por el partido verde. Curiosamente no hubo un solo detenido y tampoco se resguardó la propiedad como se acostumbra en este tipo de operativos.
También se ha denunciado que en las instalaciones de Generadora Fénix de Juandhó, en el estado de Hidalgo, bastión de Martin Esparza, se ha realizado huachicoleo eléctrico para la elaboración de criptomonedas. (Proceso, abril de 2025). En el mismo caso se encuentran inmuebles del SME en El Oro y San Simonito, Estado de México.
El uso de las instalaciones del SME en Nuevo Necaxa y en Juandhó, no se pudo realizar sin el conocimiento de la dirección encabezada por Martín Esparza y Humberto Montes de Oca.
Lo más sorprendente de todo esto sucedió cuando, en la mañanera del 31 de marzo, una reportera le pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no se ha actuado ante este huachicoleo eléctrico que se realizó en las instalaciones del SME en el estado de Puebla, y su respuesta fue: “no hay que usar esas palabras, no se puede acusar al SME, se va investigar.”
Llama la atención que para la presidenta la denuncia de la CFE, el cateo ordenado por un juez del sistema Penal acusatorio y el desmantelamiento de la infraestructura para fabricar criptomonedas por la Guardia Nacional, el Ejército, en las instalaciones del SME de Nuevo Necaxa Puebla, no sea una evidencia del robo a la nación que se comete contra la CFE. Han pasado dos meses de la declaración de la presidencia y hasta el momento no se hecho nada.
Ante estos hechos surge la siguiente pregunta
¿A quién se está protegiendo en el huachicoleo en la CFE?
El robo de electricidad que se ha hecho contra la CFE no es un delito menor.
Para generar una criptomoneda se estima que se requiere alrededor de 450 mil kilovatios, lo que equivale a cargar alrededor de 7mil 500 autos eléctricos o iluminar una casa durante 50 años. Sin embargo, se menciona que el daño a CFE ronda los 17 millones 91 mil 504 pesos.
El uso de inmuebles sindicales con fines de lucro ya es un delito. Ese robo inconmensurable de electricidad lo es también. ¿Y a dónde fue a parar la riqueza obtenida por la producción de moneda virtual?
En los gobiernos de la 4t, el combate a la corrupción sigue siendo una asignatura pendiente y sólo podrá ser realidad con la presión de los trabajadores. Por esta razón, es muy importante las acciones que se puedan hacer desde abajo para que los recursos de la nación no sean malversados y se utilicen en beneficio de unos cuantos.
Académico de la UAM-Xochimilco.
