Se trata de la mafia más poderosa del país. También, a la que se atribuyen los mayores vínculos con cuerpos policiacos y con la clase política, especialmente la que condujo el gobierno durante el sexenio Peña Nieto, que dejó crecer sus tentáculos desde tres o cuatro hasta por lo menos 28 estados del país, con lo que logró una plataforma que le permite hoy operar en medio centenar de naciones.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue expresamente identificado por Omar García Harfuch como autor del atentado en su contra, el más grave que se haya producido contra un jefe policial de su rango en la historia moderna del país.
El peso simbólico del secretario de Seguridad Pública no deriva de su biografía (nieto del general Marcelino García Barragán e hijo de Javier García Paniagua), tampoco de ostentar el cargo en la capital del país. Ese puesto ha estado identificado históricamente como clave en la protección del corazón de la nación, incluido el presidente de la República.
García Harfuch golpeó al CJNG y a sus expresiones en la Ciudad de México desde que laboraba en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República. Desde entonces encontró que parte del poderío de este cártel se debe a sus ligas con grupos de la policía capitalina heredados a la administración de Claudia Sheinbaum, que durante 10 meses tuvo a cargo de la corporación a Jesús Horta, un buen administrador que sufrió cada uno de los días que desempeñó ese puesto.
El ataque del que salió vivo García Harfuch, pero que causó la muerte de dos de sus colaboradores de más confianza desde los tiempos de la AIC, y de una humilde vendedora ambulante, debe ser entendido también como producto de la frustrada estrategia de seguridad diseñada por el secretario federal del ramo, Alfonso Durazo, que se halla subordinado a los militares, sin interlocución con los gobernadores y consumiendo cada vez mayor parte de su tiempo en preparativos para buscar la gubernatura de Sonora.
Tal estrategia explica los gestos públicos de cortesía hacia el Cártel de Sinaloa, manejado con muchos altibajos por los cercanos a Joaquín “Chapo” Guzmán, su madre y sus hijos. Se trata de una absurda —y perversa— tentación de nuestros gobiernos desde Felipe Calderón, que han visto en Sinaloa al “cartel bueno”, supuestamente menos violento.
Por último, ha influido a dar más profundidad a nuestro infierno de la criminalidad la decisión de no actuar contra los políticos del pasado inmediato que se beneficiaron de sus nexos con el crimen organizado. Los que facilitaron lo mismo la segunda fuga del “Chapo” que indultos a miembros clave del CJNG. Esos políticos siguen a la vista, en alcaldías, en corporaciones policiacas municipales y estatales, en Congresos locales y también en el federal. Despachando muy a gusto, gozando de su impunidad en tiempos de la 4T.
Apuntes:
Una propuesta de reforma legal en materia de protección industrial prevista en el T-MEC, con claro impacto en temas de salud, tiene enfrentados a senadores de varios partidos, en particular a dos de ellos que coinciden en abrigar aspiraciones para buscar la gubernatura de sus respectivos estados tras las elecciones del próximo año. Se trata de un dictamen que, hasta donde se conoce, incluye preceptos que permitirían extender entre 3 y 8 años, o más según fuentes consultadas, las dos décadas de vigencia que se otorgan hoy a las patentes de medicamentos innovadores (esenciales para el avance de tratamientos médicos), lo que frenaría la producción de las respectivas versiones genéricas, mucho más baratas y por ello vitales para el bienestar de millones de personas. El principal promotor de la enmienda es el senador panista Gustavo Madero, de Chihuahua, mientras que el morenista Miguel Ángel Navarro, de Nayarit, dará la batalla en contra a partir de la sesión de hoy. Lo más delicado es que a estas alturas no se conoce públicamente el dictamen que se prevé votar mañana, cuya confección fue supervisada por el citado Madero.
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