Este espacio le propone un ejercicio de política ficción con iniciativas que deberían ser alentadas desde Palacio Nacional para alejarnos del precipicio del caos y la ruptura que asechan al país.
El impacto que tiene entre nosotros la pandemia puede enturbiar la memoria sobre lo mal que habíamos arrancado el año, en un hoyo económico y con una aguda confrontación social. Violencia, pobreza y descrédito de la política se habían traducido ya en una amplia decepción ciudadana.
La “politiquería” a la que reiteradamente alude con desprecio el presidente López Obrador se opone a la virtud moral, la capacidad intelectual y el espíritu público que caracterizan a la vocación política que, según múltiples pensadores, permite priorizar el bienestar general sobre las obsesiones personales o de facción.
De los estadistas, los escrupulosos e incluso de los pusilánimes, como clasificó Ortega y Gasset a los políticos, debemos exigir hoy una dosis de grandeza, que supone coexistir en la discrepancia y ejercer la ciencia de lo posible. Los hombres públicos, aseguraba Lincoln, no pueden escapar a la responsabilidad de mañana evadiéndola hoy.
Aquí un listado inicial de estas escenas improbables de grandeza. Lo invito a priorizarlas y sumar otras de igual o mayor urgencia:
1.- El presidente López Obrador comprende la importancia de los símbolos y convoca a un acto para sellar los Pactos del Castillo de Chapultepec, con la firma de líderes partidistas, del Congreso, dirigentes empresariales, líderes sindicales, universidades y organismos de la sociedad civil, a fin de relanzar el crecimiento económico y nuestro modelo democrático. En su mensaje, evoca los exitosos Pactos de la Moncloa firmados en 1977 en España en medio de una profunda crisis energética, política, de empleo, fuga de capitales y desajuste de variables económicas.
2.- El presidente López Obrador entiende que, en la guerra de ideologías, personas e intereses, sólo se puede negociar en torno a estos últimos. Por ello se reúne con gobernadores de todo el país, de todos los partidos, con los que ahora protagoniza un grave distanciamiento —incluso algunos de Morena. Anuncian en conjunto una revisión del modelo federal que transparente beneficios y responsabilidades sociales, políticas y fiscales, entre otras, con el acompañamiento del Congreso y los partidos. El presidente ratifica su respeto a las instituciones constitucionalmente autónomas.
3.- El presidente López Obrador anuncia conjuntamente con empresarios, banqueros, gobernadores, alcaldes, fiscales estatales, líderes parlamentarios y dirigentes partidistas, un compromiso nacional para limpiar al país de la narco-política y la narco-economía. Como parte de un consenso alcanzado, se anuncia la destitución y enjuiciamiento de un grupo de políticos que protegen al crimen organizado, así como de ejecutivos y financieros que “lavan” sus capitales. Reformas constitucionales y legales son impulsadas para consolidar este proceso.
4.- El presidente López Obrador confirma ante los principales grupos empresariales del país e inversionistas internacionales que su gobierno no dará un solo peso a empresas para que sus dueños logren más utilidades o se asignen bonos millonarios a fin de año. Pero se anuncian programas de protección al empleo por un porcentaje importante del PIB, y la apertura a inversiones privadas bajo una firme regulación del Estado. El mandatario presenta un plan gubernamental histórico de infraestructura que supondrá una prórroga para proyectos no rentables, como Dos Bocas y Santa Lucía.
5.- El presidente López Obrador asume la certeza de que los medios de comunicación son una herramienta de la libertad de expresión, esencial en democracia. Convoca a un evento público a los 100 principales propietarios de medios de comunicación en todo el país, a comunicadores destacados y a organismos ciudadanos observadores de la industria, a los que confirma que no habrá retroceso en el ajuste al gasto público en publicidad, pero tampoco se usará la misma para premiar a medios afines o castigar a los críticos. Propone nuevas reformas legales para garantizar acceso y transparencia a la información en poder del gobierno. También, garantiza respeto por la tarea informativa, así como combate a la impunidad por ataques contra periodistas y medios. Ofrece, a semejanza de lo que ocurre en múltiples naciones, medidas de aliento fiscal para nuevas inversiones y conservación de las fuentes de trabajo en el sector.
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