Escribo este artículo desde el sureste. Desde ese lugar que era llamado un edén. Convocada a la presentación del libro ¨Difamados y Perseguidos de la 4T” de la Revista Etcétera, visito Villahermosa, Tabasco, arropada por tantos recuerdos. Pero la paz de aquellos tiempos ha quedado atrás. Testigos de una jornada violenta pudimos comprobar que no basta con culpar a predecesores para luego encubrirlos sin resolver el problema de fondo. En medio de quema de comercios y autos, el miedo flota en el aire. Es la violencia criminal que sigue asolando a esta ciudad del sureste. El comentario en la mesa es la absurda decisión de sellar por cinco años la información sobre los bienes de Hernán Bermúdez Requena. Opacidad e impunidad argumentando “seguridad nacional”. Se opina también de la inexplicable escala de horas en Tapachula cuando el detenido en Paraguay era trasladado. Pero el gobierno estatal controla la narrativa y en su apuntalamiento cuentan mucho los programas sociales a los que se añade la operación territorial a través de las Casas de Gobierno.
Y aquí como en todo México el desabasto de medicamentos es una realidad. Las carencias han crecido a la par que lo han hecho los consultorios privados de bajo costo. Y eso también cuesta vidas. Llaman la atención entonces las giras triunfalistas en las que se dice que vamos bien y que estaremos mejor. Siete años sin tener un abasto de medicamentos adecuado no indica que las cosas vayan por buen camino. La incapacidad de surtir medicamentos y de garantizar el acceso a la salud de millones de mexicanos ha quedado al descubierto con las cifras del INEGI sobre esta carencia que ha aumentado al doble de 2018 a la fecha en que gobierna el morenismo. Frente a la incompetencia se recurre al manual culpando ahora a las farmacéuticas, las que ellos escogieron y las que ellos validaron. Pero nadie puede más que el Estado y los mecanismos de los que puede echar mano. Por eso esas culpas no valen sobre todo si como en Pemex aquí también se adeudan miles de millones de pesos a las proveedoras de medicamentos. Como en el caso de la inseguridad, toda esta situación también cuesta vidas. Son las y los niños que no tienen un esquema completo de vacunación o que de plano no fueron vacunados. Son los que tienen cáncer y no encuentran medicamentos oncológicos. Son los que no pueden atenderse si tienen enfermedades catastróficas porque desparecieron el seguro popular. Y a pesar de todo este panorama se recorta el presupuesto y se pretende desaparecer el Fondo Nacional para la Salud destinando esos recursos previstos para enfermedades catastróficas al gasto corriente porque el gobierno no tiene dinero.
Las transferencias monetarias de los programas sociales no deben sustituir de ninguna manera el acceso público a la salud castigado en esta nueva propuesta de presupuesto para 2026. Todo esto ha llevado a la privatización de la medicina, a que las y los mexicanos destinen 42 centavos de cada peso de su ingreso a gastos de salud. En Dinamarca, con la que les gusta tanto compararnos, solo se ocupan 13 centavos. El problema es que estas serían simples cifras si detrás de ellas no estuvieran la enfermedad y la muerte producto de esta política criminal.
Política mexicana y feminista