El oficialismo nos ha distraído con el debate sobre una reforma electoral que nació muerta y que se constituyó en un simple trámite para plantear su propuesta de Plan B que a, reserva de conocer su contenido, parece igual de regresiva. Pero mientras nos concentramos en estos temas la amenaza del gobierno norteamericano es cada vez mayor ante lo que considera la insuficiente acción gubernamental frente al crimen organizado, habiendo además otros asuntos que son relevantes y que son también de atención internacional. Tal es el caso de la discusión sobre la prisión preventiva y el hecho de que en nuestro país se abusa de esta figura, violentando con ello un principio fundamental como es la presunción de inocencia. Además de utilizar este precepto para perseguir opositores y hablo con conocimiento de causa, el hecho relevante es que muchas veces significa la renuncia del Estado a hacer bien su trabajo. Cuando la prisión preventiva se usa como rutina, el sistema judicial está fallando. El hecho de que primero se encarcele a las personas y luego se investigue, implica una violación flagrante de los derechos humanos al convertirse en una pena anticipada que lanza a la prisión a un porcentaje significativo de personas sin que tengan una sentencia. Esto implica además que no se exploren otras medidas cautelares hasta que se demuestre que realmente son culpables. Se traduce también en serios problemas de hacinamiento en los centros penitenciarios y, lo que es peor, reafirma en el imaginario la idea de que se está combatiendo el delito cuando esto es falso. En el México de nuestros días hay más personas en la cárcel y, sin embargo, hay más violencia que nunca.
A veces basta con presentar una licencia falsa para argumentar riesgo de fuga como sucedió en mi caso y robarles a las personas su libertad y una parte muy importante de su vida. Muchas mujeres, sobre todo pobres, son víctimas de este abuso. Conozco casos como el de Gaby con 20 años sin sentencia, o el de Claudia que después de ocho años presa fue liberada al demostrarse su inocencia sin siquiera un ‘disculpe usted’. Ellas son el rostro de casi el 40% de la población privada de su libertad sin un juicio, encarceladas por el simple hecho de que el sistema no hace bien su trabajo.
La Suprema Corte pronto tendrá que resolver sobre la convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, que es objeto de recomendaciones por parte de organismos internacionales, pero esto no resuelve el abuso de la justificada. Nuestro país tiene una enorme deuda con miles de personas que hoy están encarceladas injustamente. Es imperativo asumir una visión no punitiva y explorar mecanismos de justicia alternativa. Pero sobre todo es fundamental que el sistema judicial asuma una perspectiva congruente con los principios de debido proceso y presunción de inocencia consagrados en nuestra Carta Magna. En pocas palabras, que el punto de vista que impere sea muy simple: cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Política mexicana y feminista