Salvador Ferrer Ramírez | 26-08-26 | 03:06 | Salvador Ferrer Ramírez |

En la conferencia matutina del 30 de junio del año en curso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa de la planta de amoniaco que se construye en la bahía de Ohuira, Topolobampo, Sinaloa. Sus argumentos fueron los siguientes: que la planta está prácticamente terminada; que se trata de un proyecto respaldado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer la soberanía alimentaria, pues ahí se producirían fertilizantes destinados al campo mexicano; que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) avaló en su momento un estudio de impacto ambiental que —según la mandataria— incluye estrictas medidas de mitigación; y que el proyecto no se cancelará porque la mayoría de la población votó a favor de su construcción en una consulta. Como veremos, ninguno de estos argumentos resiste el menor examen.

Las comunidades afectadas tienen otra versión. El proyecto se impulsó desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2014, y fue retomado después por López Obrador. Desde el primer momento se opusieron a él los pueblos originarios mayo-yoreme y las comunidades que viven de la pesca. En 2017 conformaron el colectivo ¡Aquí No!, que agrupa a los pueblos afectados, ambientalistas y asesores legales, y que ha dado la batalla en los terrenos ecológico, jurídico y político para impedir la construcción. El colectivo ha denunciado que la consulta organizada por el gobierno se hizo a modo: se ofrecieron prebendas a comunidades alejadas y se ignoró a los pueblos asentados en la zona de afectación directa. Su lucha ha sido larga y firme; entre sus acciones más recientes destacan un mitin frente a la Embajada de Alemania y el plantón que mantienen desde el 15 de junio a la entrada de la planta.

Las razones de las comunidades fueron respaldadas por once relatores de la ONU, expertos en derechos humanos y medio ambiente, quienes en septiembre de 2025 dirigieron al gobierno de México una serie de cartas y en los que manifestaron su “profunda preocupación” por el proyecto. Los expertos advirtieron la extrema peligrosidad del amoniaco, un gas altamente corrosivo y letal: un fallo técnico o una fuga mayor pondría en riesgo inmediato el derecho a la vida y a la salud de las poblaciones vecinas y de los más de 400,000 habitantes de la región de Los Mochis. Señalaron, además, que el Estado mexicano vulneró los derechos de los pueblos mayo-yoreme, pues los procesos de consulta no cumplieron los estándares del Convenio 169 de la OIT: no fueron plenamente previos, ni culturalmente adecuados, ni libres de presiones. Subrayaron que la planta se edifica sobre , cuya misión es la conservación y el uso racional de los humedales. Finalmente, documentaron con alarma que líderes comunitarios y ambientalistas de ¡Aquí No! han sufrido amenazas de muerte, agresiones físicas, hostigamiento judicial e intimidación constante por oponerse a la obra, y exigieron al gobierno mexicano garantizar la seguridad de estos defensores del territorio.

Hay, sin embargo, un elemento que no ha aparecido en la discusión pública y que es necesario poner de relieve: ¿quién financia la construcción de la planta de amoniaco en Ohuira?, ¿quién se beneficiará de ella?, ¿realmente su producción se destinará a fertilizantes para la soberanía alimentaria, como asegura la presidenta?

Para responder estas preguntas nos apoyamos en la investigación “Lo que el gobierno oculta tras la planta de amoniaco en Topolobampo”, realizada por el Colectivo de Trabajadores Electricistas “El Animal Dañero”. Veamos.

La planta constructora pertenece al grupo GPO (Gas y Petroquímica de Occidente), filial de la empresa suiza-alemana Proman, líder mundial en la producción de amoniaco. La inversión asciende a 1,250 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 900 están respaldados por el banco alemán KfW IPEX-Bank. Este financiamiento está atado a un acuerdo según el cual la producción de la planta será exportada a Estados Unidos exclusivamente a través de Koch Fertilizer, empresa del conglomerado de la familia Koch, la sexta más rica del mundo, con una fortuna de 125,000 millones de dólares.

El “argumento de la soberanía alimentaria”, por lo tanto, carece de todo sustento: igual que hoy, el fertilizante tendrá que comprarse a una empresa extranjera a precios del mercado internacional. México pondrá el territorio, el agua y el riesgo; las ganancias se irán fuera.

Si la planta no sirve a la soberanía alimentaria, la pregunta obligada es: ¿quién la financia y con qué objetivo? La respuesta se encuentra siguiendo la red de empresas que están detrás de la inversión. Buena parte del capital proviene, como ya se dijo, del KfW IPEX-Bank, y el asesoramiento a Proman para la construcción se otorgó a Thyssenkrupp Uhde, también alemana. Los tres conglomerados que controlan el financiamiento, la construcción y la producción de la planta de Topolobampo son, entonces: KfW IPEX-Bank, Thyssenkrupp Uhde y el grupo Koch. Los tres comparten un rasgo que conviene examinar: sus vínculos con Israel.

El KfW IPEX-Bank informa en su propia página que financia proyectos en Israel desde 2008 y que en 2023 esos financiamientos alcanzaron los 144 millones de euros. Thyssenkrupp cuenta con la división Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), que mantiene una relación de décadas con Israel y que en 2022 vendió a su marina tres submarinos de la clase Dakar. El grupo Koch, por su parte, posee la división Koch Disruptive Technologies (KDT), dirigida entre 2019 y 2024 por la familia Groner, de la que uno de sus miembros fue director general de la oficina de Benjamin Netanyahu entre 2015 y 2018; desde KDT, Eli Groner, como Director Gerente (Managing Director), impulsó inversiones en empresas israelíes ligadas al Ministerio de Defensa en áreas de ciberseguridad, drones, sensores y tecnología militar.

La inversión nada tiene que ver con la soberanía alimentaria. Lo que está de por medio no es solo la afectación de la vida de las comunidades y del medio ambiente —razón que ya sería suficiente para detener la obra—, sino algo todavía más grave: el entramado financiero y militar que sostiene la agresión contra nuestros hermanos palestinos, libaneses, yemeníes, iraníes, iraquíes, entre otros; y el acoplamiento de México con todo el proyecto imperial norteamericano. De nosotros depende que este proyecto de muerte no se concrete.

Salvador Ferrer Ramírez. UAMX

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.