Justo en el octavo aniversario de la larga noche de Iguala, en la cual fueron desaparecidos y presuntamente asesinados al menos 43 normalistas de Ayotzinapa, parece desmoronarse, otra vez, la posibilidad de que el país conozca lo que en realidad ocurrió. Y sin verdad esa herida no sanará, como ocurre con nuestra larga historia de tragedias enterradas bajo nombres que nadie puede mencionar y evidencias que nadie quiere rescatar.
Lo que se anticipa como el fallido intento del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se podrá explicar en el futuro por la incapacidad de vulnerar el muro de complicidades existente entre fuerzas del orden, incluidos los militares, el poder del crimen organizado y su vinculación con políticos.
Encinas conduce la Comisión de la Verdad que busca llevar ante la justicia a responsables de la guerra sucia que se extendió en México desde los años 60 tardíos hasta bien iniciada la década de los 90. Pero en su ruta apareció Iguala 2014, con riesgos de provocar un descarrilamiento mayor.
Bajo un sigilo escandaloso, la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha desautorizado el trabajo del fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, al “rasurar” su lista de 83 imputados hasta reducirla a una docena, poniendo a salvo a bloques completos de jefes militares. Enrique Beltrán Santés, el mismo juez que avaló las órdenes de aprehensión, ha sido requerido ahora para que una parte de estas sean canceladas.
La integración del expediente reposa en testigos que se confesaron actores claves de la masacre contra los estudiantes, como Gildardo “El Gil” López Astudillo. Poco se habla, por ejemplo, de que el día de los hechos fue omisa la actuación de Octavio Vázquez Pérez, secretario de Seguridad Pública estatal bajo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Vázquez sostenía una cercana amistad con Ernesto Aguirre Gutiérrez, sobrino del mandatario estatal y uno de sus más influyentes colaboradores, así como con José Luis Abarca, alcalde de Iguala.
Para muchos analistas, esta historia nunca se podrá esclarecer si no se revisa la evolución de la mafia Guerreros Unidos y su alianza para dominar el crimen organizado en Michoacán, Guerrero y Estado de México, según reveló, en mayo de 2016, el lugarteniente José María Chávez Magaña, apodado “El Pony”.
Iñaki Blanco, ahora señalado, fue el cuarto procurador Aguirre y estuvo ahí solo 16 meses. En días recientes ha publicado amplios testimonios, con decenas de documentos y registros de esos días, que dan cuenta de la apatía del gobierno Peña Nieto para atraer el caso pese a su obvia vinculación con la delincuencia organizada.
Entre los nombres enigmáticos que brincan de los documentos aportados por Blanco Carrera destaca el de uno de sus polémicos sucesores, Juan Manuel Herrera Campos, que luego sería fiscal en Campeche bajo el gobierno de Alejandro “Alito” de Moreno, el controvertido presidente del PRI. Y de entre los líderes estudiantiles de Ayotzinapa, el de David Flores Maldonado, “La Parka”, que acabó siendo contratado por Aurelio Nuño —operador central de Peña Nieto y su Número 2, Luis Videgaray— en la Secretaría de Educación Pública en 2017. ¿Podrá alguien, alguna vez, atar todos estos cabos sueltos en busca de la verdad?
Apuntes: “Retrato Hereje” sumó ocho años de aparecer en estas páginas, pero hoy cierra su ciclo para acompañar a su autor en otras iniciativas y prioridades. Agradezco con sinceridad la hospitalidad de esta casa editorial y de su presidente, Juan Francisco Ealy Ortiz. Pero en especial, la generosidad de usted, amable lector. Tengo la convicción de que nos seguiremos encontrando.
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