Dos sentencias de gran envergadura acaba de decidir nuestra Suprema Corte: el derecho de las niñas de interrumpir el embarazo producto de una violación sin que medie denuncia legal, y la inconstitucionalidad de la decisión del Congreso de Nuevo León de estipular que la vida se protege desde la concepción, lo que sólo le compete a nuestra Carta Magna.
Esta visión progresista de los ministros y ministras es aún más importante si consideramos que se da en el contexto de un gobierno conservador y patriarcal, encabezado por alguien que en lugar de empoderar a las mujeres de su círculo las anula, les hace saber que si tienen alguna investidura es gracias a él. Las silencia o las vuelve réplicas de sí mismo. Ellas no entienden que su silencio cómplice puede significar que se violente a otras, que se les desaparezca. No son capaces de alzar la voz o de promover políticas públicas o leyes nacionales que manden -ahí sí-, “al carajo”, a esta ola de violencia hacia las mujeres, los feminicidios, o que niñas mueran por embarazos que se convierten en un gran riesgo. Ellas —y ya sabes quién— están más cómodos con la paz… de los sepulcros.
Por eso, es tan trascendente lo que ha resuelto nuestro máximo Tribunal. Lo que aplica para Nuevo León es válido para aquellas entidades en las que se hizo esa modificación constitucional en el ámbito local, presionadas por la jerarquía católica (cuando en nuestro país está demostrado que quienes más abortan son católicas que ejercen su derecho a decidir), y por cálculos electorales. Pero lo más importante es la decisión de declarar la validez de la Norma Oficial Mexicana que establece que las instituciones públicas de salud están obligadas a proporcionar los servicios adecuados para interrumpir el embarazo cuando es producto de una violación, sin exigir la comprobación del delito cuando se trate de menores de entre 12 y 17 años.
Esta validación es un gran salto en materia de salud pública y de protección de los derechos humanos de las niñas. Nadie puede ignorar que el embarazo adolescente es un grave problema de salud y que, ninguna niña tiene la capacidad ni las herramientas para oponerse cuando son violentadas, porque además la inmensa mayoría de las veces dicho acto se da en el entorno familiar. La violación la comete una persona cercana, cuya relación de poder y jerarquía permite este abuso.
Nadie puede decir que estas niñas han consentido el acto sexual, por lo que es muy importante que con sólo su testimonio se les permita abortar antes de truncar su proyecto de vida, de convertirlas en niñas/madres, o lo que es peor, condenarlas a la muerte por los riesgos de un embarazo ante su corta edad. En síntesis, como se dijo en esta histórica sesión, en boca del ministro presidente, “en caso de violación ninguna niña puede ser obligada a ser madre ni por el Estado ni por sus padres”. De esta manera se reconoce que la violación es un delito de gran incidencia en nuestro país, (eso sin calcular la cifra negra por la falta de denuncias), que no se puede criminalizar a las mujeres y mucho menos revictimizarlas. Contrasta aún más este significativo hecho con el debate que se ha abierto en este momento en Estados Unidos. Ahí la rueda de la historia quiere ir en sentido inverso, y echar para atrás el emblemático caso Roe contra Wade que permite el aborto desde 1973.
Los ministros ya cumplieron con su parte. Falta ahora que el sistema de salud pública tenga capacidad de darle respuesta efectiva a la decisión de las mujeres. Aquí ya no valen los pretextos.