En 2022, el promedio del ingreso líquido de los hogares fue de menos de 20 mil pesos al mes. Y para los 15 millones de hogares con más bajos ingresos el promedio fue de 5,533 pesos al mes.
Estos nuevos datos de Inegi pasaron casi desaparecibidos, pues se presentaron el 14 de diciembre. Corresponden a un estudio especial denominado ENIGH Estacional (ENIGH E). El nuevo estudio tiene el mismo diseño conceptual de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares-ENIGH que Inegi levanta cada dos años y que se usa para la medición de la pobreza.
Comparto algunos resultados relevantes de la ENIGH E:
La principal fuente de ingresos de los hogares es el trabajo: 72 centavos de cada peso. Si añadimos las pensiones y jubilaciones, que son fruto del trabajo en el pasado, son 82 centavos de cada peso.
En cambio, las transferencias de programas gubernamentales representan 3 centavos de cada peso. Las remesas del exterior 1 centavo. Las transferencias privadas, de instituciones y hogares, es decir la ayuda solidaria, representa 8 centavos. La renta de la propiedad aporta 6 centavos de cada peso. Esto en promedio para todos los hogares.
Pero no todos los hogares reciben todos los tipos de ingreso. Casi 9 de cada 10 hogares perciben ingresos del trabajo (89%). Menos de 1 de cada 5 por jubilaciones y pensiones (18%). Poco más de 1/3 reciben transferencias monetarias de programas gubernamentales (35%). 1 de cada 12 tienen ingresos por renta de la propiedad (8%). Y poco más de 1 de cada 20 hogares reciben remesas del exterior (6%).
Estos nuevos datos confirman lo que ya sabíamos por la ENIGH “regular”. Y permiten aclarar confusiones y evitar discursos triunfalistas.
Es imposible atribuir la leve mejora del ingreso entre 2018 y 2022 a acciones de gobierno. Las transferencias de programas gubernamentales aportan solo 3 centavos de cada peso del ingreso. Y 6 de cada 10 hogares de menor ingreso reciben cero pesos del gobierno.
Pero sobre todo porque la principal fuente de ingreso es el trabajo. La mejora leve del ingreso es resultado del esfuerzo de las personas y en todo caso, también de las empresas que pagan los salarios.
La recuperación del salario mínimo (SM) contribuyó como política pública. Pero la política no paga los salarios.
Para ponderar la contribución del gobierno hay que tener un análisis comparativo. Aunque el “hubiera” no existe, en evaluación el contrafactual es clave para entender el impacto de un programa o decisión política: ¿Qué habría pasado con otras acciones o decisiones?
Es un hecho que de 2018 a 2022 mejoraron los ingresos levemente, pero ¿cuánto más habrían mejorado si el SM general que aplica en todo el país ya alcanzara para dos canastas básicas y no solo en la frontera?
¿Cuánto más habrían mejorado los salarios si se hubiera apoyado a empresas para mantener los empleos durante la pandemia con la condición de subir las remuneraciones a partir de la recuperación económica?
¿Cuánto habrían subido los salarios si se hubiera impulsado una política laboral de diálogo social para hacer acuerdos de mejora de las remuneraciones con base en mayor productividad?
Y en el caso de los programas gubernamentales, ¿cuánto más habría bajado la pobreza si al duplicar el presupuesto de las transferencias monetarias se hubieran asignado de manera transparente a los hogares de menor ingreso en lugar de excluir al 60%?
No hay cálculos certeros de estos escenarios posibles que no sucedieron, pero sin duda los 15 millones de hogares de más bajo ingreso tendrían mucho más que 5,500 al mes.
