Jocelyn Itzel Flores Buendía
Athenea Ruiz Carrillo
En los últimos meses, los diferentes procedimientos para la elección/designación de los rectorados en algunas universidades públicas autónomas del país han sido objeto de escrutinio público, no solo por su legalidad, sino también por la legitimidad política y moral con la que las autoridades son elegidas y permanecen en el cargo. Si bien este no es un debate nuevo, las tensiones recientes plantean importantes interrogantes sobre el papel de la comunidad universitaria en la gobernabilidad institucional y en las formas de participación política de su comunidad. Históricamente en México, se han consolidado tres mecanismos principales para la elección o designación de las rectorías: Elección por Consejo Universitario, Designación por Junta Directiva o Junta de Gobierno, y Elección directa, universal y secreta por parte de la comunidad universitaria.
Cada uno de estos mecanismos tiene fundamentos históricos, normativos y culturales acordes con las tradiciones organizativas de cada universidad. Sin embargo, en la práctica, nada asegura un mejor ejercicio de participación política para elegir o designar a quien ocupe el cargo, ni tampoco asegura prácticas democráticas transparentes. El debate no es solo jurídico es especialmente político. Elegir o designar a un candidato o candidata como "la mejor opción" mediante un proceso determinado no garantiza que su gestión será legítima a los ojos de la comunidad.
Existen casos que ilustran estas tensiones. Por un lado, tenemos universidades donde las elecciones se realizan directamente y por voto universal. Recientemente en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el rector tuvo que renunciar tras ser acusado de agresión sexual. En 2022, la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), tras una crisis de gobernabilidad que culminó con la destitución del entonces rector y con el nombramiento de uno nuevo, el rector electo tuvo que solicitar permiso a menos de un año de iniciado su mandato para cumplir con una demanda por agresión sexual. En la Universidad Veracruzana (UV), cuyo proceso de designación es por la Junta de Gobierno, el actual rector obtuvo una prórroga hasta 2029. Si bien, este acto es legal según su Ley Orgánica, la comunidad académica ha cuestionado su legitimidad.
Casos como los mencionados han sido objeto de críticas o tensiones internas, especialmente cuando los mecanismos de elección o designación excluyen o minimizan la participación de importantes sectores de la comunidad universitaria o cuando los procesos carecen de transparencia y diálogos abiertos con la comunidad.
La gobernabilidad institucional no puede ni debe basarse únicamente en regulaciones formales; la legitimidad, la comunicación y la búsqueda de consenso a través de la participación son necesarias. En el contexto de las universidades públicas autónomas esta legitimidad se construye no solo por la legalidad del procedimiento, sino también por la percepción de justicia, inclusión y representatividad del proceso por parte de la comunidad universitaria. Para fortalecer la democracia universitaria, es necesario abrir espacios efectivos de discusión, participación informada y contrapesos reales, sin recurrir a simulacros ni estructuras de poder cerradas. Reformar los procesos de elección/designación no debe ser sinónimo de populismo universitario, sino un esfuerzo de instituciones responsables y comprometidas con su misión social.
Un llamado urgente a reflexionar lleva a considerar que no es necesario que la autonomía universitaria se convierta en una fe ciega de prácticas autoritarias o discriminatorias. Por el contrario, debería ser el ámbito que promueva modelos de gobierno verdaderamente democráticos y transparentes. Las Universidades no pueden ser la excepción en un país con importantes desafíos democráticos; deben servir de ejemplo. No basta con seguir las reglas; la legitimidad debe construirse desde dentro de su comunidad.
