Mucho se ha dicho y escrito sobre el injusto encarcelamiento de Alejandra Cuevas. Pero esto no es más que la punta del iceberg que refleja un sistema penal en crisis, pues se tiene que llegar al amparo o a nuestro máximo Tribunal para enderezar el barco que debió llegar a buen puerto desde la primera instancia.
Lo emblemático de este asunto, no es solo el uso faccioso de la Fiscalía General de la República para dirimir asuntos personales de su titular, sino que, en nuestro país, cada vez de manera más frecuente, se utiliza a las instituciones para ejecutar venganzas personales o para perseguir adversarios políticos. A pesar del avance que significó la puesta en marcha del sistema penal acusatorio, de la creación de una fiscalía autónoma, así como de la reforma judicial, en los hechos lo que hoy se vive es un retroceso en lo que se refiere a la justicia.
A esta característica —que no corresponde a un Estado democrático y de derecho y mucho menos a un Gobierno que se dice de izquierda— los teóricos de la justicia restaurativa la llaman la institucionalización de la venganza. Ahí está el reciente caso de Sandra Cuevas, a quien no perdonan haber ganado la alcaldía, que es el corazón de la ciudad, y hoy lo que no se obtuvo con los votos se pretende rescatar con un auténtico asalto, violentando con ello la voluntad popular, que es la única soberanía. La ley se aplica a modo del poderoso. Se actúa con una sorprendente rapidez en el caso de la alcaldesa Cuevas, pero a un año de la tragedia en el metro no hay un solo responsable en la cárcel. El testimonio de dos policías fue suficiente para imputar a alguien, pero no lo son 26 muertes que por errores en la construcción y falta de mantenimiento llevaron a que se colapsara la línea 12 del metro.
Con un gobierno sin contrapesos, con una fiscalía en la misma condición, poco margen hay para la aplicación de un sistema pro persona que respete incondicionalmente el debido proceso y la presunción de inocencia. Por un lado, el ministerio público sigue actuando con una visión punitiva. Por otro, los jueces de control, que debieran ser la primera instancia para aplicar la justicia y de priorizar la ley por encima de cualquier interés (ahí está el caso del juez sobrino de apellido Padierna), por lo general aceptan estándares de prueba muy bajos por parte del MP y, lejos de lo que se pretende con el nuevo sistema penal, se abusa de la prisión preventiva, se hace de esta medida la regla, no la excepción, contribuyendo al hacinamiento y a la sobrepoblación en el sistema penitenciario.
Todo esto se recrudece si nos referimos a los casos políticos y venganzas personales. Se corrompe la ley con la mano en la cintura para encarcelar o perseguir a quienes somos incómodos para los planes del gobierno. Se trata con esto de silenciar, de aniquilar, las que pueden ser voces opositoras. También el objetivo es simular que se combate la corrupción. Pero este discurso a estas alturas ya no es creíble, sobre todo cuando el lodo alcanza ya al círculo cercano de “los de ahora”.
