Desde diversas rutas de aproximación, el gobierno de López Obrador investiga al círculo cercano del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, una pieza clave, durante al menos 12 años, en el equipo de Enrique Peña Nieto.
Desde la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Sandoval, se desarrollan indagaciones descritas a este espacio como el seguimiento de una larga hebra que forma una madeja, una cerrada urdimbre de intereses en el corazón mismo de la clase política priísta, engarzada por contrataciones de obra pública, costos inflados, empresas fantasma y cohechos a funcionarios y legisladores de altos vuelos.
Algunas pesquisas avanzan lentamente por aparentes bloqueos dentro de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ya en la actual administración. Y en particular, por la conducción errática del nuevo titular, Javier Jiménez Espriú, que según confirmaron fuentes cercanas al funcionario, en diciembre deberá ser sometido a un procedimiento quirúrgico cardiaco, lo que lo hará pedir licencia para ausentarse del cargo, al que se prevé no regresará.
En un oficio fechado el pasado 20 de septiembre, copia del cual obra en control de esta columna, la SFP ordenó a la SCT generar un reporte pormenorizado sobre contratos autorizados por al menos 2,000 millones de pesos a empresas que tendrían ligas con la política, en particular del Estado de México. Entre los nombres mencionados como “padrinos” de estas empresas, a los que Función Pública busca rastrear, figura Erwin Lino Zárate, una referencia obligada en la entidad mexiquense desde hace casi 20 años, 14 de los cuales figuró en el primero círculo de Peña Nieto, del que fue secretario particular entre 2005 y 2018.
Este mismo grupo de empresas despertó inquietud desde mediados del sexenio pasado, pues la propia SFP emprendió diversas indagaciones, sin resultado alguno a la vista.
En las actuales investigaciones figura Eduardo Luque Altamirano, descrito como protegido de Ruiz Esparza durante un dilatado lapso, quien lo colocó en varias posiciones estratégicas, entre otras la dirección de Centros SCT y, luego, como su propio jefe de asesores, desde donde se asegura cabildeaba a favor de contratistas. Testimonios recogidos dan cuenta de que el propio Peña Nieto, como Presidente, tomó nota del suntuoso tren de vida que exhibía Luque, lo que en diciembre de 2017 lo obligó a dejar las oficinas centrales de la dependencia para hacerse cargo de la Administración Portuaria Integral en Tampico, Tamaulipas. En esa posición ingresó al gobierno de la Cuarta Transformación, pero pronto fue separado del puesto.
La propiedad de una de las compañías investigadas es atribuida al empresario Luis Arizmendi, descrito como cercano al exsubsecretario de Infraestructura Óscar Callejo Silva. Reportes adicionales refieren, sin embargo, que hacia finales de la gestión de Ruiz Esparza al frente de la secretaría se produjeron enfrentamientos entre éste y el citado Callejo, quien buscaba eludir presiones en el otorgamiento de contratos.
Otra ruta de las pesquisas se refiere a la injerencia de Eduardo Osorio Chong, hermano mayor del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el nombramiento de delegados de la SCT en múltiples estados del país, los cuales asignaron contratos de obras bajo esquemas irregulares.
Ruiz Esparza (Ciudad de México, 1949) participa en el sector público desde los 21 años, cuando se desempeñó brevemente como asesor jurídico en el Banco de México por el padrinazgo de Ernesto Fernández Hurtado, pero su buena fortuna lo colocó en 1976 cerca de Miguel de la Madrid en la Secretaría de Hacienda, donde conoció a Alfredo del Mazo González, a quien después acompañaría en la conquista de la gubernatura en el Estado de México, entidad a la que ha estado ligado por décadas. Con Peña Nieto fue sucesivamente secretario de Comunicaciones estatal y luego federal, siempre colocado en medio de una historia polémica por señalamientos de corrupción.
En las últimas semanas tuvo un encontronazo privado con Rosario Robles, actualmente en prisión, cuyos abogados informaron al juez de la causa que Ruiz Esparza es el propietario del lujoso departamento que habitaba, en el exclusivo barrio capitalino de Polanco, la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano. Ambos han sido señalados por haber participado en la llamada “Estafa Maestra” que incluyó más de 100 convenios irregulares con casas de estudio del país y otras entidades públicas para desviar fondos públicos con el uso de empresas fantasma.
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