Por: Jocelyn Itzel Flores Buendia
La libertad académica es un pilar fundamental de las universidades en México. Considerada como el derecho a enseñar, investigar y expresarse sin restricciones, ha sido clave en el desarrollo de la educación superior. Sin embargo, este principio, que durante mucho tiempo se dio por sentado, enfrenta hoy desafíos crecientes. De acuerdo con los hallazgos más recientes del Índice de Libertad Académica (2020), los niveles de libertad académica han disminuido en todo el mundo, retrocediendo a condiciones similares a las documentadas hace medio siglo. Mientras que en algunos países las autoridades gubernamentales utilizan mecanismos legales o económicos para controlar el discurso académico, en otros, los intereses privados priorizan los beneficios económicos sobre la búsqueda del conocimiento.
Desde el sexenio pasado y en el contexto del actual gobierno se ha proclamado la educación como un derecho fundamental y, al mismo tiempo, se han impulsado políticas de austeridad al amparo de la llamada "racionalidad financiera”, como eje de las decisiones gubernamentales en materia educativa. Un cuestionamiento permanente gira en torno a las afectaciones que estas políticas han generado en el desarrollo de las funciones sustantivas y, particularmente, en la libertad de cátedra, bajo el argumento de eliminar excesos y mejorar la distribución de los recursos. La reducción en fondos para la investigación y las modificaciones en los criterios de asignación en otros, así como las intenciones de disminuir el presupuesto 2025, dan cuenta de los procesos de transformación que la educación superior del país está viviendo. Si bien es esencial garantizar un uso eficiente del dinero público, surge una interrogante clave: ¿es posible fortalecer la educación superior bajo un esquema de austeridad sin afectar su calidad y autonomía?
Es posible que las restricciones presupuestarias hayan tenido un impacto significativo en la gobernanza universitaria. Con menos margen de maniobra económica, cabe la posibilidad de que las universidades hayan ajustado sus decisiones a las prioridades impuestas por el gobierno federal, reduciendo su capacidad de autogestión. La autonomía universitaria, entendida como la capacidad de autogobernarse, de definir su rumbo académico, administrativo y financiero, se ve comprometida cuando las decisiones presupuestales responden casi totalmente a los criterios de las diversas políticas de financiamiento relacionadas con el crecimiento, fortalecimiento y vinculación del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación por parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).
En este panorama, la libertad académica no solo depende de que las comunidades académicas puedan expresarse e investigar libremente, sino también de que cuenten con los recursos necesarios para generar conocimiento sin restricciones impuestas por limitaciones económicas. En el esquema actual de financiamiento para la investigación, la principal restricción radica en que los proyectos con prioridad son aquellos alineados con los Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación (Pronaces). Esto constituye un obstáculo para la autonomía de la investigación, ya que los proyectos que no se ajustan a esta alineación enfrentan dificultades para obtener financiamiento. En consecuencia, el desarrollo de la investigación sigue dependiendo en gran medida de los recursos y fuentes de financiamiento disponibles, lo que puede limitar la diversidad de enfoques y áreas de estudio
Si realmente se busca fortalecer el conocimiento y la investigación, es fundamental garantizar un financiamiento adecuado y estable, que permita a las universidades mantener su independencia y mantener su condición de espacios de pensamiento crítico y desarrollo científico. Libertad académica con transparencia y rendición de cuentas, son condiciones necesarias para dotar de contenido y sentido a la autonomía universitaria y para fortalecer la educación superior del país.
