La pugna de poder por Tamaulipas, que implica intereses y personajes de múltiples órdenes, acumula ya casi 500 días sin solución a la vista. Tras las elecciones de gobernador el 5 de junio, la crisis alcanza extremos no conocidos e implica desafíos para el equilibrio entre una entidad federativa, el gobierno de la República y el conjunto del Estado.
El nuevo gobernador electo, Américo Villarreal, de Morena, heredará reformas legales decretadas por el Congreso local bajo la ascendencia del mandatario saliente, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, que le cercenan atribuciones fundamentales en el control de la seguridad, la procuración de justicia y el uso de la inteligencia financiera para combatir al crimen.
El nivel de encono entre Villarreal y García Cabeza de Vaca es atizado por dos de sus principales operadores que acumulan años en una confrontación con ingredientes políticos, judiciales y aun de carácter personal: el panista Roberto Gil Zuarth y Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En días pasados, Gil Zuarth y otros asesores cercanos a García Cabeza de Vaca, entre ellos los también exsenadores Salvador Vega Casillas y Javier Lozano Alarcón, presentaron ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas una denuncia contra Santiago Nieto Castillo, con el propósito de alentar un proceso judicial en su contra que le impida incorporarse al equipo de Villarreal Anaya, como se anunció recientemente.
En correspondencia, en la Fiscalía General de la República, en particular en la oficina de María de la Luz Mijangos, fiscal anticorrupción, se encuentra una nueva denuncia contra Gil Zuarth y un amplio círculo de parientes políticos a los que se atribuyen operaciones inmobiliarias que presuntamente constituirían delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de origen ilícito y fraude fiscal.
Apenas el pasado 1 de julio, por la madrugada, el Congreso local aprobó modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del estado que permitirán a su actual titular, Irving Barrios Mojica, con nombramiento transexenal, absorber tareas en materia de inteligencia financiera, análisis estadístico e incluso de seguridad pública y prevención del delito. Ello incluye el control sobre el órgano autónomo de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas y el Sistema Estatal Seguridad Pública. También, los Centros de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, (mejor conocidos como C4 y C5), y el mando del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), una división policiaca de élite de la policía estatal diseñada para enfrentar a la delincuencia organizada.
El 14 de junio, en sesión del Congreso local ―virtual, porque la bancada de Morena encadenó las puertas de la sede oficial― se aprobó por la mayoría encabezada por el PAN, reformas a la ley del propio Legislativo, con el objetivo de que el panismo mantenga el control de la Junta de Coordinación Política. Nuevas reformas a la ley en la materia requerirán dos terceras partes del pleno, que Morena no reúne.
Otro bloque de reformas legales extenderá para el actual partido en el poder el predominio sobre los organismos públicos operadores de agua. Y se designó a un personaje cercano al palacio de gobierno al frente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada, que no podrá ser removido por el próximo gobernador Villarreal hasta que se consiga en el Congreso local una mayoría.
Este escenario puede ser descrito como el anticipo de una ola de impugnaciones ante la Corte. Peor también debe ser leído como el fracaso de la política o, peor, como una exhibición de fuerza de otros grupos de poder fáctico en la rebatinga por Tamaulipas.
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