A Francisco Vanderhoff
El sábado 2 de julio se celebró el Día Internacional de las Cooperativas. Un día para reconocer la importancia de la economía social. En México pasa desapercibido, pues el cooperativismo y en general la economía social es marginal y poco conocida.
Y, sin embargo, subsiste. Gracias a organizaciones civiles y de la pastoral social se han creado cientos de empresas de propiedad social, siguiendo los principios cooperativos. Constituyen una vía productiva frente a la pobreza y la desigualdad. Y en muchos casos, tienen un fuerte componente de sustentabilidad y cuidado de la riqueza natural. Son un buen ejemplo de “economía circular”.
Un referente sobre estas empresas es la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo, la UCIRI. Una organización pionera con sede en Lachiviza, municipio de Santa María Guienagati, en el corazón del Istmo de Tehuantepec. Es la organización impulsora del Comercio Justo y pionera de la economía social de raíz indígena-campesina, dedicada a la producción y comercialización de café orgánico, desde 1982. (uciri.com)
Como UCIRI hay muchas organizaciones indígenas y campesinas más, en Chiapas, en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca y por todo el país. Muchas de ellas dedicadas a la producción agroecológica. Las más sólidas y maduras logran exportar y también colocan sus productos en mercados nacionales. Gracias a la unión logran condiciones justas hacia productores.
También hay experiencias muy notables surgidas del movimiento sindical, como la cooperativa Pascual.
Hay experiencias con reconocimiento nacional e internacional como el grupo cooperativo Qualli impulsada por Alternativas y Procesos de Participación Social. Una experiencia ejemplar de economía social y sustentable que logró la recuperación del agua en una zona muy árida de la Mixteca Poblana. Su “Museo del Agua” en Tehuacán es un ejemplo de lo que se puede lograr con organización comunitaria y tecnologías apropiadas (alternativas.org.mx).
Pero las cooperativas y en general las empresas sociales aún son pocas, débiles y tienen muchos retos. El marco legal es poco propicio para constituirlas y consolidarlas. Esto dificulta el acceso a financiamiento y a alianzas comerciales.
Pese a que en 2012 se aprobó la Ley de la Economía Social y Solidaria y se fortaleció el rol del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), México carece de una política pública de fomento a la economía social.
Y no solo les falta apoyo, las empresas de la economía social deben remar contra corriente. Muchos programas de “apoyo al campo” en realidad subsidian el clientelismo político, la improductividad o el uso de fertilizantes químicos, debilitando la organización comunitaria, la gestión empresarial social y la adopción de técnicas agroecológicas.
La economía social es una vía de desarrollo incluyente y sustentable a nivel global. Urge crear condiciones para su crecimiento. Desde la sociedad civil, hemos constituido un grupo promotor con la participación de organismos empresariales como Coparmex, instituciones académicas como la Ibero y la UPAEP, y organizaciones de la sociedad civil como Oxfam México y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Desde ese grupo promotor hemos consensado con un grupo plural de organizaciones de la economía social una “Agenda” para su fortalecimiento. Esta Agenda busca aumentar su visibilidad; crear un entorno económico favorable para su acceso a capital, crédito y mercados; promover políticas públicas de fomento y contribuir a su profesionalización. La agenda se presenta el próximo 13 de julio. Quedan invitadas(os).
Consultor internacional en programas sociales.
@rghermosillo
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