Tenía toda la intención de escribir sobre lo que significó que se frenara una reforma al Tribunal Electoral completamente regresiva. Que sí hay tiro. Y que éste reside en la fuerza ciudadana que de noviembre para acá ha cambiado el panorama político y demostrado que nada está escrito. Que a pesar de una sucesión presidencial anticipada (desde la más alta tribuna), con la participación de las y los ciudadanos se puede invertir lo que aparentemente ya está decidido. Ésta es una de las grandes lecciones de esta semana: lo que parecía ser un hecho porque contaba con el aval de todos los partidos, a excepción de MC, quedó en suspenso (yo diría muerto) gracias a la rebelión dentro de las bancadas y a que desde la sociedad civil emergió la marea rosa digital que les hizo comprender a las cúpulas partidarias que les costaría muy cara una decisión así.
Pero en la misma semana sucedió algo que tiene una trascendencia enorme y que significa un giro en el sistema judicial de nuestro país, pero sobre todo la posibilidad de hacerle justicia a quienes han sido privados de su libertad durante años sin ser sentenciados. Ya hace unos meses la Corte discutió este tema sin llegar a un acuerdo bajo el argumento de que no podía atribuirse facultades de legisladora. Pero la sentencia de la CIDH por el caso de García Rodríguez y Alpízar Ortiz es contundente al considerar que las figuras del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa no se ajustan a los estándares internacionales. Las y los juristas han explicado mucho mejor lo que esto significa y los cambios obligados a nuestra Constitución. A mí me interesa hablar desde la perspectiva de la experiencia vivida, desde el dolor y sufrimiento de muchas mujeres que llevan años recluidas sin una sentencia, apartadas de sus hijos, detenidas arbitrariamente, torturadas desde el arraigo. Importa señalar que de paso también debe analizarse la justificada pues no es la excepción como lo marca la ley, sino la norma, lo que se traduce en una pena anticipada, en una estigmatización, en la violación a uno de los más sagrados derechos que es la libertad.
Se dice que esto significa abrir la puerta a los delincuentes, lo que no es así. Pero sí de que los abogado/as estén en posibilidad de pedir la revisión de casos como el de Gaby que lleva 17 años en Santa Marta sin veredicto, o Liz y Erika que fueron torturadas y que nadie hasta ahora las señala después de ocho años de estar encerradas, o de Yadira y Bety que fueron insultadas, vejadas por el color de su piel y que quien hizo la denuncia dice que ellas no fueron las que cometieron el delito, por poner algunos ejemplos. Y qué decir de las que están por la justificada. Más de 400 mujeres encerradas todo el día (menos una hora), quince o más en pequeñas estancias y con agua sólo por tandeo. Y la mayoría por delitos que ameritan llevar sus procesos en libertad. Mujeres pobres que son un botín para todo un sistema, cuya situación nada tiene que ver con la presunción de inocencia. Y en lugar de que al interior de nuestras fronteras se pusiera freno a toda esta crueldad, desde afuera se nos enmendó la plana. Lo dicho. México tiene una enorme deuda con la justicia.
Política mexicana y feminista
