La erosión del estado de derecho se ha convertido en una preocupante tendencia global, ya que muchas veces se suele argumentar que la "voluntad popular" debe prevalecer sobre las instituciones y las leyes establecidas, justificando así la supresión de controles y equilibrios democráticos.
Esta retórica, aparentemente democrática, encierra peligros inherentes para la estabilidad política, los derechos individuales y el orden internacional.
El caso de Estados Unidos, a pesar de su larga tradición democrática, ofrece un ejemplo aleccionador. Actualmente se ha observado una tendencia a desafiar las normas y las instituciones establecidas en nombre de una supuesta "voluntad popular". Un ejemplo de ello fue la imposición de aranceles a las importaciones, mismas que apenas hace unos días fueron cuestionadas por el Tribunal de Comercio Internacional de EU por no seguir los procedimientos adecuados.
La respuesta de funcionarios de la administración, cuestionando la legitimidad del fallo judicial y calificándolo de "golpe judicial", revela una desconfianza preocupante hacia el sistema de controles y equilibrios. Este tipo de retórica socava la independencia judicial y legitima la desobediencia a las leyes que no se ajustan a la agenda política del momento.
El fenómeno de la "voluntad popular" en relación con el estado de derecho no es exclusivo de Estados Unidos. En Israel, las propuestas para debilitar el poder judicial generaron protestas masivas, con críticos argumentando que tales medidas amenazaban la independencia judicial y abrían la puerta a la arbitrariedad.
En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán ha sido criticado por adoptar leyes que restringen la libertad de prensa, la independencia judicial y los derechos de las minorías, todo en nombre de la defensa de los valores nacionales y la "voluntad del pueblo húngaro" sin importar lo que diga la ley, la jurisprudencia o los precedentes judiciales.
La erosión del estado de derecho ya sea en Estados Unidos, Israel o Hungría o cualquier otra nación entraña riesgos significativos como la arbitrariedad y el abuso de poder, pues cuando los líderes se consideran por encima de la ley, la puerta se abre a la corrupción, la discriminación y la persecución de opositores políticos.
Se tiene también el riesgo de la inestabilidad política, pues la falta de respeto por las normas legales y las instituciones democráticas genera incertidumbre, polarización y eventualmente conflicto social.
Finalmente, los países que socavan el estado de derecho suelen enfrentar críticas y sanciones económicas de la comunidad internacional, lo que debilita su influencia y credibilidad en el escenario mundial.
La defensa del estado de derecho es esencial para preservar la democracia, proteger los derechos individuales y promover la estabilidad política. La tentación de invocar la "voluntad popular" para justificar la desobediencia a las leyes y la supresión de las instituciones democráticas debe ser resistida con firmeza. Decir que sólo quien ha sido electo puede diseñar política pública o establecer normas y procedimientos equivale a decir que las leyes salen sobrando, pues quien construya una mayoría pasajera o cuestionable en las urnas puede simplemente hacer lo que quiera y siempre podrá decir que “no le vengan con el cuento de que la ley es la ley”.
Por lo pronto, mañana 1 de junio yo no saldré a votar en la farsa montada por Morena para colonizar el Poder Judicial.
Senador de la República por Yucatán