En algún momento de octubre, el gobierno López Obrador abrirá un nuevo frente de batalla en la guerra que libran múltiples actores en el campo de la salud pública. Se habrán cumplido ya 10 meses de peleas a bayoneta calada, que han convertido en territorio comanche el espacio en el que decenas de millones de mexicanos buscan atención para recuperar su bienestar y eludir la muerte.
La administración federal, que prometió una batida contra la corrupción en el sector, sabe ya que el enemigo también está dentro: funcionarios de la Secretaría de Salud, del IMSS o del ISSSTE que por años construyeron con proveedores nexos generosamente aceitados y que operan para inducir desabasto, confeccionar licitaciones a modo y acabar arrodillando al sistema. Ya se les conoce con un apelativo: “Los duendes”, pues se cuelan casi mágicamente en los procesos. Entre otros, una integrante de ese gremio fue despedida en el área de planificación familiar en Salud, donde tras su partida se lograron ahorros millonarios.
El balance de esta guerra es por ahora incierto. Pero un frente sí está claro: la capacidad de influencia y presión política de compañías que venden medicamentos, equipos y material médico. Quedó demostrado con la campaña alentada desde la empresa PISA sobre la escasez de medicamentos para niños con cáncer, lo que en realidad supuso una maniobra para torcer el brazo al gobierno, que le había cerrado laboratorios por problema de calidad que ya habían provocado la muerte de pacientes.
Pero ese cabildeo ha sido largamente superado por los fabricantes de refrescos y productos chatarra. Estos últimos atraen un efecto brutal en la salud e imponen una cadena de padecimientos sobre el consumidor, como obesidad, diabetes, hipertensión y cáncer.
Un episodio de ello se vive hoy mismo en el Congreso federal ante la propuesta de mejorar el etiquetado sobre la calidad y el riesgo de los alimentos que consumimos los mexicanos. El millonario lobbying en contra está incluyendo gestiones de personajes como Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien durante décadas trabajó para el consorcio regiomontano FEMSA, que preside José Antonio Fernández.
Pero otros dos cabilderos de refresqueros y fabricantes de alimentos chatarra llaman también la atención: Roberto Campa, alto funcionario en sexenios anteriores. Y la lista incluye a un contacto del sector con la Cuarta Transformación en la persona de la hija de Yeidckol Polevnsky, la presidenta de Morena. Se trata de Shirley Almaguer Camacho, quien en esta pelea ha formado filas en representación de Coparmex, cuyo presidente, Gustavo de Hoyos, es uno de los más feroces críticos de López Obrador.
Estos afanes no rindieron buenos resultados para los cabilderos en la Cámara de Diputados, ni con los integrantes de la Comisión de Salud, que encabeza Miroslava Sánchez, ni con Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quien incluso abrió paso a un aumento en el impuesto especial que se cobra a alimentos chatarra en busca de que parte de lo recaudado se destine a mitigar el impacto que en la salud provoca este tipo de productos. Se espera que ocurra lo mismo en el Senado, donde la decisión está en manos del senador morenista Miguel Ángel Navarro, al frente de la Comisión de Salud, y de Ricardo Monreal, coordinador de la bancada mayoritaria.
Una vez cerrado ese capítulo, se abrirá un nuevo frente de batalla: la determinación sobre una nueva compra consolidada de medicamentos e insumos médicos. Las secretarias de Hacienda y de Salud intentarán vencer resistencias pues ni siquiera todas las dependencias del gobierno participan plenamente, como ocurre con la Defensa Nacional. Y la incertidumbre también está alejando a los gobiernos estatales, en especial a los conducidos por Acción Nacional.
La oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, ha comandado la estrategia, con un serio costo político y un largo aprendizaje. Pero a diferencia de los primeros meses del gobierno, se ha logrado un alineamiento de ella con los titulares de Salud, Jorge Alcocer, del IMSS; Zoé Robledo y Luis Antonio Ramírez, del ISSSTE.
De la eficacia de esta nueva etapa, de la capacidad de diálogo y acuerdo que logre establecer para vencer resistencias legítimas, dependerá en gran medida la suerte del sector en la administración López Obrador, que tiene en el otorgamiento de salud para todos una de sus principales promesas.
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