Al personal y consejeros de Coneval, con gratitud por su servicio público
La medición oficial de la pobreza y las evaluaciones sobre programas sociales están en vilo. La eliminación del Coneval y la transferencia de sus funciones al Inegi quedó en el limbo legislativo. El plazo para emitir la legislación ya se venció. Esta omisión tiene múltiples implicaciones, la más notoria afecta la medición de la pobreza, esperada para agosto, pero no es la única.
Pareciera que el gobierno ya no necesita los datos oficiales que antes elaboraba Coneval. Por ejemplo, en la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 se afirma que “según el Banco Mundial, más de 9.5 millones de mexicanos superaron la condición de pobreza, entre 2018 y 2024.” Ese no es un dato oficial. En realidad, es una estimación, tomada de una ficha informativa, de una página, u producto rutinario con el panorama general de cada país.
La cifra de 9.5 millones de personas menos en pobreza, en realidad, a) es un pronóstico estimado, no es un dato; b) no es comparable, pues aplica una línea de pobreza distinta, con un valor 25% menor (otra “vara” para medir); y c) omite las carencias sociales, que son esenciales en la medición multidimensional de la pobreza, que a la fecha, sigue siendo la norma por ley.
¿Será entonces se busca convertir esta cifra en dato oficial? Esto sería grave, aunque no práctico, pues la medición se podrá replicar desde fuera, usando la metodología oficial de Coneval cuando se difunda la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 (ENIGH). Por tanto, la sociedad podrá conocer los datos reales y comparables sobre la pobreza, pues en caso de maquillaje, serían cotejados y difundidos por múltiples actores académicos y civiles.
En cambio, hay otras implicaciones que resultan igual de graves y son más difíciles de subsanar. El Coneval -y de ahí su nombre- tenía también como función la evaluación de las políticas y programas del gobierno.
Las evaluaciones permiten medir los resultados de los programas y acciones de los gobiernos. Son la base para saber si el dinero público que manejan los gobiernos sirve para garantizar derechos sociales: a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, entre otros.
Es poco probable que Inegi retome la función de evaluación, pues es totalmente ajena a sus funciones y capacidades institucionales. De hecho, el Plan Anual de Evaluación 2025 fue aprobado sólo por la Secretaría de Hacienda, cuando antes se formulaba en conjunto con Coneval.
Ese Plan ha dejado fuera de evaluación a la mayoría de los programas y ha reducido al mínimo el alcance de las que sí se aplicarán. Así que además de la opacidad derivada de la eliminación del Instituto de Transparencia (INAI), se sumará la ausencia de la medición sobre el impacto de los recursos públicos aplicados en programas sociales.
Eso no es todo, Coneval también generaba otros productos informativos de gran relevancia. Están en riesgo de desaparecer informes tan importantes como el inventario de programas, que mostraba qué hacen, que lograron, cuánto cuestan, y mucha información clave de programas federales, estatales y municipales. También el seguimiento trimestral a la “tendencia laboral de la pobreza”; el sistema de indicadores sobre el cumplimiento de derechos sociales; los mapas para el análisis territorial de la pobreza; por mencionar algunos.
Ante este panorama, se están creando rutas de coordinación entre organizaciones civiles, centros académicos y otros actores interesados, a fin de rescatar en lo posible algunas de estas funciones, desde la sociedad civil, porque solo lo que se mide se puede mejorar.
Consultor internacional en programas sociales. @rghermosillo
