Como regalo para concluir el año de la destrucción democrática y en un abierto desacato a las resoluciones de la Corte Interamericana, el 31 de diciembre se promulgó la reforma que amplía el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. En un país en que las cárceles están llenas de inocentes, el gobierno supuestamente humanista ha decidido continuar por el camino punitivo al apostar por la privación de la libertad sin juicio alguno y sin justificación que amerita esta medida que debería ser excepcional. Contraria a lo establecido en nuestra Constitución, esta disposición violenta la presunción de inocencia y se convierte en una pena anticipada. Considera a las personas como culpables sin necesariamente serlo y le da ventaja al ministerio público al no obligarlo a una exhaustiva investigación. Es en la práctica una detención arbitraria.
Nada más alejado de la izquierda que esta perspectiva que castiga, que violenta derechos, que estigmatiza y que no atiende a una visión garantista y libertaria. Por ello no tardó en expresarse la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU señalando que “lejos de expandirse la prisión preventiva debería de eliminarse porque contraviene los derechos humanos”. Si ya la reforma judicial se aleja de los principios que garanticen la independencia de los juzgadores y con ello el acceso a la justicia, la prisión preventiva oficiosa ahonda la ilegalidad que hoy prevalece en el país. Es además una poderosa arma para perseguir a opositores en momentos en que las opiniones diferentes al pensamiento único quieren ser acalladas. Las cifras son elocuentes: cuatro de cada diez personas que están en prisión no tienen sentencia alguna y sin embargo permanecen encarceladas por años. Como lo expresó Rafael Cauduro en sus murales que engalanan la Suprema Corte: ¨las cárceles son una vergüenza social que constituye un castigo en lugar de una reforma. Cada vida en prisión es un archivo olvidado esperando a ser revisado...” y esto se agrava si -sin existir condena alguna- las personas son lanzadas a ese laberinto. Quienes señalan que los opositores a esta medida pretenden liberar delincuentes sólo exhiben su ignorancia. La decisión de privar de la libertad tiene que basarse en argumentos que justifiquen esta medida cautelar y aplicarse de manera individual. Por lo demás, a quienes más se afecta es a los pobres, a los jóvenes y a las mujeres que son normalmente criminalizados.
Lo que más sorprende es el silencio y el aval de quienes desde la Presidencia de la Corte apenas unos años atrás consideraban totalmente nociva esta figura, o de quienes desde el gobierno de la ciudad impulsaron procesos de liberación anticipada y mecanismos de justicia restaurativa como alternativa al castigo que implica vivir en ese infierno. Lo más grave es que la prisión preventiva oficiosa no ha mostrado eficacia. Las cárceles están llenas, pero la violencia en las calles es más grave que nunca y la delincuencia controla regiones del país. No es encarcelando inocentes sino combatiendo la impunidad y persiguiendo la verdad como podremos caminar en la ruta de la justicia que por lo visto seguirá siendo una asignatura pendiente. De las más importantes, por cierto.
Política mexicana y feminista
