Un grito desesperado recorrió las calles de varias ciudades del país. Niños y niñas con cáncer, familiares y gente solidaria, alzaron la voz para protestar contra siete años de desabasto de medicamentos. Y frente a ello, la descalificación desde la tribuna mañanera de quien es incapaz de salirse del manual para mostrar un poco de humanidad. En el gobierno de López Obrador los acusaron de ser parte de un complot, en el actual -recurriendo a la mentira- de estar encabezados por integrantes de la oposición, como si esto pudiera borrar el dolor, la angustia, la incertidumbre de estas familias. Un movimiento que se mueve por el deseo de que quienes padecen esta enfermedad o cualquier otra sean atendidos es legítimo y no puede ser ignorado. Es obligación del gobierno y un derecho establecido en nuestra Carta Magna. Pero en lugar de asumir su responsabilidad, el oficialismo muestra una vez más su falta de respeto a la vida y dignidad de las personas. Lo más grave que esta expresión de protesta no es más que la punta del iceberg. En los últimos siete años se ha llevado a cabo un” genocidio silencioso”, tal y como lo afirma la asociación Nariz Roja, pues cuatro mil niños han muerto por desabasto oncológico. Aún más. Tomando con cautela los datos presentados recientemente por el INEGI sobre medición de la pobreza dados los cambios metodológicos, se puede afirmar categóricamente que el aparente logro de reducción de la pobreza se acompaña con el dramático dato de que la población con carencia por acceso a los servicios de salud se incrementó de 20 millones en 2018 a más de 44 millones en 2024.
Este hecho es contundente: en los gobiernos morenistas se duplicó la cantidad de mexicanos que no pueden ejercer cabalmente este derecho, resultado de decisiones erróneas que tienen que ver ni más ni menos con la vida de las personas. No han entendido que las transferencias monetarias -necesarias para compensar desigualdades y redistribuir de alguna manera el ingreso- no pueden sustituir políticas públicas e instituciones, mucho menos en rubros tan importantes como salud y educación. Desaparecieron el Seguro Popular que había ampliado significativamente la cobertura incluso de enfermedades catastróficas, sacrificaron los recursos destinados a las instituciones de salud pública, fracasaron con el Insabi sin rendir cuentas sobre los recursos que a esa institución destinaron, su megafarmacia fue un mito y ahora estamos en espera de que funcione su nueva ocurrencia: camionetas distribuidoras de medicamentos. El hecho real es que más mexicanos carecen de lo más elemental, que el mejor ingreso no compensa los gastos que muchas familias tienen que realizar en el sistema privado para atender enfermedades, que 857 mil familias (es decir, 3.4 millones de personas) tienen un gasto empobrecedor o catastrófico lo que es insostenible, que miles de mujeres tienen que abandonar su tratamiento contra el cáncer de mama porque no tienen los recursos para solventar lo que el sistema público ya no les proporciona, que se condena a las y los niños enfermos de cáncer a la muerte. Critican mucho el pasado, pero no hay política más neoliberal que repartir dinero para cargar en las espaldas de las familias (sobre todo de las mujeres) lo que son responsabilidades ineludibles de un gobierno.
Política mexicana y feminista