La adopción del ingreso digno es una iniciativa empresarial voluntaria como lo expliqué en colaboraciones previas (EL UNIVERSAL 14/02 y 28/02). Los gobiernos sin imponerlo por decreto pueden impulsarlo, con acciones de fomento, quitando obstáculos y cumpliendo con la legalidad laboral.
Hay varias acciones para impulsarlo. Por ejemplo, los programas estatales y federal para atraer inversiones y dar facilidades de “fomento económico” deben tener como requisito indispensable que las empresas beneficiarias paguen salarios dignos. Otra acción sería priorizar compras de los gobiernos a proveedores y contratistas que paguen salarios dignos.
Pero lo que urge es quitar obstáculos. El trato fiscal a los salarios es obsoleto, pues las “tablas” de retención del ISR están totalmente desfasadas.
La ley establece que el salario mínimo (SM) está exento de retenciones de ISR e IMSS, pero las reglas vigentes castigan a quien gane poco más o incluso a quien gane menos del SM. Por ejemplo, alguien que gana poco más del SM se le retienen mas de 600 pesos de ISR y 215 del IMSS. Por ganar un peso más se pierden 815 pesos. Absurdo e injusto.
Para no castigar la iniciativa por ingreso digno, es urgente cambiar las tablas del ISR y de la cuota del trabajador en el IMSS. Por ejemplo, actualmente para dejar de pagar salarios de pobreza, hay que pagar 10,400 de salario bruto, para que quien trabaje gane 9,300 pesos que cubren dos canastas básicas. Para cubrir el salario digno de 12,500 pesos al mes libres, se deben pagar 14,300 como salario bruto. Lo demás son retenciones de ISR e IMSS.
Además de las retenciones, las empresas deben cubrir la “carga social”, las cuotas patronales al IMSS y al Infonavit, que funcionan en realidad como un impuesto al empleo y aumentan el costo de los salarios en alrededor de 26%. Es decir, el salario digno cuesta mas de 18 mil pesos, aunque el trabajador reciba 12,500.
Urge la discusión seria que garantice la salud como derecho humano para todas las personas y ya no como “prestación laboral”.
Pero dada la complejidad económica y política de romper la vinculación del acceso a salud del régimen laboral, un paso urgente a favor del ingreso digno sería dejar de cobrar impuestos a los salarios bajos y al contrario, darles un apoyo fiscal: aumentar el subsidio al empleo, que hoy es mínimo.
Por coherencia de la política fiscal respecto al SM se deben eliminar las retenciones de ISR e IMSS de salarios hasta 12,500 pesos y ampliar el subsidio al salario por un monto que cubra una parte sustantiva del costo de la carga social (IMSS e Infonavit).
Eliminar la carga fiscal a los salarios bajos, actualizando las tablas de retención e incrementar el subsidio al salario para quienes ganen menos, además de reducir la pobreza de manera sostenible, sería la mejor política de combate al empleo informal y daría un gran impulso a la productividad, incluso en micro y pequeñas empresas.
Finalmente, el gobierno debiera ser congruente como patrón. Debe asumir el salario digno y sobre todo respetar derechos laborales. Actualmente los gobiernos tienen decenas de miles de trabajos informales mediante contratos por honorarios. Pero hay algo peor: se simulan remuneraciones a personal como transferencias de programas sociales. Eso es peor que el outsourcing abusivo.
Es inaceptable usar las transferencias del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para pagar a personal que realiza funciones de promotores y atención ciudadana, o para pagar a “servidores de la ciudad” y a “facilitadores” en los Pilares en la CDMX, con una transferencia como si fueran beneficiarios de un programa social.
Mientras tanto, el ingreso digno avanzará como iniciativa voluntaria empresarial. Ojalá el gobierno fomente, quite obstáculos y sea congruente.
Consultor internacional en programas sociales. @rghermosillo
